RESONOCO

Max Loría Ramírez

Politólogo

Me refiero a la columna Ojo crítico de mi apreciado exprofesor don Rodolfo Cerdas, del domingo 27 de julio. No entiendo por qué se insiste en confundir la paz con la inocencia. Eso es lo que hace don Rodolfo con los ejemplos que da.

No creo que todo se pueda resolver con paz, aunque sí creo que la violencia engendra más violencia. Esa es una enseñanza muy clara de la humanidad y de la civilización.

También es bastante discutible la relación inmediata entre legítima defensa y posesión de armas. Esa falacia fue explicada hace unos días en La Nación por un joven abogado. También seis muy distinguidos constitucionalistas explicaron de forma contundente que ni la primera, muchos menos la segunda, pueden considerarse como derechos fundamentales en Costa Rica.

Más allá de esa discusión de fondo, hay que tener cuidado con afirmaciones que hace don Rodolfo que no son ciertas con respecto a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para regular las armas de fuego.

No es la intención de ese proyecto desarmar a la población. Se mantiene la posibilidad de que las personas posean y porten un arma de fuego, considerada suficiente para defenderse.

Eso sí, se incrementan los requisitos y pruebas para asegurar que las sepan usar, que las guarden correctamente y que no pasen accidentes como vemos todas las semanas en los periódicos, donde hasta niños han sido víctimas de armas que supuestamente estaban en el hogar para “defenderse”.

Tampoco es cierto que se quieran eliminar derechos patrimoniales. El proyecto presenta un transitorio para que aquellos que tienen armas inscritas conserven la vigencia de los permisos correspondientes.

Lo que sí es cierto es que el proyecto pretende, sobre todo, quitar las armas de los delincuentes. Por eso se sanciona más severamente a quien tenga o porte armas ilegales, o legales sin los respectivos permisos.

Los diputados están prontos a iniciar la discusión de esta importante propuesta y deberán estar atentos al debate nacional sobre el tema. Yo digo que la relación de las armas de fuego con la violencia, el delito y el crimen es inevitable e incontestable.

Puede que se esté o no se esté de acuerdo con ese argumento, pero no se vale decir cosas que no son ciertas.
periódico La Nación. 8 agosto 2008.

Francisco Barahona R.
Las cifras de inflación programadas para este año por las autoridades del Banco Central son alarmantes y rondan el 14%, es la más alta en los últimos diez años y eso que en la realidad podría aumentar dependiendo del comportamiento externo de los precios del petróleo, de los alimentos, de la recesión en USA y de las acciones que internamente se tomen en política tributaria, cambiaría y productiva. En suma, estamos comenzando a transitar no una romería como lo afirmó la vicepresidenta Chinchilla, sino un verdadero calvario para cientos de miles de costarricenses que sufrirán las consecuencias en carne propia. Este próximo sábado se reunirá el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, convocados por el presidente Arias para supuestamente encontrar políticas y acciones que disminuyan estos impactos negativos, al menos en teoría, y en un momento donde se nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tendrá que reducir sus metas originales que hoy pecan de optimistas y de imposibles. Es claro que esta administración no cumplirá sus metas contenidas en el Programa de Gobierno de la pasada campaña electoral y que tampoco lo cumplirá con el PND, con lo que una vez más el electorado será defraudado aunque se expliquen mil y una razones para justificarse. ¿Qué ha sucedido?, pues que es evidente el fracaso de la supuesta inteligencia de la clase política nacional que nos gobierna que no interpretaron las "señales de los tiempos" y continuaron como si nada sucediera, sin tomar acciones preventivas y menos estructurales que mejor nos prepararan para hacerle frente a esta crisis. Las señales se dieron desde hace al menos dos años y en nuestra tiquicia no se tomaron las medidas adecuadas, pues en su gran mayoría los decidores solo estaban comprometidos con la aprobación del TLC con Estados Unidos y nada fuera de eso les importó.

Hoy se rasgan las vestiduras, pero era claro para muchos que tras más de tres décadas de aplicación o intoxicación neoliberal que se tradujo en el abandono y debilitamiento del estado solidario, de la ruina de los productores agropecuarios, del debilitamiento estatal a expresiones mínimas de intervención en la economía, de la protección excesiva y fortalecimiento del sector privado interno y externo y del aumento de la corrupción en sus variadas manifestaciones, incluyendo el lavado de dinero y el narcotráfico como parte de sus manifestaciones; todo ello existía y sin embargo, no se tomaron las acciones apropiadas y menos planificadas para hacer frente a esos retos.

