RESONOCO

Jorge Arturo Chaves | jachaves@cedi-op.org

Cabe interrogarse sobre el alcance de la denuncia de la exviceministra de Desarrollo Social
sacerdote Dominico, Economista

Nos lo acaba de recordar la exviceministra de Desarrollo Social: existen 22 instituciones y 50 programas sociales selectivos con el propósito de ayudar a los pobres, pero no hay evaluación que permita saber lo que están haciendo ni si están llegando a los supuestos beneficiarios. No cabe duda de que se trata de un serio reconocimiento y de una denuncia dramática. Impacta de tal manera que es fácil deslizarse en una apresurada interpretación, pero, quizás, también incompleta.

Algunos han visto en la noticia una explicación de “las razones de la persistencia de la pobreza en nuestro país”. Otros, como el Editorial de este mismo periódico, esperan, en consecuencia, “por razones políticas y éticas, una reacción radical de parte del Poder Ejecutivo para articular una genuina política social a largo plazo, que tome en cuenta las denuncias transcritas”; y se refieren a una política “de Estado”, no a algo transitorio.

Una seria denuncia. Es preciso preguntarse cuál es el alcance de la seria denuncia y qué relación tiene la situación revelada con el problema de la pobreza en el país.

Una forma de empezar a aclararse –quizás demasiado simple– es preguntándose lo siguiente. En el caso hipotético de que las 22 instituciones y los 50 programas sociales funcionaran bien, con eficiencia y acierto en llegar a los beneficiarios, ¿estaría resuelto el problema de la pobreza en Costa Rica? Por supuesto que nadie se atrevería a afirmarlo.

El análisis o la intuición ayudan a comprender que aunque existiera una rectoría eficaz del sector social, un sistema de información que –¡por fin!– permitiera identificar por nombre a los que requieren ayuda, y una supervisión y evaluación de los programas, esto no es todo. Sería fantástico que esto pudiera darse; sin embargo, ese logro –que no es poco– en gran medida solo aportaría un ordenamiento y un manejo honesto de fondos de ayuda.

Sin embargo, la “genuina política social a largo plazo” abarca mucho más que una ayudaex post , como la llaman los economistas. La lucha contra la pobreza no conlleva solo ayudar a sus víctimas, sino impedir que se produzcan. Si en los planes de crecimiento del país se continúa pensando en términos de “ganadores y perdedores”, y de que todo proceso de crecimiento económico tiene “víctimas colaterales”, jamás se podrá contar con una política “radical” y “genuina” de erradicación de la pobreza. Esta debe ser un objetivo planeadoex ante , explícito, prioritario, de todas las políticas públicas –ese es su “piedra de toque”–, principalmente de las económicas y no solo de las políticas de ayuda social focalizada.

Definir prioridades. Las declaraciones de la exviceministra García Quesada son de trascendental importancia. Aparte del tema ético implicado, nos ayudan a pensar en que el criterio de eficiencia no puede ser ajeno a las políticas de transferencias y, más en general, a toda la economía de donaciones. Las instituciones y programas a cargo deben ser además, aunque pueda sonar chocante, maximizadoras de beneficios, solo que no de los funcionarios, sino de los receptores, de los pobres mismos. Solo se justifican las intermediaciones de instituciones públicas o no gubernamentales, cuando ofrecen algún valor agregado, cuando transfieren más de lo que reciben o, al menos, tanto como reciben.

Sin embargo, hay que insistirlo, la lucha contra la pobreza no puede quedar reducida ni consistir principalmente en esa indispensable ayuda al necesitado. Exige una redefinición de prioridades de todas las políticas públicas, entendiendo que el logro de este giro no depende únicamente de los políticos de turno. Se requiere la acción organizada de ciudadanos que asumen su “deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros” (Pablo VI).
periódico La Nación 2 setiembre 2008.

José Saramago

El poeta nicaragüense es víctima del autoritarismo de Daniel Ortega
escritor ( y 150 firmas )

Denunciamos el reciente ataque del gobierno de Daniel Ortega contra el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal.

