RESONOCO

Erick Ulate Quesada *
Nuevamente algunos sectores de la Corporación Arrocera Nacional ponen en vilo a la población nacional al amenazar con la no importación del grano que necesitamos los costarricenses si no se les hace un ajuste de precios antojadizo e injustificado.

Alegan los productores, que el precio que se les debe pagar por su producto debe equipararse con los precios que hoy se mantienen en el mercado internacional; sin embargo, esa exigencia es nueva, ya que hace solo tres años, cuando el precio internacional del arroz era tres veces más bajo que el producido en el país ni siquiera pensaban en la posibilidad de equiparar ese coste.

Adicionalmente, es necesario recordar que el precio propuesto es el resultado de un estudio técnico de la misma Corporación Arrocera Nacional, el cual podríamos cuestionar los consumidores al no tener acceso a la totalidad de los datos que se utilizan para correr el modelo de costos, pero no para los mismos miembros de la Corporación, lo cual demuestra la poca claridad con la que algunos sectores han manejado esta crisis.

Por otra parte, es necesario recordar que quienes amenazan con no traer el arroz de los consumidores son los mismos que en el año 2004 hicieron uso de las mismas medidas para lograr concesiones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en materia precios y además, presionar por un decreto ejecutivo que les permitió repartirse miles de millones de colones, de los consumidores, por medio del Fondo de Asignaciones de Reembolsables de Conarroz, decreto que luego fuera cuestionado por la Contraloría General de la República.

En todo caso, es necesario destacar que este tipo de crisis, cada vez más constantes en el escenario político nacional, tiene su origen en la creación de una institución que hasta el momento le ha fallado a la comunidad nacional, tal y como lo es la Corporación Arrocera Nacional.

Esta instancia, establecida por ley 8285 en el año 2002, nació con la idea de fortalecer el sector arrocero y darle una verdadera seguridad alimentaria a los consumidores; sin embargo, algunas cifras nos pueden ilustrar lo que ha logrado la institución a seis años de su fundación:
Para la cosecha 2002-2003 la producción nacional alcanzaba las 187.589 toneladas, mientras que en la cosecha 2006-2007 se alcanzaron las 171.117 toneladas, es decir 16.472 menos que al iniciar funciones la Corporación.

En cuanto al rendimiento promedio nacional, en la cosecha 2002-2003 el mismo fue de 4.26 t/ha, mientras que en la cosecha 2006-2007 disminuyó a 4.02 t/ha, mientras que en el caso de las importaciones las mismas pasaron de las 131.739 toneladas en el período 2002-2003 a las 165 mil toneladas que se necesitan este año para cubrir la demanda nacional del grano.

En materia de consumo, desde el año 2003 a la fecha, el precio del grano ha experimentado un aumento de precio superior al 100%, lo cual ha impactado fuertemente el bolsillo de la población consumidora provocando, entre otras situaciones, una baja en el consumo per cápita del arroz, el cual pasó de 51,02 kilos por persona por año a 50,73.

Estos datos, tomados de la página de Internet de la misma Corporación Arrocera Nacional nos demuestran que la institución no ha cumplido con las expectativas bajo las cuales fue creada, situación que junto con la coyuntura actual nos lleva a cuestionarnos la utilidad de su existencia y del beneficio que el país obtiene de ella.

Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una profunda reforma a la ley 8285 que elimine del todo las funciones comerciales de Conarroz y transforme esta instancia en un ente eminentemente técnico de ayuda y apoyo al agricultor en el campo, restituyendo al Estado las funciones que le fueron cercenadas en la legislación de marras.

Con ello, el país tendrá una oportunidad de lograr un adecuado equilibrio en el mercado arrocero que no amenace la seguridad alimentaria de la población y le permita al país alcanzar un adecuado suministro del grano.

* Presidente de Consumidores de Costa Rica
periódico La Prensa Libre 10 junio 2008.

Erick Ulate Quesada *
Dado el constante incremento en el costo de la vida, ha cobrado nueva relevancia el endeudamiento de los costarricense por medio de tarjetas de crédito, lo cual ha llevado a algunos diputados a proponer proyectos de ley cuyo único objetivo es la regulación de los intereses que cobran los emisores de tarjetas, dejando de lado una serie de problemas que sufre el consumidor en este mercado y que requieren de una legislación especial.