Nuestra pequeña política gira más en torno a la renuncia de un Ministro, de las supuestas asesorías, del pequeño truco parlamentario para aprobar un proyecto de ley o del escándalo de nuevas candidaturas germinando a destiempo, de destrozos callejeros de turbas de pachuchos que no saben ni por qué protestar, en suma, creyendo que nuestro pequeño mundo lo podemos controlar con improvisaciones de último minuto o sirviendo intereses externos que nos tienen en la mira. Ya está llegando el tiempo de agotar nuestra paciencia y de exigir que todos tomemos en serio nuestro presente y futuro, dando un paso adelante y retomando nuestros destino por propia mano ante el fracaso de los que supuestamente nos gobiernan a base, en su mayoría de improvisaciones, tanteos, equivocaciones y ocurrencias.

periódico La Prensa Libre 7 agosto 2008.

Gerardo Castillo Martínez *
Los altos precios del petróleo, la debilidad del dólar usamericano, la especulación en los mercados financieros, el incesante incremento en el valor de las adquisiciones de alimentos, la escasez de éstos, el cambio climático global y la gran demanda por la comida mundial que están haciendo China y la India, han puesto en la picota de las discusiones académicas la vigencia y pertinencia de la teoría de las Ventajas Comparativas. Según esta postura, si un país X es más eficiente en la producción de determinado bien, los otros países que también lo producen, pero a un costo mayor, deben comprarle a X todos los suministros que necesitan para abastecer el mercado interno, con el fin de beneficiar a los consumidores dados los menores precios con que serán conseguidos, a la vez que desincentivan la provisión local de ese bien. También, esa teoría, cree ciegamente en el libre comercio, en la igualdad de cada uno de los actores que concurren al mercado y en la no intervención del Estado en la economía.

Sin embargo, lo que se les “olvidó” decir a ella y a sus defensores es que no se hacían responsables por el desempleo y por la pérdida del poder de compra de los productores “ineficientes” en las naciones que adhirieron a ese postulado y que quedarían al desamparo, pues no consideraron que igualmente se
alimentan y que necesitan del sustento que les procuraba el trabajo en el campo, y que ahora ya no tienen, para poder lograr ese elemental derecho. Por otra parte, “omitió” mencionar que los precios internacionales de los alimentos no se mantendrían siempre bajos en comparación con el costo local de producirlos. ¿Nos previno, acaso, de que los alimentos, amén de otras materias primas, subirían sus cotizaciones en gran parte por las prácticas especulativas de las Bolsas de Valores?
Pero sobre todo, no se nos advirtió que los países que dejaban de producir en favor de esos mitos, no obstante tener, en el caso de los granos básicos, las condiciones agroecológicas y climáticas ideales y el apoyo de los gobiernos para sostener la oferta interna, podrían ser extorsionados por razones geopolíticas o de mercado, tal como sucedió en Centroamérica en la era de la Guerra Fría. Tampoco hubo sinceridad en cuanto a que el libre comercio en realidad no existe en las naciones desarrolladas, cuna ideológica de la teoría de las Ventajas Comparativas, pues los subsidios a la producción y la exportación continúan hasta nuestros días, y que en el fondo lo que se perseguía era y es que los países que abandonaran su producción para importarlo todo, dejaran espacios para que los excedentes alimentarios que no podían ser colocados en otros mercados tuvieran oportunidad de ser depositados en aquellos a precios artificiales, que, a la postre, terminarían por destruir la aún endeble competencia criolla. En Costa Rica, los programas PL-480 y otros administrados por la AID, en especial durante la ejecución de los convenios de ajuste estructural y de estabilización económica, en los 80, con el BM y el FMI, se constituyeron en las estratagemas bien calculadas por la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado de Estados Unidos para “convencer” a los gobiernos de entonces y a las empresas importadoras y agroindustriales de la necesidad de ver a los granos exportados por esos programas, respectivamente, como bienes salario e insumos competitivos, para luego crear las condiciones sociopsicológicas que posibilitaran la penetración, primero subsidiada, y luego a precios de mercado, del excedente alimentario de ese país en nuestro mercado interno.