El padre Cardenal había sido acusado en el 2005 por injurias a raíz de una carta que publicó en defensa propia, y recibió una sentencia que lo absolvía de estos cargos y lo declaraba inocente, tan absurda era la acusación.

Ahora, un juez obediente a Ortega ha revocado esa sentencia y lo ha declarado culpable. Esta acción es totalmente ilegal. La legislación nicaragüense considera que una sentencia solo puede ser apelada en los seis meses siguientes; de lo contrario se considera cosa juzgada y no puede cambiarse. Pero el sistema judicial responde a la voluntad política de Daniel Ortega.

Clara represalia. Todo aparece como una clara represalia por la permanente actitud crítica del padre Cardenal contra los abusos del gobierno de Ortega. Casualmente, esta sentencia fue dictada a su regreso de la toma de posesión del presidente Lugo en Paraguay, a la que fue invitado de honor y a la que Daniel Ortega se vio impedido de asistir por el rechazo de las organizaciones feministas a su presencia, dada la acusación de abuso sexual que le hiciera su hijastra, Zoilamérica Narváez. En Paraguay, como en otros lugares, Cardenal dijo lo que piensa de Ortega.

La integridad de Ernesto Cardenal y sus credenciales como persona que ha dedicado su vida a la causa de la justicia, confieren enorme autoridad a sus críticas, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Esto resulta intolerable para Daniel Ortega y es la razón por la que Ernesto Cardenal ha sido condenado en un fallo judicial injusto y vengativo y, por tanto, escandaloso.

Ernesto Cardenal es la más reciente víctima del acoso sistemático orquestado en contra de todos aquellos que han levantado sus voces para denunciar la falta de transparencia, el estilo autoritario y el comportamiento inescrupuloso y la falta de ética de Daniel Ortega en su retorno al poder.

Persecución política. Llamamos a los escritores y amigos de Nicaragua en el mundo a denunciar esta persecución política, a demandar el cese de estas acusaciones ilegales e infundadas y a expresar su solidaridad con Ernesto Cardenal y con el derecho del pueblo nicaragüense a vivir libre de miedo y represión.

La primera precaución consistirá en no confundir nunca la ley con la justicia. A Ernesto Cardenal no le ha servido la ley porque la administra una justicia que se dejó corromper por los rencores y las envidias del poder. Ernesto Cardenal, uno de los más extraordinarios hombres que el sol calienta, ha sido víctima de la mala conciencia de un Daniel Ortega indigno de su propio pasado, incapaz ahora de reconocer la grandeza de quien hasta un papa, en vano, intentó humillar.

A Daniel Ortega le pido que se mire en un espejo y me diga qué es lo que encontrará en él. Si le da vergüenza, al menos que tenga la valentía de pedir perdón. Si no lo pide, si no levanta la voz para clamar, él mismo, contra la condena de Ernesto Cardenal, sabremos que sus méritos humanos y políticos han caído a cero. Una vez más una revolución ha sido traicionada desde dentro.
periódico La Nación 2 setiembre 2008.

José A. Cabezas
jcabezas@racsa.co.cr
Hay una lectura parcialmente equivocada acerca de la baja en la popularidad medida estadísticamente, del gobierno del Dr. Arias Sánchez.

• •
Luego de la Administración Carazo Odio se fortaleció la figura de quien fuera el presidente anterior, Daniel Oduber Quirós, quien comandó durante muchos años después la cabecera de los hombres más apreciados y respetados del pueblo costarricense. La campaña mediática tan fuerte contra él, apenas empañó su imagen pública poco tiempo antes de su muerte.

• •
Cuando le consultaron a Oduber a qué se debía esa posición privilegiada tan sostenida por las encuestas, respondió con gran acierto. Don Daniel dijo que se debía a que Carazo había hecho tan mala presidencia, que había engrandecido automáticamente la de él, pues el pueblo recordaba una y otra administración y frente a tal espejo, la admiración se volcaba a su favor.