Olvidan estos legisladores que ya en el año 2005 Consumidores de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de Regulación del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Costa Rica, expediente 15.991, el cual todavía, luego de tres años, no ha sido dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Este proyecto pretende dar a los emisores de tarjetas y a los tarjetahabientes iguales responsabilidades y derechos, ya que actualmente todas las responsabilidades son asumidas por los usuarios, mientras los bancos y emisores gozan de la protección que les da la falta de legislación en la materia.

En este contexto, uno de los principales problemas con que se enfrentan los usuarios es la utilización de sus tarjetas por personas ajenas a ellas, situación que se regula obligando a los comercios a exigir la cédula o el pasaporte a quienes pretendan hacer uso del dinero plástico, evitando así fraudes.

En caso de que el comercio acepte tarjetas sin la debida comprobación de identidad, deberá asumir el costo total de la transacción.

Otro aspecto importante a destacar es la reducción de plazos de respuesta de los emisores de tarjetas ante los reclamos de los usuarios, ya que actualmente los bancos se toman hasta seis meses para dar respuesta a los consumidores, cuando el período para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 es de solo dos meses, con lo cual cuando el banco responde ya ha caducado la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión.

En este sentido, es necesario destacar que el proyecto presentado por Consumidores de Costa Rica no aborda el tema de los intereses cobrados a los consumidores ya que ese monto está ligado de forma directa con la categoría de riesgo del tarjetahabiente, de tal forma que entre mayor riesgo de maridad del deudor, mayor es la tasa de interés, por lo que al limitar ese rubro se estaría dejando a una gran parte de la población sin posibilidad de acceder a este servicio.

Desgraciadamente, este proyecto ha contado con la oposición, principalmente de los bancos del Estado, supuestamente quienes deberían tener mayor conciencia social por ser públicos, pero además la indolencia de algunos legisladores provocará que en menos de un año esta importante iniciativa sea archivada en perjuicio de toda la sociedad costarricense. Se necesita del apoyo de la población si se pretenden corregir los problemas apuntados en este mercado.

* Presidente Consumidores de Costa Rica
periódico La Prensa Libre 7 junio 2008.

Erick Ulate Quesada
Gilberto Campos Cruz*
El arroz es uno de los alimentos más importantes de la dieta del costarricense. Cada uno de nosotros consume, en promedio, más de 54 kilos de este alimento por año.

El mercado es controlado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), ente creado por la ley 8285 del 30 de mayo de 2002 y dotado de una serie de facultades que le permiten calcular el desabasto de arroz, ya que nuestro país no es autosuficiente en la producción del grano, realizar las importaciones sin impuestos, decidir cuándo se realizan estas importaciones y su distribución entre la industria; además puede sugerir el precio en los diferentes eslabones de la cadena comercial e invertir recursos en el mejoramiento tecnológico de la actividad.

La existencia de Conarroz no ha sido beneficiosa para la población consumidora y el mercado del arroz en general. Las organizaciones de consumidores hemos denunciado facetas del accionar de este ente que nos demuestran que se debe buscar otra opción para fortalecer el mercado arrocero.

En este sentido, el informe DFOE-AM-16-2004 de la Contraloría General de la República fue claro no solo en lo que se considera una injusta distribución de los excedentes conseguidos por Conarroz gracias a la importación del grano a precios más bajos de los producidos localmente, pero vendidos a precios más altos de lo que se debiera gracias a la complicidad de la jerarquía del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sino de temas tan graves como la falta de una metodología adecuada para calcular el desabasto arrocero.

En este momento, Costa Rica importa más grano que cuando se creó Conarroz, existen menos industrias y la productividad por hectárea de arroz ha venido decreciendo, según los mismos informes estadísticos de Conarroz, no debido a la competencia con el mercado internacional, sino debido a la concentración del mercado nacional y la eliminación y absorción de pequeñas industrias piladoras por parte de las grandes arroceras del país. Encontrando adicionalmente que los rendimientos en las zonas de producción han bajado de 4,26 toneladas métricas por hectárea en el período 2002-2003 a 3,87 toneladas métricas por hectárea en el período 2004-2005; pese a que Conarroz, debía ocuparse de la inversión en tecnología para el aumento de la productividad, desde su fundación.