Otra cosa que ocultaron hablar fue de que la ejecución del modelo de las Ventajas Comparativas, no admitía que el gobierno del país en donde se descuidó la producción de alimentos intentara siquiera crear y mantener una política de soberanía alimentaria, en la que los
precios y el mercado para los productores locales estén garantizados y la importación de granos sea disuadida a través de impuestos arancelarios altos.

Hoy día el Gobierno de turno, ante la arremetida y la profundización de factores externos adversos que han llevado al encarecimiento de los alimentos y a su escasez —y sin que haya ni por asomo un arrepentimiento ideológico por lo que hizo, en los 80, el mismo Partido que, en esa época, y ahora también, dirige el país—, propone que el consumo de arroz, de maíz blanco y de frijoles, de producción local, lleguen en dos y tres años a porcentajes altos en la demanda nacional, sin mencionar que la diferencia respecto del 100% en esos tres granos será de todas maneras satisfecha por la vía de las compras externas. Curioso que dentro de ese plan no hayan tomado en cuenta al maíz amarillo. La excusa es que el rendimiento de este grano es muy bajo, por lo que debe seguir siendo importado en su totalidad. ¡Cinismo!: desde la década de los 80, y hasta la fecha, desprotegieron adrede su producción en virtud de que es uno de los granos que Estados Unidos “negoció” con el Gobierno de esos años para ser vendido en el país, mediante los PL-480 y posteriormente a través del mercado.

Las autoridades no sueltan prenda acerca de cómo se regirá el sistema de precios con el cual serán adquiridos los granos producidos por los pequeños y medianos agricultores. Si la solución que prevé para esto es que el mercado se encargue de fijarlos, ergo la oferta y la demanda será determinada por el “precio de equilibrio”. El problema es que ese eventual precio puede que no cubra los costos o le deje un margen de ganancia muy estrecho al productor a tal punto que le impida reinvertir en su negocio. Es obvio que el ganador en un sistema así, será el intermediario privado. Por otro lado, el Gobierno no ha dicho qué pasará con la producción nacional, que afirma va a lograr con su plan, ante un escenario de precios altos en el mercado internacional, los cuales con toda seguridad incentivarán a que una porción muy importante de lo que se produzca trate de ser exportada. ¿De qué “seguridad alimentaria” nos habla el Gobierno si no ha explicado cómo frenará la potencial “estampida” de comida en un contexto semejante? Pienso que llegó la hora de hablar, planificar, decidir y ejecutar políticas sobre autosuficiencia alimentaria en vez de seguir insistiendo en el fallido supuesto ideológico de la seguridad alimentaria suministrada mediante las Ventajas Comparativas.

periódico LA Prensa Libre 10 julio 2008.

Francisco Barahona R.
El año pasado publicamos en Surco la idea de considerar la posibilidad de suscribir con Venezuela, especialmente con Petrocaribe, un acuerdo de cooperación que nos permitiera comprar a ese país, el petróleo en mucho mejores condiciones que el Acuerdo de San José, actualmente en vigencia; la nueva iniciativa energética es impulsada por el Presidente Chávez desde 2005 y de ella gozan 17 países como Guatemala, República Dominicana, Nicaragua y Panamá.

En dicha columna sugeríamos que no existía razón genuina para que Costa Rica no se adhiriera a dicho acuerdo, salvo un impedimento ideológico; parece que al fin la realidad se impone, ella es más terca que cualquier prejuicio sostenido por el actual Gobierno; sospecho que esa posición se tomó, pues estábamos ante el inicio de las discusiones del TLC con Estados Unidos y ante diferencias de criterios políticos entre Chávez y Arias, que impidieron por muchos meses el nombramiento de embajadores, alejándose ambos en buena parte de los foros y organismos internacionales en que participaban.

En aquella ocasión, nadie quiso hacer referencia a esta columna y menos comentar lo adecuado que nos podría resultar el acuerdo con Petrocaribe, decía entonces que al país no le convenía mirar solo hacia el norte y Europa, sino que además, debería estar atento y cercano al Mercosur y al Pacto Andino, es decir hacia Suramérica; el silencio fue entonces la tónica y seguimos viendo solo hacia el norte y el este.

