RESONOCO

• Considera Asociación de Consumidores de Costa Rica:

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Fotos: Randall Sandoval

En visita a DIARIO EXTRA, los dirigentes de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate (izq.) y Gilberto Campos (der.) expusieron a nuestro Gerente General, William Gómez y al subdirector Mario Ugalde, las razones por las cuales apoyan el TLC con Estados Unidos.
Mayor variedad, mejores precios y más calidad de los productos por medio de una efectiva supervisión por parte del Estado, son aspectos que traería envuelto un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, según la Asociación de Consumidores de Costa Rica.
Gilberto Campos y Érick Ugalde, máximos dirigentes de la organización, visitaron DIARIO EXTRA para dejar claro en una entrevista que apoyan el TLC y consideran que los consumidores son los más beneficiados por la apertura de mercados y la posibilidad de encontrar más y nuevos bienes.

¿Cuál es la posición de Consumidores de Costa Rica ante el TLC con Estados Unidos?
Gilbert Campos (GC): Hemos seguido la discusión, hemos participado en varios foros en vista del interés de los consumidores por el TLC. La conclusión es muy clara, sí existe un beneficio para los consumidores con el TLC, porque la apertura y acceso a más bienes y servicios en el mercado, refieren a un beneficio. Los consumidores somos los más beneficiados.

Erick Ugalde (EU): Hay que recordar hace unos 20 años cuando la gente iba a la frontera con Panamá a traer un montón de cosas que no encontraba en San José ni en ningún otro lado. Hace unos años, antes de que empezara la ola de la reducción de impuestos, si no se consumía lo que posibilitaba el Estado, se le consideraba como un contrabandista y por consumir tenías que correr un riesgo.

A partir del proceso de globalización económica ya esto no es tan represivo para la gente, lo cual es ya una ventaja para los consumidores, porque se ha mejorado la calidad de los productos con la creación de muchos reglamentos técnicos, que el Estado se ha visto obligado a hacer por la competencia de bienes.

¿Mejora la calidad de los productos con un TLC?
GC: El tema pasa por la necesidad de los consumidores nacionales de acceder a más y mejores servicios cada vez. En el resto de Centroamérica se utilizan reglamentos técnicos, para permitir la venta de ciertos productos, que son menos exigentes a los que se usan en Costa Rica. Entonces, si el consumidor nacional tiene la posibilidad de elegir entre un producto nacional de alta calidad o un extranjero más corriente, es seguro que se escogerá tanto por precio como por calidad el nacional.

La historia ha comprobado que los TLC no perjudican a los consumidores, ya se han firmado acuerdos con México y Canadá, de los cuales el costarricense consumidor se ha beneficiado, en forma paulatina, eso sí.

Este TLC tiene un beneficio directo a los consumidores, lamentablemente en el más largo plazo y es el tema de la liberalización del mercado arrocero, porque da la posibilidad de librarnos del monopolio que maneja Conarroz. Se ha demostrado que desde el 2002 a la fecha, el precio del arroz ha subido aceleradamente, a diferencia de esa fecha, cuando nació Conarroz.

¿Qué críticas le hacen a Conarroz?
EU: Ellos son los únicos que pueden importar arroz sin impuestos, pero esa desgravación nunca ha sido trasladada al bolsillo del consumidor, a pesar de que el único precio es fijado por el gobierno, eso ha provocado que cinco años después Conarroz tenga un fondo de casi ¢2 mil millones, que es creado a partir de las transferencias de los consumidores a Conarroz.

En un esquema de libre comercio, cuando se cumpla el proceso de desgravación arancelaria del arroz, esa transferencia de plata, ya no se daría, porque habría la posibilidad de que los oferentes en el mercado puedan acceder a mejores precios en el extranjero y no necesariamente pagar peajes a Conarroz, para distribuir el grano.

Ese fondo debería usarse en beneficio de los productos, equiparlos mejor y darles más herramientas.

Mientras exista Conarroz, los beneficios con el TLC para los consumidores de ese alimento serán casi imperceptibles.

