RESONOCO

Luis Paulino Vargas Solís
Julio 07, 2007
Según la Sala IV, el TLC y la Constitución son el
matrimonio perfecto. La derecha telecista celebra
con júbilo y suelta la verborrea esperable.
Primero, que con esa decisión queda enterrada
toda posible crítica al Tratado. Segundo, que
cualquier cuestionamiento en contra del proceder
de la Sala o de su resolución, implica irrespeto
a la institucionalidad. El primero de estos
puntos -que el telecismo ya anda repitiendo como
lorito dopado- no merece ni tan siquiera ser
discutido. Es de una estupidez tal que pone en
ridículo a quien lo pronuncia. Problema de ellos
si quieren hacer el papelón intentando convencer
a alguien de que los cinco magistrados del cuento
son expertos en todo y, como Dios, infalibles en
sus apreciaciones. La segunda aseveración demanda
un análisis cuidadoso, no porque tenga ni un
gramo menos de mentira que la otra, sino porque
es mucho más tramposa y manipulable.
La institucionalidad telecista. Supuestos detrás de la farsa
Acababa de salir al conocimiento público la
resolución de marras, y de inmediato un profesor
de la Escuela de Ciencias Políticas de la
Universidad de Costa Rica lanzó a la red interna
de esa unidad académica una demanda imperativa:
la escuela ha de pronunciarse a favor de la
institucionalidad. En el ir y venir de mensajes,
y frente a respuestas que disentían de tan
apresurada pretensión, fácilmente se puso en
evidencia la idea detrás de la cual se andaba:
cuestionar la resolución resultaba atentatorio
contra la institucionalidad y, siendo esto
inaceptable y muy peligroso, debía ser rechazado
a priori y en términos tajantes. Así lo dice la
oligarquía y su prensa. El que en ámbitos
académicos se reiteren fórmulas tan maniqueas al
menos permite ratificar que en la Universidad de
Costa Rica hay respeto por todas las ideas y
plena libertad para expresarlas.
Se trata de una posición de principios en el
sentido más estrecho del término. Lo que hace
-aún si es implícita o inconscientemente- es
sentar un conjunto de premisas, que quedan
afirmadas como principios inamovibles. Eso
proporciona la base desde la cual se deducen las
conclusiones que se desea obtener ¿Cuáles son
esas premisas o supuestos? Brevemente los enumero:
1) La institucionalidad, y en consecuencia la
ley, son un valor en sí mismas. Valen porque sí,
al margen de cualquier interpelación, no digamos
política, pero ni siquiera ética. 2) En
consecuencia, la Sala IV, por el hecho de ser
parte de esa institucionalidad y estar fundada en
esa ley, no puede ser cuestionada ni en su
proceder ni en sus decisiones. 3) Puesto que la
Sala IV es parte de una institucionalidad y una
legalidad que valen por sí mismas, las
resoluciones de ese Tribunal no solo son
inapelables desde el punto de vista jurídico sino
que, además, son incuestionables en sus
contenidos específicos. Vale decir, son verdad en
sí mismas y por definición. De forma similar, su
proceder también resulta correcto por definición.
Si estas premisas no son válidas, igualmente se
hace insostenible la aseveración de que
cuestionar los contenidos de lo resuelto o las
actuaciones de los jueces, equivale a atacar y
subvertir la institucionalidad. Alternativamente
propongo considerar que esa institucionalidad, y
las leyes que le sirven de fundamento así como
las actuaciones de quienes ahí se desempeñan, no
valen por sí mismas, sino que valen solamente en
cuanto actúen con rectitud, justicia y
razonabilidad y, por lo tanto, con respeto al
pueblo, o sea, y más en concreto, respetando el
derecho de este pueblo costarricense a tener una
vida digna y decidir sobre sus destinos. Al
proceder de esta forma, formulamos un criterio
ético de raíz democrática y popular desde el cual
enjuiciar la actuación y la legitimidad de este
tribunal y, en general, las de cualquier órgano
de la institucionalidad establecida, Y, por
extensión, ello equivale a formular un criterio
de valoración ética en relación con la actuación
de las personas que administran esa
institucionalidad, aplican las leyes y toman
decisiones.
Un derecho ciudadano irrenunciable
Recordemos que la democracia en Costa Rica -así
lo dice la propia Constitución seguramente
inspirada en Rousseau- establece un principio
fundacional esencial: la soberanía reside en el
pueblo. Frente a este principio fundamental, un
solo criterio ético tiene validez general por
encima de banderías políticas o religiosas: la
vida -pero no solo la vida humana- ha de ser guía
para nuestra actuación personal, grupal y social.
La razón de tal cosa, como lo ha mostrado
Hinkelammert, es contundente: sin vida no hay
sociedad, institucionalidad ni economía posibles.