En materia de precios es donde los consumidores hemos sentido de forma más sensible la forma en la cual se comporta Conarroz. Desde su fundación, esta instancia, dejando de lado su función de ente público y asumiendo el rol de un grupo de presión empresarial, ha exigido al Gobierno de la República, en diferentes ocasiones, el alza de los precios, llegando incluso en 2004 a amenazar con no importar el arroz necesario para el consumo nacional si no se elevaba el precio. La consecuencia lógica de estas presiones y la fragilidad estatal frente a las mismas se demuestra en el hecho de que el precio del grano se ha incrementado más que el Índice de Precios al Consumidor desde la creación de Conarroz.

Ahora Conarroz se jacta de subsidiar el precio del grano a los consumidores en más de 130 millones de colones sin decir, por supuesto, que solo en 2004 se repartieron más de dos mil millones de colones de dinero obtenido por el diferencial de precio entre el arroz nacional y el importado.

Dada esta situación y la nula participación de los consumidores en los procesos de fijación del precio del grano, Consumidores de Costa Rica ha propuesto en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para hacer más transparente el proceso que realiza el MEIC y quitar así al sector arrocero el monopolio sobre las negociaciones para determinar el precio de este importante producto.

Por lo anterior, es necesario replantearse si es necesario mantener un ente que representa una verdadera carga para la población consumidora, sobre todo aquella de menores recursos económicos y en donde, a pesar de sus funciones públicas, prima el interés de unos pocos frente a las grandes mayorías.

* Presidente y Vicepresidente Consumidores de Costa Rica
periódico La Prensa Libre 5 junio 2008.

Erick Ulate Quesada*
Los costarricenses hemos sido azotados por un alza sin precedentes en el costo de la vida. Los servicios de la gasolina, el gas, los buses, taxis y electricidad se han unido a los aumentos en la leche y los frijoles, así como el anuncio del incremento en los huevos y el arroz.

El contexto actual no podría ser más sombrío para la población consumidora, incluso sin entrar a regir el último aumento en los combustibles, ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos comunicó una nueva petición de incremento de tarifas solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Ante esta ola de alzas en bienes y servicios, el Gobierno de la República debe tomar medidas urgentes que permitan a la población salir a flote en cuanto a su economía familiar se refiere y evitar que más costarricenses caigan en el abismo de la pobreza, con el impacto que ello supone para la economía del país.

En este sentido, el principal disparador del costo de la vida ha sido el alza incontrolable del precio de los combustibles.

Luego de la aprobación del nuevo modelo tarifario en materia de combustibles, llevada a cabo por la Aresep el año anterior, el precio del diésel dejó de ser subsidiado por las gasolinas, iniciando una tendencia alcista en su tarifa, que ha disparado el costo de las actividades que utilizan este combustible como fuente principal de energía, tal el caso de los productores agrícolas, el servicio de autobuses y la energía eléctrica, que quema diésel para impulsar las plantas generadoras.

Tal situación demuestra que las advertencias hechas por Consumidores de Costa Rica a la Aresep en el momento de discutir el nuevo modelo tarifario eran acertadas y que hoy los costarricenses sufrimos las consecuencias de las ocurrencias de los técnicos de La Sabana.

A pesar de lo anterior, no se puede achacar toda la responsabilidad de esta situación al ente regulador. Previendo el impacto que tiene el precio de los combustibles en el costo de la vida, Consumidores de Costa Rica presentó hace más de tres años el proyecto de Modificación al artículo 1º de la ley 8.114, de Simplificación y Eficiencia Tributarias, que se tramitó bajo el expediente 16.050, cuyo objetivo fue eliminar el impuesto a los combustibles, mediante un sencillo procedimiento al servicio público de buses y ferries, de tal forma que las tarifas se vieran menos afectadas por el cambio en el precio del petróleo. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos rechazaron el proyecto argumentando la caída de beneficios económicos para el Estado por encima del interés de la población.

Ahora, la eliminación del impuesto a los combustibles, para todos los sectores, se hace una necesidad imperiosa, ya que el peso de esta carga afecta seriamente la producción de alimentos y electricidad, el transporte público y privado, y lo que es más importante, su impacto se siente con mayor fuerza en los sectores económicamente más débiles de la población, que ven muy limitadas sus posibilidades de consumo.

*Presidente Consumidores de Costa Rica

periódico La Prensa Libre 6 mayo 2008.