Hoy, ante precios de más de $144 el barril de oro negro, parece que el prejuicio ideológico comienza a evaporarse y el Gobierno anuncia una delegación oficial que viajará en estos días a Venezuela intentando ser parte de ese selecto club donde se adquiere petróleo pagando el 50% de las compras a tres meses plazo, a diferencia del presente que le compramos más del 90% del crudo a ese país y debiendo cancelarle a ocho días plazo; además del otro 50% restante, el país puede disponer para invertirlo en obras de infraestructura como cooperación al desarrollo sur-sur, a un muy bajo interés del 1% y a un plazo de pago de veinticinco años. En otras palabras, mucho mejores condiciones que nos aliviarían una factura petrolera superior a los dos mil cuatrocientos millones de dólares, que se dice rápido, pero en colones es casi inimaginable.

Hace poco el diputado Merino y la ANEP, solicitaron al Gobierno el adherirse a Petrocaribe, desconocemos si el silencio fue también la respuesta, pero en todo caso parece que el sentido común se imponer en este orden de cosas y quizás las primeras acciones de nuestro nuevo Embajador allá, el historiador Vladimir de la Cruz, se orienten a la consecución de esta iniciativa que de haberse hecho antes, nos hubiera favorecido ampliamente como país. La lección principal sería la de escuchar desde el Gobierno a los ciudadanos que no piensan igual, el pragmatismo por encima de los prejuicios ideológicos o los alineamientos con los gobernantes estadounidenses y pensar primero en los beneficios para la ciudadanía. Esperemos recibir pronto buenas noticias.

periódico LA Prensa Libre 10 julio 2008.

Jorge Vargas Cullel | jovargas@nacion.co.cr.

Politólogo

Nueve meses después del referéndum del TLC, a primera vista, las cosas son muy distintas a las previstas. Eso es lo interesante de la política: que uno nunca sabe. Todo el mundo está descolocado, como sorprendido por la situación en la que se encuentra.

Empecemos por el Gobierno. No se cumplió su expectativa de que la victoria fuera el envión para asirse permanentemente de la iniciativa política. La cosa se le torció. Sigue atrapado por la aprobación de las leyes de implementación del TLC, que le ha dificultado plantear otras prioridades de política pública. El drástico cambio en el entorno internacional (subida del petróleo y alimentos, y desaceleración de la economía de los EE. UU.) ha instalado una difícil situación. Además, se ha enredado en sus propios mecates.

Está a la defensiva por varios yerros, incluyendo el episodio con la plata de Taiwán y del BCIE. La oposición de terciopelo (el PUSC, libertarios y otros minoritarios) sigue amarrada por el abrazo del oso del TLC. No puede desmarcarse del Gobierno, pues aún no se aprueba toda la agenda de implementación. Pero ya le agarró tarde para presentarse en el 2010 como fuerzas opositoras con credenciales como tales. Han proyectado más la imagen de sucursales pequeñas de la Casa Presidencial que de partidos con identidad discernible.

El PAC tiene limpia la cancha como fuerza opositora, pero no ha capitalizado esa ventaja. Solito parece haberse hecho un chicle. Ha pagado un fuerte costo por sus abruptas marchas y contramarchas en relación con la agenda de implementación. Ha influido poco en temas cruciales como la apertura de seguros y de telecomunicaciones. Se ha debilitado –perdió una diputada– y no logró alivianar la desconfianza que le profesa una parte de su base electoral “natural”.

La oposición extraparlamentaria (organizaciones sociales, laborales y círculos intelectuales) no ha logrado articularse en una alternativa política. Sigue enojada pero dispersa. Los comités patrióticos no mantuvieron su nivel de actividad y los sindicatos están aislados. Su definición de que el referéndum era la batalla final contra el neoliberalismo les dificultó el día después.

Y, sin embargo, el desconcierto tras el referéndum era previsible. Ningún resultado sobre el TLC resolvía la crisis de nuestro sistema político o el entrabamiento institucional que facilita el bloqueo recíproco. Hoy afloran las consecuencias de la política del “todo o nada” del año pasado. Cuando más se necesitaba tender puentes hacia el futuro, es decir, nuestro complejo presente, nos fuimos de boca con la retórica y la testosterona. Y así llegamos aquí.
periódico LA Nación 10 julio 2008.