• •
Sin duda alguna lo mismo pasó con Arias Sánchez. Cuando el pueblo vio sus primeros meses de administración, con una personalidad, mando, derroteros, decisiones, etc, tan alejados de lo que fue la Administración de Abel Pacheco, el país sintió un shock, un “golpe de vista”, lo que fue totalmente normal sicológicamente hablando, y elevó más allá de lo que se merecía la percepción del gobierno actual. En otras palabras, son factores externos que influyen para crear un espejismo.

• •
Algo parecido ocurre en el amor. Luego de los fracasos de pareja, uno de los dos inicia otra relación romántica y tiende a comparar el comienzo de esta con el final de la otra, y por supuesto que el pobre ex marido o ex novio aparece en la memoria como el más “chuica” de los seres humanos. Es de ahí de donde nacen las expresiones como: “no sé cómo pude haber estado con …” o “fue un error en mi vida…”

• •
El ser humano es así. De ahí que la Administración Arias en la realidad, no es hoy ni peor ni mejor de lo que fue a su inicio, pero aquella sensación de tener un gobierno con un “hombre en casa”, con norte, con decisiones, pensante, nos hizo compararlo con aquel pachequista de expresiones cantinflescas, de “sacaditas de tarjetas”, pero vacío en autoridad, en ideas, en imagen, en sinceridad… Y entonces, creímos que habíamos arribado a un nuevo amanecer.

• •
Pero, no. Para mi gusto, tenemos apenas a un “gobiernito bueno”, ¡pero nada más!

periódico La Prensa Libre 11 agosto 2008.

LA VIOLENCIA NO ES COSTARRICENSE
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
En su célebre libro, El Profeta, el poeta libanés Gibran Khalil Gibran nos dice: “Puedo hablaros del bien que existe en vosotros, pero no así del mal. Pues ¿qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y sed? La verdad es que cuando el bien está famélico busca su alimento hasta en las cuevas oscuras, y cuando siente sed bebe hasta de las aguas estancadas”.

Yo no creo que exista maldad en el joven costarricense. No creo que su corazón haya nacido envenenado, ni que sus intenciones sean por naturaleza destructivas. Ni siquiera creo eso de los jóvenes costarricenses que hace algunos días destrozaron las instalaciones de la Universidad Latina en San Pedro de Montes de Oca.

Por el contrario, creo que nuestra juventud recurre a la violencia cuando es violencia lo que encuentra a su alrededor. Creo que acude al irrespeto cuando es irrespeto lo que conoce. Es muy fácil tirar la primera piedra, acusar, censurar y exclamar con dolor: “nuestra juventud está perdida”. Pero qué difícil es evaluar nuestro propio corazón, y preguntarnos si no compartimos nosotros parte de la culpa por los hechos ocurridos.

En mis años de vida he visto muchas cosas. He visto jóvenes guerrilleros con sus cuerpos acribillados en las montañas nicaragüenses. He visto jóvenes salvadoreños que perdieron sus brazos o sus piernas en la guerra civil centroamericana. He visto jóvenes marcados por el dolor de la muerte de algún ser querido en las calles guatemaltecas. Pero hasta hace algunos años, nunca había visto a un joven costarricense protestar violentamente con el rostro cubierto por una máscara.

A Costa Rica la hicimos hablando de frente y mirándonos a los ojos. En este país no es necesario alzar el puño para alzar la voz, ni lanzar una piedra para lanzar una idea. Sin embargo, muchos han sido indulgentes con estas actitudes. Hay quienes, incluso, las han aprobado y legitimado. Esas personas pretenden dar a nuestros jóvenes algo así como una licencia condicionada, un permiso a la violencia siempre y cuando sea usada en contra de tal Gobierno o en contra de tal proyecto.

El problema es que, como bien lo adivinó Martin Luther King, la violencia no puede ser contenida. Es una espiral descendiente que lleva a una mayor destrucción. Aceptar la agresión, el vandalismo, el irrespeto, la falta de mesura y racionalidad, es sembrar una cizaña que crece mucho más rápido que la hierba buena, y acaba por consumirla. Por el bien de nuestros jóvenes, por la supervivencia de nuestra sociedad, es nuestro deber condenar todo tipo de violencia, no importa de quién venga, no importa hacia quién vaya dirigida, no importa qué causas la motiven, no importa qué fines persiga. En una democracia como la nuestra sólo la paz es un medio legítimo, sólo el diálogo es un camino aceptable. Si no lo comprendemos a tiempo, puede que nuestra democracia, nuestros ideales, e incluso nuestra población, corran peligro.