La vida es criterio ético irrenunciable,
precisamente porque es condición "sine-qua-non"
para dar viabilidad a cualquier proyecto humano.
Y justo porque el neoliberalismo no lo acepta ni
lo entiende, su proyecto es inviable en la medida
en que conduce a la autodestrucción y la muerte.
Pero decir vida es decir vida concreta. Aquí no
valen las evocaciones abstractas a la vida con
que se complacen cierta moral y cierta
religiosidad conservadoras. Por ese camino, y en
el altar del dogma, fácilmente justifican y
promueven el sacrificio de muchas vidas
concretas. Vida concreta es la vida de las
personas de carne y hueso y la de esa naturaleza
con la cual podemos convivir con respeto y
humildad o destruir irresponsablemente,
destruyendo de paso nuestras propias vidas.
Decir vida concreta es hablar de la vida de ese
pueblo costarricense concreto; el de la calle, el
de todos los días. Es hablar entonces de su
derecho a la salud y la educación; a un trabajo
estable, un salario decente y una organización
laboral independiente; al entretenimiento, la
fiesta, el deporte y el arte; a ciudades limpias
y seguras y playas abiertas y disfrutables; a
techo y cobija; a barriadas agradables y
pueblecitos dotados de todos los servicios
necesarios; a la inclusión de lo diverso y a la
convivencia respetuosa con las distintas formas
de ser y vivir; a construir la familia como mejor
le plazca a cada quien, según su propio proyecto
de vida, gozando para ello de la necesaria tutela
que el Estado debería proporcionarle. También a
un sistema político e institucional abierto al
escrutinio ciudadano; receptivo frente a las
demandas populares; atento y respetuoso ante las
voces de la ciudadanía.
En el fondo, eso es lo que aquí estamos
debatiendo. Se trata de dilucidar si el pueblo
es, o dejó de serlo, el verdadero depositario de
la soberanía. Si el sistema institucional y
político recoge fiel y correctamente ese
principio, o si lo violenta y desconoce. Si ese
sistema efectivamente trabaja en función del
pueblo y los intereses y necesidades de su vida
concreta, o si, por el contrario, está
subordinado a los intereses de una minoría
privilegiada.
En este sentido, la apelación principista a la
democracia representativa no tiene más sentido
que la dogmática acerca del respeto a la
institucionalidad. Ese modelo de democracia es,
sin más, parte de esta institucionalidad y está
abierta a la misma interpelación ética. Vale si
sirve para lo que debe servir, o sea, para hacer
que la vida de la gente sea mejor. De otra forma
podrá ser cuestionada por la ciudadanía, con el
fin de reformarla, si eso fuera suficiente, o
abolirla y sustituirla por algo distinto si es
que el problema es de tal gravedad que amerita
cambios de mayor envergadura.
La ciudadanía organizada que constituye el
movimiento social contra el TLC, es la punta de
lanza del pueblo costarricense; el sector
políticamente más avanzado y maduro de ese
pueblo. Por boca de esa ciudadanía organizada,
este pueblo nuestro está articulando, con
coherencia y solidez y, además, con pleno
derecho, una interpelación ética dirigida a la
institucionalidad vigente, a las leyes en que
ésta se funda y los individuos concretos, mujeres
y hombres que, desde dentro de esa
institucionalidad, la administran y toman
decisiones.
¿Qué hay detrás del actual desplome de la institucionalidad?
La institucionalidad está en entredicho,
gravemente enferma y aquejada de terrible
descrédito. Ese es un hecho evidente que, sin
embargo, no es antojadizo ni azaroso. Tampoco es
un problema restringido a la Sala IV ni que se
exprese solamente por boca del movimiento
ciudadano organizado opuesto al TLC. En cambio,
es sentir popular ampliamente difundido. Se mira
con desconfianza y decepción a los partidos y sus
dirigencias; a la Asamblea Legislativa y el Poder
Ejecutivo; a las municipalidades y al conjunto
del poder judicial.
La razón de tal estado de cosas podría
sintetizarse en lo siguiente: esta es una
institucionalidad secuestrada. Es decir, le ha
sido arrebatada al pueblo, que es su dueño
legítimo, y una vez hecha rehén, ha sido puesta
al servicio de una oligarquía tan angurrienta
como insensible y apátrida. Ilustrémoslo de forma
sencilla: hace 20 años, las promesas electorales
podían ser alegremente lanzadas al viento e
irresponsablemente olvidadas una vez puestos en
el poder. Pero conforme el mecanismo se
reiteraba, la jarana salía a la cara y el pueblo
costarricense -quizá un poco ingenuo, pero no
tonto ni analfabeta- empezó a percibirlo. Al
cabo, los partidos políticos y sus dirigencias
han llegado a merecer del pueblo tanto respeto
como el que se le tributaría a cualquier tipo
comprobadamente mentiroso y ladrón.