¿Qué debería hacer el gobierno si se diera el TLC para asegurar el beneficio de los consumidores?
EU: No somos de la idea de que el Estado simplemente se lave las manos y deje que pasen las cosas. Creemos en una nueva concepción de Estado en donde dando un buen margen de libertad a las actividades económicas debe establecer parámetros de calidad, salud y seguridad para los consumidores que permita acceder de manera tranquila a esos beneficios de libre comercio.

Por eso no solo impulsamos que el Estado vaya creando reglamentos técnicos en diversos mercados, sino que también controle, porque actualmente están reglamentos pero no se aplican, eso es lo que queremos con el libre comercio. El TLC no viene a afectar la capacidad del Estado para hacer ese tipo de regulaciones, es decir, puede mantener los estándares de exigencia, para regular qué comen los costarricenses.

¿Cuál es la posición en torno a la apertura de monopolios como los del ICE y el INS?
GC: En estos momentos el INS se autorregula, no existe una entidad fuera del INS para que nosotros como consumidores podamos acudir para buscar reglas de juego más justas. Por ejemplo, hemos atendido casos en los que el INS interpreta normas a su conveniencia y le postergó el pago del seguro voluntario de vehículos a consumidores durante más de cuatro meses. Lo que más nos llama la atención de forma positiva con el TLC es la posibilidad de establecer una superintendencia de seguros por encima de las empresas aseguradoras, que pueda regular la actividad, porque actualmente frente al INS no tenemos derechos, simplemente agachar la cabeza a lo que ellos digan.

En el caso de la telefonía es mucho más polémico por el tema de las tarifas. Mucho se ha hablado de que van a aumentar y que serían inaccesibles. Es cierto que actualmente la tarifa es muy baja, pero la gente debe saber que esos montos no son los que el ICE nos quiere cobrar, sino que la Aresep no se lo ha permitido. Ya le ha rechazado dos peticiones de incremento para la telefonía celular.

El tema de que el ICE sea más barato, no es por la eficiencia de la institución, sino porque no lo han dejado ser más caro. Además; la cobertura de la señal de celular es bastante regular. La competencia es buena siempre y defendemos el hecho de que el Estado pueda seguir ahí.

¿Y el tema de las medicinas, lo han estudiado?
GC: Hemos encontrado que no existe prohibición para la CCSS para poder abastecer el mercado de medicamentos genéricos que ya compra. Datos de esa institución dicen que del 100% que compra, solo un 6% lo hace a Estados Unidos. Son medicamentos especializados, que los laboratorios nacionales no fabrican.

Eso quiere decir que el tema del abastecimiento para los usuarios es el tema medular para nosotros.

No nos interesa que si una u otra empresa sale beneficiada o perjudicada, sino que los pacientes de la CCSS sigan teniendo las mismas medicinas, por eso estamos seguros que el TLC no va a tener efectos negativos sobre la salud de los ticos.

En el tema de la propiedad intelectual para las empresas farmacéuticas es un incentivo traer esos productos a Costa Rica, antes de que salgan en otra parte del mundo y empiecen a correr los cinco años de protección.

¿Qué influencia tiene Consumidores de Costa Rica en la fijación de los precios?
EU: En la Aresep siempre nos ha ido muy bien, porque ahí todos los parámetros son muy técnicos. Por ejemplo, en el caso de los aumentos de buses que son casi el 80% de las audiencias que hace Aresep, se toman en cuenta los pasajeros que viajan, el modelo de las unidades y el recorrido que se hace.

En ese sentido nosotros nos encargamos de demostrar por medio de estudios que las peticiones de los empresarios son injustas casi siempre porque el servicio no es el mejor o inventan rutas más largas.

Pero no es solo oponernos, sino que también aportamos ideas para que las empresas, públicas o privadas abaraten costos y por tanto no golpeen tanto al consumidor final.

¿Esta posición de apoyar el TLC, es propia de la Asociación Consumidores de Costa Rica o recoge el criterio de miles de consumidores?
GC: Efectivamente, hemos hecho un proceso de consulta a nivel de los consumidores sobre la implicación que tendría el seguir como estamos, que no es el panorama ideal y parte de un estudio técnico en temas de mercados como seguros, medicinas, entre otros.

• “También aportamos ideas para que las empresas, públicas o privadas, abaraten costos y por tanto no golpeen tanto al consumidor final”.