Por el momento, nada es irreversible. Nuestra juventud no está perdida. Pero requiere un ejemplo coherente y un único mensaje de parte de la población adulta de este país: la violencia no es costarricense.

Diario Extra 11 agosto 2008

Enrique Tovar

periodista

En una democracia como la de Costa Rica, siempre habrá pugna entre la prensa y quien gobierne. En una sociedad en libertad, como la de Costa Rica, siempre habrá contradicción, o aflorarán constantemente los cuestionamientos.

La misión de un buen presidente es gobernar lo mejor posible, especialmente procurar el bienestar de la mayoría de la población y crear más oportunidades para todos.

Misión de la prensa. La misión de los buenos periodistas es hurgar, husmear, dudar, averiguar, preguntar, fiscalizar. Para los gobernantes, sean excelsos o no, la buena prensa siempre será un dolor de cabeza, porque la misión de quienes ejercen el periodismo en una democracia es ser incómoda ante el poder. Aunque se equivoque, o a veces se exceda, la prensa no puede ser complaciente con quienes gobiernan. La transparencia así lo exige. La democracia así lo impone.

Da la casualidad de que en estos momentos Costa Rica tiene un excelente presidente y goza de una muy buena prensa, averiguadora y recelosa de los políticos.

Da la casualidad de que en una época aciaga como la que nos toca sufrir, y luego de pésimos gobiernos, al frente de los destinos del país está precisamente un hombre dotado de capacidad como Óscar Arias Sánchez, quien aparte de ir dándole oxígeno o respiración asistida a un Estado colapsado, debe afrontar nefastos embates mundiales, como la crisis alimentaria y los galopantes aumentos del precio del petróleo.

Aparte de eso, nuestro presidente debe lidiar con una Asamblea Legislativa cuya característica principal es entrabar, aunque hay que reconocer que la actual legislatura –en medio del obstruccionismo– ha aprobado buenas leyes y ha guardado un apreciable nivel de eficiencia y decencia, especialmente si se la compara con períodos anteriores.

El señor Presidente debe ver cómo aligera proyectos, cómo consigue recursos para echar a andar o fortalecer iniciativas. Es en un terreno de arenas movedizas donde tiene que desempeñarse o desde el cual darle aliento a sus acciones. Muchas veces deberá guardar silencio para no echar a perder una negociación en beneficio del país, o deberá disimular al máximo una acción emprendida para que se cuaje lo mejor posible. Eso es parte de su ejercicio político, de su actuación como gobernante, de su trabajo de estadista.

Sin concesiones. Sin embargo, para la prensa las cosas son diferentes. Está obligada a averiguar, a escarbar, a contarlo todo, sin concesiones de ninguna clase. Esto, por supuesto, puede ser irritante para cualquier gobernante, por más sereno o ecuánime que sea.

En este cuadrilátero o escenario, entre el poder político y la prensa se vienen desenvolviendo el buen presidente Óscar Arias Sánchez y los acuciosos periodistas. La pugna va a seguir. Cuando ya Arias Sánchez no esté gobernando, vendrán otros u otras –que podrían ser Laura Chinchilla, Johnny Araya, Otto Guevara, Ottón Solís–… Y en nuestra democracia habrá de continuar, irremediablemente, ese saludable pugilato.

Por de pronto, la prensa tiene su Óscar.
periódico La Nación 16 julio 2008.

Indignados por las manifestaciones realizadas por un ex presidente de la República, procesado ante los tribunales penales, en contra de algunos de los principales juristas del país, las personas abajo firmantes nos vemos en la obligación de elevar nuestra voz, no solo en defensa de los magistrados Arroyo, Cruz y del Fiscal General de la República, sino de la independencia del Poder Judicial, como garantía indispensable de un sistema democrático, y de la función republicana de los jueces cuando imparten justicia.