Raúl Montaño Tello | raulcayomonte@yahoo.com

La operación Jaque preludiala desaparición de las FARC

Analista internacional

La operación llevada a efecto hoy por los servicios de inteligencia del Ejército colombiano, bajo el comando de los generales Mario Montoya y Freddy Padilla, y las órdenes directas del Ministro de la Defensa y del presidente Álvaro Uribe, pasará a la historia de la lucha contra la insurgencia de las narcoguerrillas colombianas como el golpe más espectacular dado alguna vez a un ejército enemigo en tierras latinoamericanas. Sin disparar un tiro y haciendo uso exclusivo de una sofisticada operación de infiltración al Secretariado.

La operación Jaque, en efecto una jugada de verdadero ajedrez político militar, demuestra la grandeza del liderazgo político del presidente Uribe, la justeza de su estrategia de enfrentamiento a las narcoguerrillas y su inmensa capacidad logística, operativa y de inteligencia. Demuestra, sin lugar a dudas, ser el más grande estadista colombiano, un hombre comprometido en cuerpo y alma con la integridad y soberanía de su país, y un político osado y valiente, capaz de mantenerse tenaz e incansablemente tras el logro de sus objetivos: terminar con las FARC y restaurar la paz y la plena vigencia del Estado de derecho en la República de Colombia.

Sarkozy y Uribe. Sorprenden las declaraciones del presidente Sarkozy agradeciéndoles a Rafael Correa y a Hugo Chávez, así como a los restantes mandatarios de la región por los esfuerzos realizados para la liberación de Ingrid Betancourt. Como bien lo señalaran las informaciones contenidas en las computadoras de Raúl Reyes , queda meridianamente claro que ni el uno ni el otro han estado verdaderamente interesados en dicha liberación.

Su interés primordial ha sido torpedear las acciones del Ejército colombiano, interponer una cuña entre el presidente Uribe y las FARC y lograr obtener una salida política de alto efecto para el fortalecimiento de las narcoguerrillas. Incluso, impedir la liberación de Ingrid Betancourt, precisamente cuando más debilitadas se encuentran. Por cierto, gracias a la constancia y empeño de Uribe.

Este tema que hoy llena de felicidad a Colombia, y de regocijo a los demócratas de la región, no estuvo en la agenda del Mercosur, recientemente celebrado en Tucumán. Ni ha sido auténtica preocupación de la OEA ni muchísimo menos de su secretario general, José Miguel Insulza, que ha tenido la desfachatez de reivindicar al presidente Hugo Chávez por su mediación para resolver el conflicto diplomático existente entre Colombia y Ecuador. Como si tal conflicto no hubiera sido generado precisamente por el presidente Chávez.

Jaque mate. A esta operación Jaque le sucederá pronto la operación Jaque Mate. De un golpe de esta magnitud, que demuestra el nivel de incapacidad logística, desorganización y bajos niveles de inteligencia del Secretariado de las FARC, no se recuperarán fácilmente. Perdidos sus secuestrados de primera magnitud, verdaderas joyas de la corona que garantizaban un blindaje contra las acciones más devastadoras del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, quedan a la intemperie, desprestigiados y confundidos. Han sido burlados de una manera casi grotesca.

La operación Jaque preludia la desaparición de las FARC y restituye todo el prestigio de un gran estadista, sometido a la miseria de un sector de la clase política, más interesada en liquidarlo para reconquistar sus perdidos espacios que en ponerle fin a la tragedia que azota a nuestro pueblo. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que se han prestado a las viles escaramuzas de los enemigos de Uribe, deberían mirarse en el espejo de su grandeza. Les hace falta.
periódico La Nación 10 julio 2008.

José A. Cabezas
jcabezas@racsa.co.cr
Ciertamente da la sensación de que a la Administración Arias se le está acabando la energía. Hace bien en realizar una encerrona, pero que ojalá salga algo de ahí que produzca regeneración. Porque este tipo de reuniones terminan en muchas ocasiones, en una lluvia de auto halagos, de abrazos, de felicitaciones mutuas por la buen labor que realizan. Esto es: el Ministro de Agricultura felicita al de Energía y Minas, éste a la de Transportes, ella a la de Salud, y así hasta terminar la vuelta al gabinete completo, autoconvenciéndose de que son los mejores del mundo.