• “EL TLC no afecta la capacidad del Estado para hacer regulaciones de calidad, salud y seguridad en los productos importados”.

• “Con el TLC no existe prohibición para la CCSS para poder abastecer el mercado de medicamentos genéricos”.

• “La historia ha comprobado que los TLC no perjudican a los consumidores”.

Diario Extra 29 setiembre 2007.

MUCHOS PRÉSTAMOS... CUIDADO
Por Mario Ugalde C.
Subdirector
mugalde@diarioextra.com

Costarricenses, tengan mucho cuidado, porque en asuntos de economía la famosa ley de la gravedad que indica que todo lo que sube tiene que bajar, no se aplica, más bien ocurre todo lo contrario... todo lo que baja en cualquier momento sube... y el doble, o el triple. Así que cuidadito con ese montón de préstamos que están ofreciendo los bancos y las financieras, porque en un abrir y cerrar de ojos la economía del país podría cambiar y la platita que nos ganamos ya no nos alcanzaría para pagar la enorme deuda que adquirimos en los supuestos “tiempos de bonanza”.

No crean mucho en ese cuento que “pida hoy y empiece a pagar hasta el año entrante”, la verdad les digo es que son puros trucos comerciales, y finalmente terminamos cancelando mucho más que si hubiéramos empezado a pagar desde el inicio, de todas formas, el que no tiene para pagar la primera cuota hoy, difícilmente podrá hacerle frente a la obligación un año después, así que “no se meta en camisa de once varas”, porque podría quedar peor que al inicio... y hasta en la cárcel.

Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) revelan que el crédito para comprar carros, cancelar tarjetas de crédito y para otras cosas personales, llegó a ¢925.253 millones, eso equivale a un 51% más que el año anterior, y la tendencia continúa hacia el aumento porque la fuerte competencia en el mercado bancario ha hecho que la tramitación de los préstamos sea mucho más sencilla, y las condiciones “favorables”, por eso es que la publicidad nos aparece “hasta en la sopa”.

Algunos podrían decir: “Si no puedo pagar no pago y punto”, pero recuerden que las instituciones bancarias tienen todo un aparato legal que en el momento que no cumplamos con la obligación es activado para dejarnos hasta sin la ropa que andamos puesta. Ahí sí es verdad que no hay “pobrecito”, que va..., o paga o literalmente “se queda en la calle”, así que más vale que tome las medidas pertinentes y evite caer en “trampas” de las cuales no podrá salir ni utilizando la habilidad del personaje de televisión “Mac Giver”.

Señores... no sean ingenuos, tengan mucha precaución porque el llamado auge económico por el que supuestamente está atravesando el país podría ser artificial, pero además, hay un principio lógico que indica que nadie debe gastar más de lo que se gana, ¿entonces?, ¡no sea maje! ¿Cómo es eso que desde ahora ya los bancos nos están ofreciendo adelantos del aguinaldo? Por qué no entienden que aún faltan casi 4 meses para diciembre y si piden el aguinaldo adelantado lo invertirán en “otras cosas” y luego no podrán hacerle frente a los gastos adicionales de Navidad. Créanme que si adelantan el aguinaldo hoy, seguirán en el círculo vicioso... en diciembre solicitarán otro préstamo para salir de apuros, y posteriormente otro para hacerle frente a la “famosa cuesta de enero”, hasta que llegue el momento en que no podrán “con Ana ni con Juana” o sea... “se lo llevó la trampa”.

Así que si quiere seguir pidiendo prestado hágalo, pero sepa que los únicos perjudicados son usted y su familia, ¡ah... y terminará pagando el doble de lo que recibió!

Diario Extra 25 setiembre 2007.