Bajo el título “Fe en el Poder Judicial”, el ex presidente Rafael Ángel Calderón lanza una serie de cuestionamientos infundados, ante las responsabilidades por el inminente juicio que le obligará a comparecer ante las autoridades jurisdiccionales.

Establece una diferencia entre lo que llama jueces y juezas probos, que entiende como aquellos que han “ratificado mi inocencia”, y otros que le preocupan y que son quienes “casualmente” han sido hostigados con comunicaciones anónimas y difamatorias, que el ex presidente no censura, como ocurre con el caso del magistrado José Manuel Arroyo, Presidente de la Sala Penal, quien además ha tenido que aceptar una custodia. O reclama que el magistrado Fernando Cruz, un intelectual intachable, haya sido honrado con el premio que otorga el Consejo Fiscal, en reconocimiento de su trayectoria histórica en esta función.

Al ex presidente Calderón le preocupa también el Fiscal General Francisco Dall´Anese, quien es el director de la institución a cargo de la acusación. Es normal, los hechos denunciados son muy graves. Todos estamos preocupados. Pero a diferencia del ex presidente, nosotros sabemos que a pesar del hecho de que no todo es perfecto en el Poder Judicial, y que entre fiscales y jueces (que en Costa Rica trabajan bajo el mismo techo) existan vínculos de amistad y de respeto académico, lo anterior no significa que estos y estas costarricenses se callen o actúen bajo el miedo. Y estamos seguros que le garantizarán un juicio justo.

En la difícil situación que vive Costa Rica, exigimos responsabilidad de quienes han ocupado lo más altos cargos públicos, que los políticos hablen con humildad y estén dispuestos –cuando corresponda- también a pedir perdón.

En la compleja coyuntura que vive nuestro país, no podemos permanecer indiferentes. No es posible seguir tolerando dos acciones y tendencias de nuestra clase política, las cuales peligrosamente emergen en los últimos tiempos. La primera consiste en influir en nuestros tribunales de justicia y nuestras más altas magistraturas para jusitificar y legalizar las ambiciones de los grupos de interés que tienen secuestrados a los partidos políticos. La segunda, intentar amedrentar o socavar el prestigio de los jueces o magistrados independientes que se oponen a sus intereses, con el objeto de tratar de exonerar la responsabilidad política, civil o penal por los errores que hayan cometido.

Ciudadanos y ciudadanas por la Justicia: Carmen Eugenia Aguilar Mora, Irma Arguedas Negrini, Laura I. Chacón Echeverría, M. Gabriela D´Arsié Tonon, Gonzalo Elizondo Breedy, Jaime Ordóñez, Rosario Fernández Vindas, José M. Gutiérrez Gutiérrez, Rodolfo Montero Pacheco.
Suplemento Página Abierta. Diario Extra 2 setiembre 2008

Khatchik der Ghougassian | Copyright: Project Syndicate, 2008 www.project-syndicate.org Traducido del inglés por David Meléndez Tormen@nacion.com

Solo un nuevo régimen de libre comercio garantiza la seguridad alimentaria

Khatchik Der Ghougassian es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires

BUENOS AIRES – Desde la llamada “crisis de las tortillas" mexicana, ocurrida en enero pasado, las protestas callejeras contra la escasez de alimentos y sus altos precios, o contra el aumento de los impuestos a la producción agrícola, se han desatado desde Haití a los países de América Central, y en toda América Latina. A veces los gobiernos han reaccionado con medidas proteccionistas o iniciativas macroeconómicas, pero en algunos casos también lo han hecho con represión.

La paradoja de la crisis alimentaria de América Latina es que, aunque la región es una importante productora de alimentos, a veces debe recurrir a las importaciones para prevenir periodos esporádicos de escasez. Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe exportaron en el 2006 55.000 millones de dólares en alimentos; no obstante, las familias más pobres del continente destinan un 50% de sus presupuestos a alimentos, y esto en una época en que América Latina ha tenido sus mejores índices económicos desde los años 70.