La cosa seguramente tiene que ver con el ascenso
ideológico del neoliberalismo y la poderosa
influencia de una globalización neoliberal que
marca una etapa histórica del capitalismo
mundial, caracterizada por el triunfalismo
irresponsable, la descomposición económica,
social y política, la degradación moral y la
agudización de la crisis ambiental. Las
oligarquías criollas son un buen reflejo de tales
realidades: avariciosas hasta el paroxismo;
intransigentes e insensibles hasta el insulto.
¿Madame Bovary?
Muy poco dentro del aparato institucional logra
mantenerse a salvo -al menos relativamente a
salvo- del desastre. El neoliberalismo se ha
adueñado de todos los centros de decisión y,
desde ahí, intenta penetrar incluso los vasos
capilares más finos de esa institucionalidad. A
estas alturas su objetivo aparece casi plenamente
consumado: ha logrado secuestrar el orden
institucional para entregarlo a la voracidad de
esas oligarquías criollas y, por intermedio de
estas, a sus socios transnacionales.
La red se teje hacia el interior de la
institucionalidad pública pero, de forma
paralela, se articula en tejidos extendidos hacia
lo externo. Lo primero es obvio: una presidencia
imperial; una mayoría legislativa mecánica y
sumisa; un Tribunal de Elecciones complaciente;
una Sala IV acomodaticia. Lo segundo también,
según se hace manifiesto en la alianza -que a
estas alturas ya devino impúdica desnudez- entre
las corporaciones mediáticas, las cúpulas
empresariales, la embajada gringa y el poder
político. En ese contexto, las universidades
públicas -en especial tres de ellas- y la
Defensoría permanecen como reductos que resisten
el asedio. Y respecto de entidades como la
Contraloría o la ARESEP, cuesta admitir que
podamos siquiera concederles el beneficio de la
duda. El ICE, desde luego, es historia aparte,
porque es una institución que constituye, por
derecho propio, un particular terreno de lucha:
entre las cúpulas entregadas a los designios
oligárquicos y a los juegos corruptos, y las
bases laborales que intentan resistir tanta
tropelía.
Por su parte, la resolución de la Sala IV que
debatimos en estos días, así como el contexto en
que esta se emite, ilustra con notable claridad
la gravedad extrema que el problema ha adquirido.
Primero, que hubiesen magistrados -uno solo ya
resultaba patético- que rechazaban como
inadmisible la consulta. Segundo, la contundencia
con que la mayoría de cinco afirma que no hay una
sola inconstitucionalidad, no obstante que un
razonamiento levemente riguroso concluiría que,
como mínimo, existen muchas torerías que, de no
ser inconstitucionales, en todo caso tienen una
facha que ayúdeme a decir. Tercero, la frescura
con que se legitiman procedimientos
manifiestamente amañados y violentos ¿Qué se pone
de manifiesto? La sordera frente a los
argumentos; la soberbia frente al clamor
ciudadano; la arrogancia que tira puertas y
cierra canales de diálogo y entendimiento.
Uno no puede evitar preguntarse: ¿Acaso la Sala
IV, como Madame Bovary, y dominada por pasiones
fuera de su control, habrá querido, por propia
decisión, tomar el veneno que podría aniquilarla?
Rescatemos la democracia
La institucionalidad ha sido subvertida,
violentada, afrentada, corrompida por los mismos
en cuyas manos se depositó la responsabilidad de
administrarla. Ellos están ignorando la ley y
pisoteando la Constitución. Ellos y tan solo
ellos. No el movimiento ciudadano que reclama y
denuncia. No el movimiento ciudadano que tan solo
demanda lo básico y elemental: ser escuchado,
respetado, tenido en cuenta
Frente a una institucionalidad secuestrada,
nuestro deber y nuestro derecho es reclamar que
sea devuelta a sus legítimos dueños. Que la
democracia sea la democracia que nace del pueblo,
sin más dueño que el pueblo mismo. Que se le
devuelva a la Constitución su majestad; que las
leyes vuelvan a estar al servicio del pueblo; que
la institucionalidad vuelva a funcionar con base
en el criterio ético de la vida concreta. O sea,
la vida de este pueblo nuestro, cuyo derecho
fundamental, concreto y tangible, es el derecho a
una vida digna. Derecho que, por mil razones mil
veces argumentadas, se pone en riesgo con este
TLC que hoy la Sala IV, en el colmo del
escándalo, bendice y legitima. con dolorosísima
ligereza e irresponsabilidad

Foros de Google la voz del pueblo.