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El sexólogo Mauro Fernández, que escribe en este mismo medio, le llamaría a esto, una masturbación política en masa.

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La imagen del gobierno se ha venido desgastando, ausente de principios elementales que la resguarden. El tratamiento de ciertos escándalos como el último que le costó la cabeza al Ministro Zumbado, pero más que todo al precandidato Zumbado, fue un tratamiento mediático mal dado. La reacción oficial ante el aumento del costo de la vida a escala mundial, no le ha transmitido al ciudadano la sensación de que el país haga algo fuerte y convincente. Tuvo unos arrestos iniciales, emprendiendo algunas tareas de tránsito, etc etc. Para luego, caer en la misma desidia ancestral.

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Enarboló como propia a una precandidata con demasiada anterioridad, como se lo dijimos aquí, y la convirtió por este error estratégico, en un blanco fácil que la hubiera hecho llegar trastabillando al final de esta Administración. Entonces, aunque se dieron cuenta tarde, la sacaron del baile pero demasiado perceptiblemente.

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Todo esto muestra a un gobierno errático en muchas cosas, que hacen desvanecer sus triunfos políticos como el Referendo, el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, y otros más. La aniquilación de un solo hombre como lo fue Kevin Casas, pesó más en su imagen que aquellos otros logros de magnitudes muchísimo mayores.

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Estamos sintiendo que se le desvanecen las energías a los hermanos Arias, que se encuentran solos, que yerran. ¡Está mal esto!
periódico La Prensa Libre 7 agosto 2008.

Jorge Vargas Cullel | jovargas@nacion.co.cr.

Politólogo

Desde hace varios años, la política en Costa Rica es cada vez más un asunto de abogados. El mejor golpe político no es ganar una elección, sino un caso judicial. Lo primero que discutimos es si tal o cual cosa viola un derecho, si un procedimiento ha sido trasgredido (en cuyo caso hay que desandar lo andado) o si mi derecho vale más que el derecho ajeno. Cuando las cosas son así, lo que uno necesita son abogados capaces de plantear un caso o de atacarlo y jueces que fallen sobre la materia. Salen sobrando cosas que antes eran esenciales como políticos, partidos y organizaciones sociales.

Varios de los asuntos más importantes han sido discutidos (y decididos) por medio de la interpretación de la ley. La reelección presidencial se resolvió en una corte. Buena parte de la discusión del TLC fue la polémica sobre su constitucionalidad. Cualquiera se trae abajo una ley o política pública con una resolución judicial favorable. Hace rato que los diputados no van ni al baño sin antes pedir permiso a la Sala IV. En este contexto, vale más un buen abogado que un millón de votos: aunque cobre caro, sale más barato y fácil pagar sus honorarios que sudar la chaqueta en una campaña electoral o armando mayorías parlamentarias.

Los derechos son indispensables en una democracia. Constituyen la garantía de nuestras libertades y las armas para influir sobre Gobiernos y políticas. Hoy, la Constitución Política tiene una materialidad que antes no tenía, gracias al acceso ciudadano a la Sala IV. Las instituciones del Estado de derecho hacen posible que las autoridades deban respetar la ley, aunque nos les guste. ¡Fantástico!

La política, sin embargo, es mucho más que una discusión de derechos y procedimientos. Cobija dimensiones éticas, ideológicas y económicas que solo pobremente quedan expresadas en una discusión legal. En la política hay que transar intereses y buscar equilibrios; a veces hay que aceptar un mal arreglo y no un buen pleito. Pero, cuando todo queda reducido a una discusión legal, las personas no negocian nada. Yo no tengo un medio derecho al sufragio, un caso lo gano o lo pierdo.

La judicialización de la política puede empobrecer la deliberación democrática y distorsionar el principio de representación popular. El peligro es que coloca a los tribunales de justicia en una función imposible, para la que no fueron creados: decidir hacia dónde va el país. En este tinglado, los políticos quedan como los tinterillos de antes, preparando casos para los abogados. El riesgo es que un día se les endose a los jueces la culpa de los males del país y, entonces, se genere un peligroso escenario inverso: la política sin límites legales.
periódico La Nación 7 agosto 2008.