Es poco probable que los precios de los alimentos, que han subido un 83%, comiencen a caer sino hasta después del 2009. Para América Latina, esto es más que un desafío; es una oportunidad. El reto central es político: corregir políticas formuladas cuando los recursos, incluidos el petróleo, el gas natural y los alimentos básicos, no se consideraban una fuerza impulsora de la economía global. La clave aquí es evitar la trampa del proteccionismo y el aislamiento internacional.

Retórica y escasez. Incluso antes de la crisis actual, el reciente “viraje a la izquierda” de la política de América Latina estaba vinculado al problema de los alimentos. Durante su primer periodo, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva implementó un plan de “Hambre Cero” destinado a la gente más vulnerable de la sociedad brasileña. Alrededor de esta época, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, utilizaba controles de precios para mantener bajos los precios de los alimentos. En Venezuela, Hugo Chávez dio un paso más radical y emprendió un amplio plan de reforma agraria.

Ninguna de estas medidas estuvo exenta de polémica, ni evitó el impacto de la inflación global de los alimentos que se vive en la actualidad. Lula fue acusado de corrupción y clientelismo. La credibilidad del gobierno de Kirchner se vio seriamente cuestionada cuando se comenzó a sospechar que manipulaba el índice inflacionario. En Venezuela, la reforma agraria y la retórica socialista no evitó la escasez crónica de leche, azúcar y carne. Sin embargo, a pesar de estas insuficiencias, estas políticas conservaron suficiente popularidad como para asegurar su continuidad.

Considerando este historial, no es de sorprender que la primera reacción de los Gobiernos latinoamericanos a la actual crisis alimentaria fuera unilateral. El 23 de abril, Brasil anunció una suspensión temporal de las exportaciones de arroz para prevenir la escasez interna. Bolivia prohibió la exportación de maíz, arroz, carne y aceite vegetal. La decisión argentina de marzo de aumentar drásticamente el impuesto a las exportaciones agrícolas causó un choque generalizado con los productores rurales, generando una nueva y compleja polarización social y una crisis política que todavía está en desarrollo.

Impacto leve. Algunas de las medidas incluso pusieron en peligro las relaciones bilaterales. Para controlar la inflación, Argentina decidió suspender la venta de trigo al principal mercado de sus exportaciones, Brasil, donde el precio del pan había aumentado en un 20% en los últimos 12 meses. En Perú, la movilización social contra una mayor alza del precio de los alimentos condujo que se renegociara el acuerdo de libre comercio con EE.UU.

En comparación con otras regiones, el impacto de la crisis en América Latina, con la excepción de Haití, hasta ahora no ha sido dramático. La razón es la abundancia de recursos naturales y la persistente demanda internacional, que ha sostenido el crecimiento. Sin embargo, sigue ausente la cooperación regional para encontrar soluciones creativas a una crisis que, en muchos aspectos, está interrelacionada.

Hasta ahora, la única iniciativa con una perspectiva regional ha venido de Caracas en la forma de la así llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). México, Perú y otras naciones sentían suspicacia de la retórica anti-estadounidense del ALBA, pero de ella han salido algunas propuestas prácticas, como la creación de un banco de productos agrícolas para reducir los costos de los productores pequeños y medianos. Una de las consecuencias inevitables de la actual crisis alimentaria será una reconsolidación del papel del estado en la agricultura. La presión por poner la seguridad alimentaria en la agenda política regional es una clara evidencia de ello.

Un acuerdo global. Después de una última crisis alimentaria mundial de 1973, la agricultura quedó casi olvidada como factor de crecimiento. Si bien a fines de los 80 se promovió una liberalización que se abrazó en los 90, los mercados alimentarios en el mundo desarrollado siguieron altamente protegidos, y los países latinoamericanos sufrieron las consecuencias. Un resultado indirecto y, sin embargo, trágico ha sido el constante cultivo de hojas de coca como forma de supervivencia económica por parte de los campesinos bolivianos, peruanos y colombianos.

