RESONOCO

Francisco Barahona R.
El cierre de Radio Caracas Televisión ejecutado el pasado domingo merece comentarios inicialmente de rango político y luego jurídico. No obstante, no cabe duda que el estado venezolano tiene la potestad de no renovar licencias del uso de su espacio electro magnético, pues en su constitución como en la costarricense queda claramente establecido que el dominio y soberanía de esos recursos de comunicación pertenecen a sus estados y a sus pueblos y por ende, son los gobiernos democráticamente electos, como es el caso, los que representan esa titularidad y tomando las decisiones que correspondan.
Vistas así las cosas, la actuación jurídica puede ser apropiada, aunque en el ámbito de lo político debamos analizar la decisión con mucho más cuidado. Sobre todo si se trata de un medio de oposición al gobierno, que al salir del aire deja de participar en la toma de posición de opiniones de un buen sector de la opinión pública venezolana.
Y es aquí donde el caso se vuelve polémico y donde la situación puede incluso ser termómetro del pulso político de las dos partes confrontadas en que se ha dividido ese país. La libertad de expresión, garantizada no solo por su constitución, sino por los instrumentos internacionales regionales e internacionales de derechos humanos, son claros en resguardar estos derechos fundamentales contra decisiones autoritarias o arbitrarias de cualquier autoridad política; en este sentido, la decisión tomada por el poder ejecutivo venezolano, puede ser apelada y enmendada dentro del propio marco nacional y también, dentro del sistema interamericano de derechos humanos que de seguro será utilizado por los perjudicados a la brevedad, así como tomando en consideración otro instrumento jurídico regional de importancia creciente como lo es la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de setiembre de 2001.
Pero más allá de la naturaleza de esta decisión y de los recursos de variado tipo que le quedan a la parte perjudicada, que en este caso es una empresa, propiedad de una influyente y millonaria familia, están las razones dadas por el presidente Chávez donde se hace a un juzgamiento unilateral polémico, aduciendo que la empresa de televisión es antirrevolucionaria, contraria al interés público, desestabilizadora, parcializada en contra de su gobierno y hasta dañina en la formación de los niños dados los constantes mensajes de violencia que trasmite un día sí y otro también.
En el fondo, la justificación es política, aunque la respuesta esté revertida de ropaje y pseudo legitimación jurídica. El asunto de fondo es que se tomó la decisión de no renovarle la concesión estatal y de nada valieron más de cincuenta años de su disfrute y explotación comercial e influencia política, hoy está cerrada.
Para un justo juicio del hecho, es necesario analizar también el papel y los derechos de los propietarios y directores de medios, acusados de supuestamente abusar, parcializándose, no solo en sus espacios editoriales, sino de la censura previa, del análisis parcial de las noticias e incluso de la presentación de un solo lado de la realidad y contrastarlo además, con el derecho del estado a limitar otro concepto a veces mal entendido, el de la “libertad de empresa” que con frecuencia y sobre todo para los dueños de los medios, es entendido como superior a cualquier otro. El caso venezolano nos trae interrogantes que pueden aplicarse también a nuestra realidad y posible futuro.
Periódico La Prensa Libre 31 de mayo de 2007.