El consumismo a que ha dado lugar la cultura del capital está en la base del hambre de miles de millones de personas y de la actual escasez de alimentos de la humanidad. Frente a tal situación, ¿cómo debería ser el consumo humano?

En primer lugar, el consumo debe ser adecuado a la naturaleza del ser humano. Ésta, por un lado, es material, enraizada en la naturaleza, y necesita de bienes materiales para subsistir. Por otro lado es espiritual, y se alimenta con bienes intangibles como la solidaridad, el amor, la acogida y la apertura al Infinito. Si estas dos dimensiones no son atendidas, nos ponemos anémicos en el cuerpo y en el espíritu.

En segundo lugar, el consumo necesita ser justo y equitativo. La Declaración de los Derechos Humanos afirma que la alimentación es una necesidad vital, y, por ello, un derecho fundamental de cada persona humana (justicia) y conforme a las singularidades de cada uno (equidad). Si no se atiende a este derecho, la persona se confronta directamente con la muerte.

En tercer lugar, el consumo debe ser solidario. Es solidario aquel consumo que supera el individualismo y se auto-limita por la causa del amor y de la compasión para con aquellos que no pueden consumir lo necesario. La solidaridad se expresa en el compartir, por la participación y por el apoyo a los movimientos que buscan los medios de vida, como tierra, vivienda y salud. Implica también la disposición a sufrir y a correr los riesgos que tal solidaridad comporta.

En cuarto lugar, el consumo ha de ser responsable. Es responsable el consumidor que se da cuenta de las consecuencias del patrón de consumo que practica, si es suficiente y decente, o sofisticado y suntuoso. Consume lo que necesita o desperdicia aquello que va a faltar en la mesa de los otros. La responsabilidad se traduce en un estilo de vida sobrio, capaz de renunciar, no por ascetismo, sino por amor y en solidaridad hacia los que sufren necesidad. Se trata de una opción por la sencillez voluntaria y por un patrón conscientemente contenido, que no se somete a los reclamos del deseo ni a las solicitaciones de la propaganda. Aunque no tenga consecuencias inmediatas y visibles, esta actitud vale por sí misma. Muestra una convicción que no se mide simplemente por los efectos resultantes, sino por el valor que esta actitud humana posee en sí misma.

Por fin, el consumo debe ser realizador de la integridad del ser humano. Éste tiene necesidad de conocimiento, de forma que consumimos muchos saberes con el discernimiento sobre cuál de ellos conviene y edifica. Tenemos necesidad de comunicación y de racionamientos, y satisfacemos esta necesidad alimentando relaciones personales y sociales que nos permiten dar y recibir, y en este intercambio nos complementamos y crecemos. A veces esta comunicación se realiza participando en manifestaciones en favor de la justicia, en favor de la reforma agraria, del cuidado del agua potable, de la conservación de la naturaleza... o también viendo un film, asistiendo a un concierto, yendo al teatro, visitando una exposición artística, participando en algún debate.

Tenemos necesidad de amar y de ser amados. Satisfacemos esta necesidad amando con gratuidad a las personas y a los diferentes a nosotros. Tenemos necesidad de trascendencia, de arriesgarnos y de estar más allá de cualquier límite impuesto, de sumergirnos en Dios con quien podemos comulgar. Todas estas formas de consumo realizan la existencia humana en sus múltiples dimensiones.

Estas formas de consumo no cuestan y no gastan energía; presuponen simplemente el empeño y a apertura a la solidaridad, a la compasión y a la belleza.

¿No traduce todo esto aquello que pensamos cuando hablamos de felicidad?

Leonardo Boff.

Servicios Koinonía 25 abril 2008.

Consumir hasta morir
Juan Manuel Villasuso
Consume hasta Morir es una página en Internet cuyo propósito declarado es "reflexionar sobre la sociedad de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo". (http://www.consumehastamorir.com).

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Este sitio fue creado por la asociación española Ecologistas en Acción que considera que la destrucción acelerada de la naturaleza tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado y dominado por corporaciones transnacionales, del que derivan problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar el colapso ecológico del planeta.

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En lo fundamental, Consume hasta Morir plantea que el consumo es una necesidad humana que se satisface participando en el circuito comercial donde la compra de bienes y servicios se realiza a cambio de dinero. Lo malo es que ese sistema comercial se sustenta en la obsesión por vender y consumir.