Para las autoridades latinoamericanas, afirmar la seguridad alimentaria solo se puede hacer realidad si se crea un nuevo régimen internacional de libre comercio de productos agrícolas básicos. Sin un acuerdo global de este tipo, continuarán las confusas intervenciones de hoy, con pocas esperanzas de que se produzcan mejoras reales.
periódico La Nación 10 agosto 2008.

Rodolfo Cerdas

politólogo

Los subterfugios de los políticos cuando quieren saltarse la ley y los controles solo engañan a los que quieren ser engañados. Abundan los ejemplos en que los cuentos se evidenciaron y por eso ya llegó la hora de decirles alto a las imposturas.

Un caso de esa mezcla de cuentos totales, verdades a medias y exageraciones terroríficas, es el apocalíptico anuncio que sobre la deuda interna se hizo en la casa de don Óscar, del que salió la supuesta salvadora, idea de vender las empresas e instituciones más rentables del Estado. Aunque a muchos se les embaucó con el cuento, el tiempo bastó para mostrar que era una manipulación más, pero que resultó costosa. La habilidosa triquiñuela se tragó al gobierno de don Abel, que se empantanó en un proyecto de reforma fiscal que nos salvaría del Armagedón.

Con desprecio a la inteligencia ajena y exaltación de la propia, se quiere legitimar que el BCIE reciba y gaste, según indique el Ministro, los millones de dólares donados a Costa Rica y que, por cierto, no lo fueron a los hermanos Arias. Nadie –ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea y menos los ciudadanos– podrá exigir cuentas y responsabilidades. Declarados privados y con la sumisa obediencia del BCIE, el Ministro decidirá, sin rendirle cuentas a nadie, a quiénes, en qué, para qué, cómo y cuánto se gastará.

Esos gastos ¿se liquidan? Esos informes, trabajos y servicios ¿cuáles son, dónde están, ante quién se rinden y quién los evalúa? ¿Cómo garantizar que no son pagos clientelistas y canongías para parientes, amigos y mandaderos? El Estado ¿tiene dos patrimonios: uno que se controla y rinde cuentas, y otro del Presidente y su hermano, que no le rinde cuentas a nadie? ¿Esta es una República o una republiqueta? Suerte que la donación fue de cinco millones. ¿Qué tal si Bill Gates nos dona mil millones?

El BCIE aparece como un instrumento del clientelismo político a nivel regional. Y para Costa Rica significa el nacimiento ya no de un Estado paralelo, sino de uno al servicio de dos personas en la presidencia. Mientras que por iguales razones Zumbado renunció y Ortuño quedó inmpune –aunque en contradicción con el Ministro–, este, cogestor del engendro, anuncia con desparpajo que, si no lo paran, seguirá en las mismas. Y con diputados-bastón, o una Ultra presidencial, pues, tras de renco, lo están empujando.

Por ello la Contraloría, ante una práctica gubernamental y un rumbo institucional tan nefastos y peligrosos, enfrenta un momento crucial y decisivo de su existencia. Según lo permita o no, se pare en seco o se doblegue, así resolverá este su histórico dilema de Hamlet:to be o not to be .
periódico La Nación 10 agosto 2008.

María Teresa Gutiérrez | mt.gutierrez.roig@gmail.com

Tenemos la dicha de contar con un Gobierno que nos está ofreciendo dialogar
politóloga

El 8 de octubre del 2007, muchos costarricenses sintieron que su Gobierno les había fallado. Después de innumerables protestas y grafitis, que con una “o” en forma de corazón y con los colores de nuestra bandera aclamaban un NO al unísono, la decisión había sido tomada y Costa Rica sí firmaría el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Muchos costarricenses sintieron que sus voces fueron enmudecidas y dudaron de la democracia del país. ¿Qué sucedió? ¿En qué se falló?

En Costa Rica se da el mismo fenómeno que puede observarse en muchos otros países del mundo: los ciudadanos somos parroquiales. Un ciudadano parroquial es aquel que no está al tanto de su Gobierno y las políticas que lo envuelven. Es un ciudadano que ignora el impacto que tienen las decisiones que toman sus gobernantes y que cree que su rol se limita a participar en las elecciones de su país. Muchos costarricenses llevan su “parroquialidad” a otro nivel y ni siquiera asumen su deber como votantes. En vísperas de la IV Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea esta actitud es preocupante.

