RESONOCO

Luis Filipe Dobles Junqueira*
Al imaginar al referéndum como una salida viable y políticamente correcta para superar la disputa que ha suscitado la posible aprobación del TLC en la sociedad civil, hacemos referencia a su utilidad como un mecanismo para la toma de decisiones, que en esta situación se orienta a la resolución de un conflicto. En este sentido satisface un criterio elemental y necesario para la estabilidad política en cualquier democracia, la de poder tomar decisiones por medios legítimos. Sin embargo, no debemos obviar que la eficacia de la gestión pública, y muy particularmente la gestión parlamentaria y por lo tanto la habilidad de gobernar en una democracia madura exigen, antes de cualquier otro requisito, la capacidad de operar ordinariamente por las vías institucionales habituales.

Si esta capacidad merma al punto que resulta inefectiva, incapaz de alcanzar objetivos y concretar procesos nos veríamos forzados a entrar asiduamente en una discusión sustantiva para cuestionar arquetipos democráticos e idear nuevos mecanismos para la toma colectiva de decisiones, lo que llama a justificar su legitimidad en cada caso.

Utilizar el referéndum para decidir la suerte del TLC cae en esta ultima situación. Rescata el espíritu crítico de la ciudadanía al encausarlo hacia la participación y la decisión. No obstante, si valoramos la democracia como una criatura multidimensional y compleja, no podemos darnos por satisfechos con este logro histórico, ya que su valor queda constreñido al contexto en el que se desenlaza.

Presenciamos la tensión entre dos concepciones de democracia, la liberal representativa y la reticular pluralista ó neorrepublicana. Ambas contienen dos visiones de legitimidad distintas. La primera deriva de la eficacia en la consecución de objetivos democráticos orgánicamente establecidos, es decir, deliberar y tomar decisiones. Su máxima institución es la Asamblea Legislativa como poder estatal constituido, donde su eficacia yace en las normas y en su capacidad de operar a través de ellas, así ejerciendo su facultad de representante soberano del pueblo. La segunda concepción encuentra en la sociedad civil, como poder alternativo, su principal protagonista y se basa en la justificación deliberativa de temas y decisiones y en la consecución de acuerdos “ad hoc” a través de la participación de todos los grupos en representación directa de sus intereses.
Al canalizar la pluralidad a través de un mecanismo electoral de finalidad utilitaria y específica pareciera que la aplicación del referéndum viene a interceder entre ambas nociones de democracia.

En este sentido es una salida legitima solamente ante un reglamento legislativo impreciso, con frecuencia incapaz de actuar rápidamente, de responder a la transformación de preferencias y de concretar agendas legítimamente acordadas por mayorías. Es debido a estas realidades que las distintas fases del proceso legislativo ordinario son objeto de constantes disputas sobre su fidelidad y validez.

No es de extrañarse entonces que las percepciones ciudadanas sobre la efectividad del parlamento sean negativas. Según lo demuestra el último estudio del Idespo, la labor de la Asamblea Legislativa fue calificada como mala por un 56% de los entrevistados debido a la lentitud y la pérdida de tiempo.

Donde todos deciden nadie es responsable, no hay instancia superior que esté facultada a imputar los actos de toda una sociedad. Bajo estas circunstancias debemos entender la aplicación del referéndum para dar trámite final al TLC como una vía excepcional y extraparlamentaria que no resuelve el conflicto de origen, lo ensancha, creando un vacío en la responsabilidad directa en la toma de decisiones. Aplicarlo en un proyecto de ley de esta naturaleza y ya encausado desarticula el modelo horizontal de decisión, donde las competencias así como las responsabilidades en la toma de decisiones se comparten entre los actores.

En este caso, la aparente aptitud del referéndum como alternativa al procedimiento legislativo parte de los cuestionamientos, tan habituales como imprecisos, sobre la legitimidad misma de los procesos que en nuestro país forman la ley y en resumidas sobre la idoneidad del Parlamento como órgano orientado a la negociación, la decisión y la resolución de conflictos.

Ante estas apreciaciones vale rescatar que si de madurez democrática hablamos los argumentos triunfalmente proferidos a favor de las virtudes democráticas del referéndum, en este caso, caen en una generalización que va más allá de lo que el contexto político actual nos consiente. Apliquemos una máxima de sabiduría popular: “Que el árbol no te impida ver el bosque”.

“Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos.”
Rabindranath Tagore

*Politólogo

Periódico La Prensa Libre 10 de mayo de 2007.