Atreverse a decidir
Con excusas recurrentes, seguimos condenando al país a la eterna indecisión
Fernando F. Sánchez C.
fsanchez@fernandosanchez.org
Politólogo
Qué ropa nos pondremos en la mañana, dónde viviremos, con quién formaremos una familia, o a qué trabajo nos dedicaremos. La vida está llena de decisiones. Unas decisiones son más determinantes que otras, pero constantemente nos vemos en la necesidad de elegir cierto curso de acción, y afrontar sus consecuencias. La vida implica la imposibilidad de evitar la obligación de decidir.
Sin embargo, durante la última década, nuestra patria se ha venido caracterizando por la incapacidad de tomar decisiones trascendentales; o más bien, por la creatividad con la que se elude tomarlas. La seguridad ciudadana, el tema migratorio, la concesión de obra pública, el sistema educativo, el fortalecimiento de las telecomunicaciones, la reforma del Código Electoral y el TLC con EE. UU., son ejemplos de nuestra costumbre de aguardar “hasta que se aclaren los nublados del día”. Esta práctica se ha venido refinando en los últimos años. Hoy, por medio de al menos cinco excusas recurrentes, seguimos condenando al país a una eterna indecisión.
Perenne diagnóstico. La primera de estas excusas es el abuso del diagnóstico. No en vano nos estamos ganando el desafortunado calificativo del “país del eterno diagnóstico”. Los costarricenses conocemos muy bien cuáles son nuestros problemas y qué decisiones debemos tomar. Pero, con pertinaz insistencia, siempre postergamos el instante crítico, ordenando nuevas investigaciones para volver a identificar los problemas. Así, nuestros estudios e informes sobre el estado de cada cuestión llegan a ocupar bibliotecas enteras, pero nunca son suficientes para atreverse a decidir.
De forma similar funciona la segunda excusa: el exceso de consultas. Para convencernos de la necesidad una operación médica, rara vez escuchamos a más de tres especialistas. Pero para una decisión política, parece obligatorio consultar hasta a la última institución u organización de la Tierra, especializada o no en el tema de turno. Inclusive hay quienes consideran una intolerable afrenta el no ser consultados. Claro, esto retrasa hasta la eternidad las decisiones, y además entorpece el funcionamiento de los órganos estatales. Un ejemplo es la nota remitida al Poder Legislativo por la Corte Plena, fechada en junio del 2006, donde los magistrados ruegan llanamente a los diputados dejar de consultarles proyectos que no afecten directamente al Poder Judicial.
Innecesarios o imposibles. La tercera excusa se oculta tras una verdad a medias: las “soluciones integrales”. Claramente ningún problema debe aislarse de su contexto político, económico y social. Pero esto suele convertirse en pretexto para no decidir. Se alega la necesidad de “resolver integralmente” el asunto, y se insiste en cuatro o cinco pasos “imprescindibles” que deben cumplirse antes de ejecutar una decisión (pasos que usualmente incluyen un nuevo diagnóstico). Desde luego, este sofisma disfraza el atraso, y condiciona una decisión concreta a la realización previa de requisitos innecesarios o imposibles.
La cuarta excusa puede definirse como “la falacia del consenso”. Este mecanismo busca sustituir disimuladamente el sistema de mayorías propio de la democracia, intentando una forzosa unanimidad para toda decisión (al estilo comunista). El truco es que siempre hay alguien que no está de acuerdo, y en ello encuentra justificación para vetar u obstruir decisiones que en cualquier otra democracia ya se habrían concretado. Así, paradójicamente, el abuso del consenso puede tornarse en el gran enemigo de la democracia.
Autodestructivo pecado. La quinta excusa es, quizás, la más peligrosa para el corazón del sistema democrático. Se trata simplemente de deslegitimar por cualquier medio a los tomadores de decisiones. Cuando un dirigente o una institución está cerca de una resolución clara, surgen mágicamente los que, con o sin argumentos, denuncian su incapacidad o incompetencia para decidir. Curiosamente, rara vez dejan claro a quién sí le corresponde la decisión. Algunos han profundizado este método, empleando nombres altisonantes como “democracia participativa”, “sociedad civil” o –más a la moda– “democracia de la calle”, como pretexto para, nada menos, negar las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa o la necesidad de fortalecer a los partidos políticos.
A través de la historia, los costarricenses hemos construido un país ejemplar en América Latina. Lo hemos logrado tomando decisiones serenas y oportunas, no postergándolas hasta el cansancio. Nuestro entorno mundial ha cambiado de tal manera que la eterna indecisión es un imperdonable y autodestructivo pecado de omisión. Dejar crecer los problemas los convierte en incontrolables. Hay mucho que hacer aún para construir el Estado que necesitamos, pero lo primero y más urgente es aprender, de nuevo, a atreverse a decidir
periódico La Nación 11 de mayo de 2007

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