RESONOCO

Sergio Moya Mena
Cuando el avión comercial en el que viajaba el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Pervez Musharraf, no fue autorizado por el primer ministro Nawaz Sharif a aterrizar en el aeropuerto de Karachi, el enfurecido general interpretó la negativa como una amenaza directa contra su vida y tomó la
decisión de derrocar al gobierno legítimamente electo, proyecto en el que venía conspirando desde hacía meses. De esta manera, Musharraf tomó el poder en octubre de 1999, prometiendo un conjunto de reformas destinadas a “encausar a Pakistán por la senda del progreso”. Pero no solo fracasó en cumplir todo lo prometido, sino que terminó haciendo componendas con las corruptas y desacreditadas elites políticas de país.
Sin embargo, la fortuna le sonreiría de nuevo al General. Después de los actos terroristas del 11 de setiembre de 2001, la pista de Al Qaeda apuntaba al Afganistán de los talibanes, donde esta organización había entrenado al menos a 50 mil jihaidistas. Estados Unidos requería aliados sólidos en la región y el Hombre Fuerte de Pakistán se presentaba como el “socio ideal”, que la operación contra los talibanes requería. No obstante el apuro de Washington, la incapacidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la falta de visión de los estrategas militares pasaron por alto varios hechos fundamentales. Pakistán era desde la ocupación soviética de Afganistán, a finales de los años 70, un aliado y patrocinador de los talibanes. Por lo menos 50 mil paquistaníes habían combatido como voluntarios junto a los talibanes. Además, una sólida alianza se había establecido entre los militares paquistaníes y los grupos fundamentalistas religiosos locales.
La alianza con los norteamericanos ha sido un buen negocio para Musharraf. La potencia le ha girado al país más de $10 billones desde 2001. No obstante, la evidencia de un efectivo compromiso del gobierno de Pakistán en la lucha antiterrorista es escasa. Ciertamente han existido avances, como la detención de varios líderes de Al Qaeda, pero estos resultados se consideran insuficientes por muchos observadores estadounidenses, que resienten la falta de compromiso de Musharraf y sus ambigüedades a la hora de enfrentar a los extremistas islámicos.
Hace cinco años, Musharraf había declarado su intención de “quebrar” a los grupos jihaidistas y regular la red de madrassas, o escuelas coránicas de las que dependían. Sin embargo, los grupos extremistas proscritos siguen operando abiertamente en las principales ciudades. Como lo señala el International Crisis Group, no todas las madrassas son centros de militancia jihaidista, pero incluso aquellas que no tiene ligámenes con los grupos violentos promueven una ideología que otorga justificación religiosa a la violencia.
Cada vez que las presiones internacionales obligan a Musharraf a hacer declaraciones de fuerza contra los extremistas, las acciones reales no van más allá de la mera retórica. Los equilibrios de poder internos impiden al General cumplir a cabalidad lo que sus aliados externos exigen. A fin de contrarrestar la influencia de los partidos civiles de la oposición, Musharraf ha tenido que establecer coaliciones políticas con
partidos de la extrema derecha religiosa como el Jamiat Ulema-e-Islam, su socio de coalición en el gobierno regional de Beluchistán y que patrocina una de las redes de madrassas más grande del país.
Los extremistas que se habían atrincherado en Lal-Masjid, la Mezquita Roja de Islamabad junto a 1.800 estudiantes, aspiraban a convertir el país en una teocracia, a través de la aplicación plena de la sharía (o ley islámica) y la creación de una policía religiosa que velara por su aplicación. Después de ser ayudados y financiados por el Estado, muchos grupos
extremistas han sido declarados ilegales, por eso es que ven a Musharraf y su régimen militar como traidores. La sangrienta toma de la mezquita por parte de los cuerpos de elite del ejército ha significado un inusual uso de la fuerza por parte del régimen contra los extremistas y que seguramente traerá graves secuelas. De hecho, el número dos de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, anunció que el “crimen de Musharraf solo puede lavarse con sangre”.
Una de las consecuencias del fracaso de la estrategia norteamericana en Iraq es que ahora el centro de operaciones de Al Qaeda es Pakistán, lo que le permite a esta red terrorista expandir con soltura su influencia en el centro y sur de Asia. Las presiones internacionales sobre Pakistán van por lo tanto a incrementarse, empujando a Musharraf a acciones de fuerza como la toma de la Mezquita Roja, que podrían provocar el inicio de una masiva ofensiva fundamentalista, una posibilidad que desestabilizaría a toda la región.
Existe sin embargo una salida que, aunque remota, podría atenuar las tensiones políticas. Si el régimen permite una plena transición a la democracia a través de las elecciones pautadas para otoño, se posibilitaría un fortalecimiento de los partidos políticos civilistas frente a los fundamentalistas que, aunque influyentes, no tienen todavía la capacidad de ganar las elecciones. La democracia puede resolver muchos de los problemas de Pakistán, siempre y cuando se abra paso entre el autoritarismo de los militares y el fundamentalismo religioso.
Periódico La Prensa Libre 19 de julio de 2007.