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La publicidad se encarga de mostrar una realidad deformada, tratando de que las personas consuman sin límites, sin reflexionar en los posibles impactos o perjuicios que puedan causar a la salud, al medio ambiente o a otras culturas.

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Con métodos más o menos ingeniosos, la publicidad promete que los productos anunciados resolverán no sólo nuestras necesidades básicas, sino nuestros anhelos y aspiraciones personales, laborales, sociales y sentimentales.

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Así, el consumo se convierte en consumismo, es decir, en un desenfreno por comprar bienes y servicios que, en muchos casos, se acumulan sin una utilidad concreta pero que se nos venden con el fin de conseguir esa felicidad y comodidad deseada, sin tomar conciencia que en muchas ocasiones eso lleva aparejado el deterioro del aire que respiramos, del agua que nos da vida, o de la tierra que nutre las cosechas.

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"Sólo se nos enseña a consumir, no a consumir de manera responsable; no se muestran las consecuencias sociales y ambientales del consumo, ni se nos enseña a lidiar con la frustración de no poder consumir todo lo que nos gustaría", manifiesta María Gonzáles colaboradora de Consume hasta Morir.

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En una columna reciente en el New York Times el economista Paul Krugman plantea una pregunta que no es nueva pero resulta fundamental en la actualidad: ¿El agotamiento de los recursos naturales significará un obstáculo para el crecimiento futuro del mundo? Una de las posibles respuestas es que la era de las reservas baratas terminó para siempre, que nos estamos quedando sin petróleo, sin tierras para expandir los cultivos de alimentos y, en general, sin más planeta para explotar. Eso es grave.

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Las decisiones más sencillas, las relacionadas con lo que comemos, el transporte que usamos, cómo producimos y botamos la basura, o cómo utilizamos el agua y la electricidad, definen nuestro vínculo con la naturaleza. Esas simples decisiones, sumadas a las de miles de millones de personas, son esenciales para el futuro de la humanidad.

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Frente al consumismo que amenaza con la destrucción, es necesario asumir una actitud de consumo responsable que incluya tres dimensiones: la ética, afincada en valores y principios, la ecológica que debe velar por el medio ambiente, y la social que implica solidaridad, equidad y comercio justo.
Suplemento Página Abierta. Diario Extra 6 mayo 2008.

Erick Ulate Quesada

Demandamos al Gobierno de la República acciones para seguir disfrutando nuestro gallo pinto

Presidente, Consumidores de Costa Rica

Recientemente, los medios de comunicación se han hecho eco de la crisis que se está gestando a escala global por la falta de alimentos en el mundo, debido, según algunos analistas, a la especulación en el mercado internacional y a la creciente utilización de las áreas de siembra de diversos productos para obtener etanol, así como al elevado precio de los combustibles.

En nuestro país, el costo de los principales productos de consumo ha experimentado fuertes aumentos de precio que, aunados al alza de las tarifas de los servicios públicos, llevan a la población a una situación desesperada en el ámbito de la economía familiar.

Caso de los frijoles. En el caso de los frijoles, ya en noviembre del año pasado, Consumidores de Costa Rica había denunciado el incremento incontrolado del precio de los frijoles rojos, cuyo costo en supermercados superó hasta en un 100% el de los frijoles negros, y que aún hoy mantienen una tendencia alcista, dada la poca voluntad del Gobierno de la República a dar una solución real al problema.

Ante esta situación se solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la eliminación del arancel a la importación del grano, petición rechazada sin el menor sustento técnico, que hoy pone a Costa Rica en apuros ante el cierre de las fronteras nicaragüenses a la exportación del grano y la escasa cosecha nacional que amenaza con excluir de la mesa de los costarricenses este tradicional alimento debido a su costo.

Recordemos que la cosecha nacional no representa siquiera el 20% del consumo de nuestro país, tendiendo la misma a desaparecer debido a los bajos rendimientos de la actividad y el poco apoyo técnico de las autoridades de gobierno, más interesadas en garantizar la compra de la cosecha por parte de los industriales que en dar verdaderas herramientas al sector productor para hacer más competitivo su cultivo.