Kattia Chaves
Dirección de Apoyo al Consumidor
En atención a la carta publicada el pasado 4 de julio por el señor Carlos Segura Herrera, titulada “Defensa del consumidor”, en la cual hace una crítica respecto del hecho de que incentivemos al consumidor a “comparar precios” en el mercado, deseamos exponer lo siguiente:
Históricamente, se ha demostrado que los precios regulados crecen en mayor proporción que los precios “libres”, aunado al hecho de que la competencia incentiva prácticas beneficiosas para el consumidor en la gran mayoría de los casos.
Sana práctica. De esta forma, la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, no solo incentiva la sana práctica de comparar precios, sino que con regularidad realiza transparencias de mercado o estudios comparativos de precios.
Estos “comparativos” tienen como propósito brindarle al consumidor un parámetro referencial respecto de las variaciones de precios que puede encontrar en el mercado, como producto de la libre competencia, y el ahorro que le puede significar “caminar y comparar antes de comprar”.
Asimismo, invitamos a visitar nuestro sitio web www.consumo.go.cr, a fin de que obtenga mayor información sobre los servicios que brinda nuestra oficina y sus derechos como consumidor.
Periódico La Nación 14 de julio de 2007

Erick Ulate Quesada *
El 19 de enero de 1995 entró a regir la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual vino a sustituir la caduca Ley 5665 de Protección al Consumidor del año 1975.
Con este nuevo marco normativo se pretendió darle a la población consumidora herramientas eficaces para defender sus derechos frente a un mercado que no estaba acostumbrado a ofrecer calidad, buen trato, servicio al cliente y satisfacción a los compradores.
Parte de las Innovaciones de esta legislación fue el reconocimiento que se hace de la resolución 39/248 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde mediante una directriz a los gobiernos miembros se reconoce, a la población consumidora, derechos como el acceso a un medio ambiente sano, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como la educación al consumidor y el deber del Estado de promover y fortalecer a las organizaciones de consumidores.
Adicionalmente, se crea la Comisión Nacional del Consumidor como un Tribunal Administrativo, que tramite de forma ágil y eficiente las denuncias de los consumidores y así contar con un mecanismo barato de denuncia que permita equilibrar el poder de la población consumidora y los comerciantes en el mercado.
A 12 años de funcionamiento de este sistema se pueden exhibir grandes logros, tales como la eficacia de su procedimiento de conciliación que permite a los consumidores y comerciantes, mediante un mecanismo de ganar-ganar superar sus diferencias, o bien los cientos de millones de colones que el Área de Apoyo al Consumidor ha logrado devolver a la población mediante sus sentencias.
Desgraciadamente, el sistema ha empezado a mostrar sus limitaciones. En todos estos años, y a pesar de mecanismos de acceso remoto como una línea telefónica gratuita y la implementación del correo electrónico, la defensa de los consumidores es restrictiva para quienes habitan fuera de la Gran Área Metropolitana.
La creciente demanda de servicios ha provocado que el Área de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio se encuentre al borde del colapso. Más de 6 mil expedientes pendientes de resolución y una espera de años para concluir los casos que pasan a procedimiento ordinario son hoy una realidad a pesar de los múltiples esfuerzos y la gran mística de trabajo del personal de esta dependencia.
Esta situación se ve agravada por una ley cuya aplicación representa una gran cantidad de dinero y tiempo para el Área de Apoyo al Consumidor; para muestra un botón: las notificaciones deben hacerse a los dueños legales de los comercios, en lugar de hacerlo en el comercio donde se cometió la falta.
Para solucionar estos problemas y lograr que la ley 7472 sea en realidad efectiva se necesita que el tema de la defensa de los derechos de la población consumidora sea un tema de Estado y trascienda los límites de uno de los ministerios más pequeños y pobres de la Administración Pública.
Además, la reforma a la Ley 7472 se vuelve un imperativo nacional si deseamos que los procesos de libre mercado en los que se ha insertado nuestro país tengan un efecto real en la población. Debe crearse un mecanismo de trámite de denuncias más ágil, donde se acorten los tiempos de los trámites, se amplíe la gama de derechos del consumidor, se incluya el comercio electrónico dentro de los temas a tutelar y se le permita a la Comisión Nacional del Consumidor iniciar investigaciones de oficio, entre otros puntos a considerar.
En un contexto de libre mercado es deber del Estado asegurar un adecuado financiamiento a los entes estatales que promueven la protección de la población consumidora, de tal forma que su respuesta frente a los abusos del comercio sean ágiles y eficaces.
El Área de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio no puede seguir siendo la cenicienta de los presupuestos estatales. La protección del consumidor es un elemento que no puede separarse de la concepción de derechos humanos a los que aspiramos cumplir como sociedad.