Johnny Meoño Segura

Politólogo y administrador público

El asunto de las consultorías del Gobierno con el BCIE, destapado por La Nación , ha desatado múltiples reacciones, muchas de las cuales no parecen reconocer el particular o bizarro contexto público y político criollo en que ello ocurre.

Preguntas. Hay preguntas esenciales que no se han hecho todavía, y que han de interesar, al menos, a la Contraloría de la República: las consultorías específicas para la asesoría superior en toma de decisiones, gobernabilidad y reforma del Estado ¿se estarán dando por tantos consultores –muchos sin experiencia o formación sobre el fenómeno público nacional– bajo un mismo marco conceptual como para que sus análisis se agreguen hacia una comprensión integral y unitaria de dichos temas?

Visión integral. Que no pase como en Ambiente, donde una ley de biodiversidad, más otra forestal, otra de agua, otra de suelos, otra de áreas de conservación, etc., nunca producirán, aplicadas unilateral y parcialmente como ha sido, una visión integral ambiental como sí la da la excelente Ley Orgánica del Ambiente, ejecutada tan desdeñosamente por los Gobiernos desde su promulgación en 1995.

O en pobreza, donde lo que hace el IMAS, más lo que hace el PANI, más lo que hacen el Ministerio de Salud, MEP, INA, Fodesaf, Inamu, etc., de ninguna manera permiten per se una lucha efectiva contra la pobreza como la configurada con absoluta claridad y contundencia –sí, señores– en el Código de Niñez y Adolescencia, olvidado e incumplido por el órgano rector político del sector, o sea, Presidente y Ministro de Lucha contra la Pobreza (aquí, más bien, se ha delegado en una Viceministra un liderazgo político que es exclusivo de aquellos).

¿Otro ejemplo? Lo que hacen individualmente el MAG, más el CNP, más el IDA, más Senara, más el INTA, etc., jamás producirá una acción integrada en desarrollo agropecuario como la que sustenta y permite desde 1987 la también, y para variar, incumplida Ley Fodea.

Leyes superiores. Todo lo hacemos a contrapelo de diversas normas y leyes superiores que sí permiten hacerlo todo bien. Los expertos contratados con esos fondos del BCIE y Taiwán ¿conocerán a fondo estos factores normativos e institucionales para asesorar y movilizar al Gobierno para ganar esas “luchas”, tal como Mideplan, solito, debía hacerlo, pero obviamente no lo hace, y por ello se recurre a tantas inteligencias externas?

Ni siquiera la esencial Ley No. 8220 de simplificación de trámites del 2002 ha suscitado el mínimo interés de Mideplan –o de la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y los partidos de oposición para exigirla–, a sabiendas de cómo se dinamizaría con ello la gestión pública, pues se corregirían tantas regulaciones y malas prácticas que generan tantas quejas de los ciudadanos y tanto dispendio del multimillonario gasto público.

Una intensa pero simple reforma, hoy, de actitudes y prácticas políticas y administrativas produciría mañana procesos más transparentes y eficaces del Estado.

Debe entenderse por qué dos más dos nunca serán cuatro en un contexto institucional en el que, si bien impera el oscurantismo de muchas malas leyes y reglamentos, existe una normatividad superior que sí permite por sobre aquellas el pleno desarrollo del país, si solo se la ejercitara con conocimiento y responsabilidad.

Sin entender esta particular aritmética político-administrativa costarricense, nunca estaremos en condiciones de enmendar los vicios políticos que nos han impedido dar ese salto mayor al mundo desarrollado de naciones, desde 1949 con la Constitución, desde 1974 con la Ley de Planificación Nacional, desde 1978 con el régimen de dirección interorgánica en la Ley General de la Administración Pública y desde el 2001 con la Ley No. 8131 de presupuestos públicos (pero todas ellas articulada o conexivamente entendidas y administradas).

La Contraloría General de la República debería indagar, entre otras cosas, si esta pléyade de asesores ha contribuido a aclarar este panorama normativo-funcional, de cara al decreto de sectores No. 33151-MP del 8/5/06 recién ajustado, el cual comprometió una “mejor Administración Pública” que, francamente, no parece estarse logrando.