Por otra parte, si bien existe un arancel cero a la entrada de frijoles del área centroamericana, sobre el grano negro pesa un arancel del 5% para mercados fuera de nuestra región. En el caso del frijol rojo, ese gravamen alcanza el 20%, situación que, obviamente, encarece el precio del producto al consumidor final.

Soluciones equivocadas. Desgraciadamente, para paliar esta situación, algunas personas intentan llevar a cabo soluciones equivocadas como la constitución de un nuevo ente similar a lo que hoy es la Corporación Arrocera Nacional, que tan magros resultados ha dado al país; incluso, dos proyectos para constituir una organización de este calibre para el sector frijolero fueron descartados ya en la Asamblea Legislativa, donde acertadamente se valoró que dicho mecanismo no garantiza el fortalecimiento del sector y, más bien, contraviene los derechos de la población consumidora..

En tal sentido, se hace necesario dejar atrás la improvisación, así como estigmas ideológicos caducos, y actuar en dos vías. La primera y más inmediata es garantizar el abastecimiento de frijoles por medio de la eliminación total y urgente de los aranceles a la importación de frijol de mercados de fuera del área centroamericana, y, además, promover el cultivo del grano mediante programas de apoyo real al agricultor, dirigidos a elevar la productividad del sector, sin que ello signifique nuevos aumentos de precio para los consumidores.

Hoy demandamos al Gobierno de la República acciones serias y urgentes que garanticen que podremos continuar desayunando nuestro tradicional gallo pinto.
periódico LA Nación 1 mayo 2008.

Jorge Arturo Chaves | jachaves@cedi-op.org

Sería ideal mejorar las condiciones actuales para que el consumidor tenga otros medios de construir

sacerdote dominico

Hace unas semanas escribí sobre una experiencia negativa, a raíz de fallos en los servicios recibidos de varias empresas, justo en el momento de regresar a Costa Rica después de un viaje de trabajo al exterior. A raíz de la publicación se produjeron dos reacciones. Una, la llamada telefónica personal de la gerente de Recursos Humanos de Taxis del Aeropuerto. Excelente trato y amabilidad. Dando explicaciones, pidiendo excusas y, sobre todo, lo más importante, agradeciendo el aporte de mis críticas como cliente.

La otra, un artículo de doña Mónica Nágel, en otro tono, diferente por completo. En lo fundamental, apunta a eximir a Alterra de toda responsabilidad en los fallos que solo reconoce de manera indirecta, trasladando toda esa responsabilidad al servicio estatal de migraciones. Lo peor, la subvaloración e incluso molestia mal disimulada por mi reclamo como cliente y el recurso a una frase habitual en nuestro medio: “Criticar es fácil, construir es bien difícil”, dice la directora ejecutiva corporativa de Alterra.

Crítica y democracia. ¿Será real esa distinción entre criticar y construir? ¿Es que los consumidores de servicios de empresas públicas y privadas tenemos otra vía fuera de la crítica para reclamar por el derecho a servicios de calidad? ¿Es que, en definitiva, es tan negativo el ejercicio de la crítica, de cualquier forma de crítica, sobre todo de la respetuosa pero sin tapujos?

Vale la pena pensar, ante todo, en el papel que desempeña la crítica en una democracia. Si entendemos por tal, conforme a una de las acepciones del diccionario, el “examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc.”, difícilmente se sostiene un régimen democrático en el que esté ausente la crítica, tanto en referencia a la empresa estatal como a las privadas.

Precisamente como manifestaciones públicas de juicio sobre los servicios o artículos que se producen, ayudan a consolidar más bien las mejores prácticas y ponen una llamada de atención sobre quienes se apartan de aquello que exige la sociedad para mejorar su calidad de vida. Es una manera de hacer visible el carácter de servicio social que tienen tanto los Gobiernos como las empresas. De ahí, entre otras cosas, que la crítica moleste tanto a los regímenes autocráticos, lo que les lleva a eliminar toda opinión disidente. Lo contrario de estos “exámenes y juicios públicos” es el chisme, el rumor clandestino, la bajada de piso que se producen, precisamente, entre otras cosas, por deterioro de las condiciones para participar abiertamente en la arena pública.