*Presidente Asociación Consumidores de Costa Rica

Periódico La Prensa Libre 6 de julio de 2007

Erick Ulate Quesada*
Lic. Gilberto Campos Cruz*
Consumidores de Costa Rica presentó el pasado 21 de junio ante la comunidad nacional, el estudio llamado “Servicios de transporte público para la población adulta mayor: El caso del modelo de subsidio costarricense” y como era de esperarse las instituciones involucradas en el sistema de tiquetes para adultos mayores intentaron desacreditar las afirmaciones del estudio, construido y basado solamente en respuestas oficiales de la Dirección de Prestaciones Sociales (DPS) de la CCSS, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y otras instituciones vinculadas con el tema.
En primera instancia es importante destacar que tanto la DPS como la Aresep critican el informe sin tenerlo en sus manos. Más aún critican un informe cuyos resultados fueron expuestos a los funcionarios de ambas dependencias, en el caso de la CCSS en dos ocasiones y en el caso de Aresep una ocasión, por medio de sesiones de validación de resultados. Estas sesiones fueron desarrolladas para que los funcionarios a cargo del sistema (al menos en la CCSS), tomaran conciencia acerca de los resultados encontrados y tomaran las previsiones del caso para solucionar los problemas administrativos encontrados.
Pero no se encontró en las funcionarias de la Dirección de Prestaciones Sociales esa actitud profesional, sino que el rechazo a la rendición de cuentas, al escudriño de la ciudadanía, fue evidente y en buena cultura política tica, esperaron a la publicación de la investigación para desacreditarla, aduciendo que tiene errores. ¡No! no tiene errores la investigación, pues si los tuviera serían inducidos por las mismas respuestas oficiales de la CCSS, por lo que la pregunta que se generaría es ¿Por qué razón las funcionarias a cargo de la Dirección de Prestaciones Sociales y del Departamento de Ciudadano de Oro, tendrían interés en mentir acerca de la información pública del sistema de tiquetes? Esta es una inquietud que las autoridades de la CCSS debieran hacerse antes de llamar al error para la defensa.
Lo cierto es que todos y cada uno de los documentos utilizados para la construcción del informe son respuestas oficiales de la Dirección de Prestaciones Sociales; Consumidores de Costa Rica, las tiene en su poder y con base en ellas se llamó a cuentas a los funcionarios de la CCSS.
Tan solo tomemos un ejemplo; indica la DPS que el más grande error del estudio de Consumidores de Costa Rica, es que se consideró los tiquetes de 100% como una sola unidad, debiendo haberse multiplicado por tres para obtener el dato real. Lo cierto es que los datos que pedimos a la CCSS están segregados por tipos de tiquete 1, 2 y 3 en el caso de 100% así como de igual manera los datos de la distribución. Más aún si multiplicáramos por tres los datos que la DPS cuestiona la pregunta sería ¿Por qué razón la Dirección de Prestaciones Sociales compró tiquetes para más de cuatro veces la cantidad de adultos mayores beneficiarios del sistema? Esto solamente es muestra evidente de la falta de planificación del sistema y el hecho palpable que la CCSS no conoce la demanda que atiende. Por lo que el dato de la cantidad de tiquetes comprados es cierto y es dado por la misma CCSS.
Es claro para Consumidores de Costa Rica, que la falta de planificación, el desorden administrativo y la inexistencia de datos que justifiquen las compras de la CCSS y su
distribución, son las razones por las cuales el sistema no anda bien; sin embargo no es de
ninguna manera eliminando el beneficio a los adultos mayores, como así lo quiere hacer la Dirección de Prestaciones Sociales, como se soluciona el problema. Tanto adultos mayores como empresarios de transporte público, como usuarios por debajo de los 65 años, somos
víctimas de un sistema sin control cuyo
responsable único es la CCSS.
La solución a este tema es sencilla, endurecer los controles, planificar el sistema y sustituirlo, solamente hasta tanto se cuente con un nuevo sistema. Eliminar los tiquetes en este momento, solamente sería una salida fácil de la CCSS del embrollo en el que se metió, perjudicando a todo el sistema de transporte público.

*Presidente *Vicepresidente Consumidores de Costa Rica.
Periódico La Prensa Libre 6 de julio de 2007.