Información y consulta. El gobierno de Costa Rica, en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), está llevando acabo un proceso de información y consulta con la sociedad civil de Costa Rica. Desgraciadamente, son muy pocos los costarricenses que están sacándoles provecho a los medios que el Gobierno ha puesto para que articulemos nuestros intereses. Este problema no solo es de la sociedad civil, sino también de los medios de comunicación que deberían tomarle más importancia a este suceso.

La democracia aún existe en nuestro país, pero es deber nuestro mantenerla viva. En Costa Rica aún se cree que la soberanía reside en el pueblo, pero no se practica. Como ciudadanos no podemos continuar asignando culpas a los gobernantes.

Si queremos cambios, debemos participar en la toma de decisiones. Tenemos la dicha de contar con un Gobierno que nos está ofreciendo dialogar sobre nuestras inquietudes y responder nuestras interrogantes. Si no aprovechamos los medios que se nos están prestando para ejercer nuestra soberanía, ¿con qué cara llegaremos el día de mañana a reclamar las decisiones que han tomado en representación nuestra? Acabemos con nuestra parroquialidad y seamos verdaderos partícipes para así poder forjar un mejor mañana.

La IV Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea se estará llevando acabo durante la semana del 14 al 18 de julio del 2008. El Ministerio de Comercio Exterior así como la UNED estarán transmitiendo dichas negociaciones en vivo por medio de videoconferencia. Si desean participar, deben confirmar su asistencia al menos con dos días de anticipación. Aquellos que no puedan asistir, podrán tener acceso en Internet mediante el sistema dewebcasting , en la dirección http://200.91.75.41/comex_ice .
periódico La Nación 15 julio 2008

Mariano Jiménez Zeledón(*)
En un artículo de prensa el señor Roberto Gallardo N., Ministro de Planificación, ha realizado una invitación para el debate público de esta temática, y ha señalado con acierto que la reforma del estado es una actividad permanente y que ésta no puede circunscribirse al “cierre, fusión o creación de entidades públicas”.

El marco conceptual que deriva del Plan Nacional de Desarrollo y la comisión consultiva de reforma del Estado se encuentra bien orientado, cuando se parte de que la modernización del Estado es un desafío estratégico para el desarrollo nacional.

Sin embargo, en relación con una de las conclusiones iniciales del grupo que analiza el empleo público debe llamar la atención el comentario en el cual se indica que “algunos problemas en esta materia solo podrán ser resueltos cuando se produzca un cambio generacional completo, pues algunas medidas correctivas solo serán efectivas cuando se haya renovado completamente la planilla del sector público”.

El problema del ejercicio de la función pública consiste en que no existe una cultura de servicio hacia los usuarios, por lo que si nuevos funcionarios se insertan en la actual cultura organizacional, el nuevo personal podría tender a asumir la cultura organizacional predominante.

El cambio de personas por si solo no modifica la cultura organizacional, se requiere además, un cambio en el liderazgo de las instituciones públicas, mejoras en los procedimientos de contratación del personal mediante concurso de antecedentes en los cuales se garantice la idoneidad técnica y personal.

André Hauriou en su libro de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, comentó que en el caso de la India, ésta no se fragmentó después de su independencia y la democracia ha funcionado, como consecuencia de la herencia administrativa del “Civil Service” británico.

Por otro lado, pude observar en España el funcionamiento del ingreso a las administraciones públicas, que implica la existencia de exámenes escritos y orales con tribunales (oposiciones), lo cual obliga a los postulantes a estudiar por su cuenta un año o más, luego de finalizada la universidad antes de tomar los exámenes respectivos.

La reforma del Estado pasa en gran medida por la reforma del empleo público, por lo que el Ministerio de Planificación debe recibir el apoyo de todos los sectores en esta labor que esperaríamos genere un cambio de paradigma en esta materia.

*Abogado y politólogo
Suplemento Página Abierta. Diario extra 15 julio 2008