Derechos del consumidor. Cada día nos alejamos más de esa imagen del consumidor pasivo que simplemente tiene que aceptar el producto o servicio que se le brinde, sin poder siquiera alegar si era lo que necesitaba o del modo como le convenía. Cada día se habla más de “consumo crítico”, “consumo ecológico” y “consumo ético”. Es decir, de esas formas de consumo que se preguntan, no solo por la calidad de lo que se les está entregando, sino por las condiciones sociales y ecológicas en las que ha sido elaborado un producto o producido un servicio.

El juicio ético se da, además, cuando se valoran esos y otros elementos y se consume de acuerdo con las alternativas que se presentan como más justas, solidarias o ecológicas y no solo en función del beneficio personal. Esta actitud crítica construye, qué duda cabe.

Sin embargo, es cierto que sería ideal mejorar las condiciones actuales para que el consumidor tuviera otros medios de construir, aparte de estas. Una de esas formas se dará cuando las empresas se abran a una redefinición de sí mismas que incluya los grupos de interés –“stakeholders”, como lo llaman algunos– en procesos de toma de decisiones. O cuando el Estado decida fortalecer las diferentes modalidades posibles de auditoría o veeduría ciudadana. No podemos perder la esperanza de que la madurez democrática costarricense y la sensatez de importantes empresarios y políticos darán pronto a luz estas instancias de responsabilidad social de la empresa.
periódico LA Nación 16 abril 2008.

Erick Ulate Quesada*
concori@racsa.co.cr
Costa Rica se ha embarcado en una nueva negociación comercial que involucra, en esta ocasión, uno de los mercados más codiciados por cualquier país: la Unión Europea.

Esta negociación se emprende con la esperanza de los consumidores de que nuestros
países aprovechen la rica experiencia en defensa de la población consumidora europea que nuestros contrapartes han construido a lo largo de más de 100 años.

Esta inquietud tiene su fundamento en la pobre visión que ha desarrollado el Ministerio de Comercio Exterior en materia de negociación de acuerdos comerciales, donde el respeto de los derechos de la población consumidora ha sido constantemente marginado para dar lugar al respaldo de posiciones comerciales, en la gran mayoría de los casos fundamentada únicamente en la defensa de poderosos intereses económicos, muy alejados de las expectativas de la población en general.

Con la nueva negociación, los consumidores necesitamos que la estrategia comercial de Costa Rica no solo se limite a establecer estrategias de penetración de nuestros productos y servicios en el mercado europeo, sino que también nos permita abrir nuestro mercado, de forma que podamos acceder a la calidad de los bienes y servicios que produce esa pujante unión de países. Además, la negociación comercial debe tener como primera tarea la identificación de las principales asimetrías de los países europeos, respecto de Costa Rica en materia de protección al consumidor, ya que la legislación sobre la materia, en nuestro país, se queda muy rezagada respecto de la protección legal que tienen los consumidores europeos, donde el régimen de tutela de sus derechos sí es en verdad efectiva.

En este sentido, uno de los puntos más importantes por considerar es el urgente apoyo que necesitan las instituciones que tutelan nuestros derechos, ya que es sencillamente preocupante que, a pesar de los denodados esfuerzos de sus funcionarios y el profesionalismo de su trabajo un caso ante la Comisión Nacional del Consumidor en materia de defensa de intereses generales dure, en su procedimiento ordinario, más de tres años, para resolver en primera instancia y un plazo mucho mayor, si la empresa condenada apela la sentencia de la Comisión, todo debido a la falta crónica de recursos de esta institución tan importante para la efectiva protección de nuestros derechos.

Por último, es necesario que tanto el Ministerio de Comercio Exterior como el de Economía, Industria y Comercio realicen una labor de medición del impacto real de los acuerdos comerciales en el mercado interno, y su influencia en los consumidores, ya que el actual proceso de medición basado únicamente en la cantidad de productos y servicios costarricenses que logran ingresar a otros mercados es parcial y adecuado para reflejar lo que en realidad es el comercio exterior del país.

Esperamos que ahora sí se tomen en cuenta los intereses de los consumidores.

* Presidente
Asociación Consumidores de Costa Rica
periódico La Prensa Libre 10 abril 2008.

Jorge Arturo Chaves

Cómo hacer para que las empresas sean coherentes con su razón de ser

Dominico, economista

“Vamos a llevar a la muchacha para que no se quede esperando la pobre”. Dicho y hecho. Sin mediar consulta, el chofer abrió la puerta delantera del taxi y una señorita deconocida se acomodó sin darme tiempo a reaccionar.