¿Importará este asuntito en Cuesta de Moras? Tantos legisladores, por desgracia, dan la impresión de ser víctimas del extraño pero epidémico síndrome 2+2 son 4, el cual impide ejercitar un efectivo y contundente “control político” sobre el Gobierno.
periódico La Nación 7 agosto 2008.

Claudio Alpízar Otoya *
Un académico sin práctica está destinado a ser profesor, pero un político sin academia tendrá un destino terrible: ser un politiquero. Tanto las aulas como la “calle” son fundamentales en el ejercicio de cualquier función profesional, pero en ninguna tanto como en la política. Una da conocimiento la otra da experiencia y juntas producen sabiduría, imposible de improvisar, y de ella surge la intuición como la mayor virtud de los líderes.

Sentido común no corriente: Es frecuente oír que “el sentido común es el menos común” que utilizan los seres humanos. Frase que conduce al error, puesto que parte de la interpretación que aquel adjetivo se da por “default”, herencia o naturaleza biológica, y que por lo tanto todos lo poseen. Personalmente pienso que la denominación que se le da a este sentido, tiene su arraigo en la necesidad de que se desarrolle en todos los individuos con el transcurrir de los tiempos y por medio de la acumulación de experiencia. Para que luego sea utilizado con frecuencia y en forma masiva, común, en los acuerdos y en la toma de decisiones. Pero pensar que es “común” porque en cualquier “cajón” se encuentra o porque es intrínsico al ser humano, sí es un error muy corriente, sobre todo en los dedicados a la política. Haberle llamado sentido común es diametralmente diferente a llamarle sentido corriente.

Ese olfato que tienen los expertos, los estadistas, los visionarios, y que tanto nos sorprende y provoca admiración, solamente lo genera el equilibrio entre la espiritualidad, la educación y la experiencia. Descifrar los cambios en los tiempos y reconocer la diversidad en las distintas realidades de cada ser humano, solo la intuición lo permite. Ella es intangible, puesto que es una percepción de lo que puede acontecer a futuro de acuerdo a una lectura del pasado y a la interpretación del presente, es una mezcla de habilidades y pronósticos cargados de sabiduría. No necesariamente produce un ser infalible, pero sí certero y consecuente. Saber “leer” las percepciones de la sociedad y de la particularidad de los individuos, permite estar mucho más cerca de decisiones correctas.

El artista gobierna: Gobernar no es sencillo, es un arte, no en balde 500 años antes de Cristo, Confucio lo comprendió y creó una escuela de políticos en la cual enseñaba el arte de gobernar. Partía de la premisa que la clase política está obligada a estar al servicio de los miembros de la sociedad, apegada a reglas morales. Además promulgaba desde aquella época que la educación es el elemento central en la vida de los seres humanos y que la misma no debe conocer clases sociales, por ser el único instrumento de ascenso social. Confucio era fiel creyente de la meritocracia. Pero pasados más de 2.500 años de sus enseñanzas pareciera que han sido pocos los “graduados” en política, y menos en gobernabilidad.

Gobernar implica responsabilidad con el uso del poder. Como responsable ante los ciudadanos el gobernante debe actuar con sabiduría, saber dirigir y estar dotado del olfato de los expertos: la intuición. Parece injusto, cruel, pero solo el tiempo y la historia premian la intuición en los líderes, pues solo el transcurrir del mismo y el alcanzar los objetivos trazados pondrá en su verdadera dimensión lo acertado de las decisiones.

La política es la base para gobernar, aunque muchos “políticos” y “periodistas” —a lo interno y a lo externo de ella— intentan desprestigiarla y destruirla. No se dan cuenta que con ello golpean a la herramienta que pone orden en el pluralismo y la variedad de las sociedades. Puesto que si existiese un consenso absoluto, no tendría sentido el gobierno.

Lord Chesterfield enunciaba que “la cultura se adquiere leyendo libros; pero el conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, solo se alcanza leyendo a los hombres y estudiando las diversas ediciones que de ellos existen”, eso solo lo permite la política. Por tanto, la mayor cantidad de intuición política se saca del libro de la vida. Empero, igual que en las librerías, existen hombres y mujeres que por sus vidas son grandiosas enciclopedias, otros son libros, algunos llegan a revistas, varios son apenas cartas difusas, y otros tantos ni siquiera han empezado a escribirse.

*Politólogo
periódico La Prensa Libre 6 agosto 2008.