Cuando arrancó el taxi –no pirata, ni fuera de ruta, no: un taxi oficial del aeropuerto–, atiné a decir algo. “Yo pagué por un servicio individual. Si me hubieran dicho que era colectivo...”. “Es que, pobrecita, se iba a quedar ahí”, masculló el chofer.

“Hubiera tenido que esperar igual que yo”, pensé. La cola era suficientemente larga y yo había tenido que aguardar no menos de 20 minutos.

Todavía insistí, más por desahogo que por otra cosa: “¿Y ella va también para Heredia centro?”. “Nos vamos a tener que desviar un poquitito” fue la respuesta.

Una hora y cuarto después, el doble del tiempo necesario, llegué al destino para el cual había pagado la cuota establecida. “Pero no hay dos sin tres”, reflexioné. Esta era la tercera empresa utilizada esa tarde e, igual que en las dos anteriores, el interés del cliente no parecía haber prevalecido, a pesar de ser, supuestamente, el beneficiario del servicio.

Mecanismos inútiles. La primera había sido la aerolínea. Excelente servicio de TACA en la salida de Costa Rica y a bordo. Pero en el aeropuerto de Bogotá, al regreso, la cosa cambió. De nada valió mostrar el pase de abordaje obtenido en línea y solo traer equipaje de mano. La fila tediosa y los trámites de mostrador fueron inevitables. ¿Para qué, entonces, los mecanismos previos de Internet que apuntaban a ahorrar tiempo?

La segunda empresa que debía utilizar esa tarde era, por supuesto, la administradora del aeropuerto Juan Santamaría al llegar a Costa Rica. Debo admitir que de antemano no me hacía muchas ilusiones, y aun así fui sorprendido no solo por la longitud de las colas y la aglomeración agobiante de pasajeros. Me sorprendieron, sobre todo, el relativamente escaso número de ventanillas de atención migratoria y la misma estrechez del área. “¿No era que habían ampliado este servicio?”, se me ocurrió preguntar. Y la respuesta de una funcionaria fue, a lo gallego, con otra pregunta: “¿Y usted le cree a Alterra?”.

Tres de tres. Y no eran empresas públicas. No era para despotricar contra los burócratas estatales. Nada de eso. ¿Y entonces? Una semana después, otra empresa privada, de alcance centroamericano, en este caso UNO de esos bancos que te persiguen con sus ofertas de tarjetas de crédito, culminó la saga. Harto de errores, vacíos y fallos en las operaciones con la entidad –ninguno en mi beneficio como cliente–, en una agencia del banco me presenté a cerrar cuentas, cancelar tarjetas y terminar toda relación con ellos.

Al concluir los trámites, y cuando iba a exhalar un gran suspiro de alivio, nueva sorpresa: no me entregaron ningún comprobante. Ni el más mínimo papel que atestiguara a lo que yo había ido y, supuestamente, tramitado. Para no quedar en indefensión ante cualquier nueva irregularidad posible, insistí, ya molesto, en mi solicitud de algún documento probatorio. No podían dármelo. Si a lo sumo quería recuperar la letra firmada con el banco, debería volver en 45 días. Promesa, también verbal, por lo demás.

Una para nosotros. Y, entonces, ¿en qué queda la soberanía del consumidor y la prioridad del cliente? ¿Cuánto tiempo habrá que gastar en acudir al Defensor del Consumidor y, antes, en acumular papeles para sustanciar denuncias? No parece este un camino accesible a la mayoría.

Un amigo me contaba una historia un tanto chabacana, pero ilustrativa. En una ciudad periférica, alcanzó a escuchar a una mujer que, airada, le gritaba a un transportista: “Si tienen que robar, roben; pero que al menos alguna vez nos toque robar a los demás”. La frustración lleva a esos y otros extremos que hay que evitar. ¿Cómo lograrlo? El principio es claro: cualquier empresa está legitimada para existir y acumular ganancias en la medida en que produce un bien o un servicio de calidad para la sociedad en que se encuentra. Lo que ya no se ve tan claro es cómo hacer para que las empresas sean coherentes con esta su razón de ser; con qué poder, con cuáles medios eficaces y ágiles podemos los ciudadanos contribuir a ello... sin morir en el intento.
periódico La Nación 13 marzo 2008