RESONOCO

José Ramón Quesada A.
joseraque@racsa.co.cr
Abogado

Actuando correctamente, los obispos de la Iglesia Católica costarricense han mantenido que no asumirán una posición favorable o negativa a la aprobación del TLC en el próximo referéndum; lo cual es justificado porque, aun tratándose de una decisión de mucha importancia para el futuro de la sociedad costarricense, no se trata de un asunto que comprometa el contenido de la fe o de la moral que protege y transmite la Iglesia en fidelidad al Evangelio. La decisión entonces queda reservada al ámbito de la conciencia política de cada miembro de la Iglesia; es a los laicos a quienes nos compete ocuparnos activamente de las realidades temporales para que se conformen a los principios y valores cristianos. Efectivamente, la comunidad política y la Iglesia, en su propio campo, sonindependientes y autónomas, aunque ambas estén, a título diverso, “ al servicio de la vocación personal y social del hombre”.

La Iglesia tiene un riquísimo magisterio que permite iluminar la decisión de los laicos sobre las realidades temporales, que se sintetiza en la Doctrina Social a la cual podemos acudir confiadamente para obtener luces que nos ayuden a un discernimiento adecuado ante decisiones que afectan nuestra convivencia humana; ese magisterio tiene como propósito poner “en relación la persona humana y la sociedad con la luz del Evangelio”. De conformidad con el texto del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia podemos extraer algunos principios que permitan enriquecer la reflexión nacional sobre este tema:

1. El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta (No. 303), que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. El modelo de desarrollo, dentro del cual el TLC debe ser un instrumento y no un fin, debe tender claramente al bienestar integral de “todo y de todos” los miembros de nuestra sociedad, lo que implica que el concepto de “perdedo- res”, como un mal necesario, no puede sernos indiferentes porque detrás de él se encuentra la realidad de personas con igual dignidad que aquellos llamados “ganadores”.

2. El principio del destino universal de los bienes invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario, en el que la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva (No. 174). Destino y uso universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. Si bien es verdad que todos los hombres nacen con el derecho al uso de los bienes, no lo es menos que, para asegurar un ejercicio justo y ordenado, son necesarias intervenciones normativas, fruto de acuerdos nacionales e internacionales, y un ordenamiento jurídico que determine y especifique tal ejercicio. Los bienes de la creación y los producidos por el ser humano están al servicio de las personas, con el propósito de que logren condiciones de vida acordes a su intrínseca dignidad; por lo que todo uso de los bienes irracional o tendiente a la excesiva concentración, sustrayéndolos a su función esencial, es contraria a su destino universal y al bien común.

3. En orden al bien común, el Estado puede proponerse con una constante determinación el objetivo del justo equilibrio entre la libertad privada y la acción pública, entendida como intervención directa en la economía o como actividad de apoyo al desarrollo económico (No. 354). En cualquier caso, la intervención pública deberá atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia, sin sustituir la acción de los particulares, contrariando su derecho a la libertad de iniciativa económica. En cada etapa de su historia las naciones deben buscar ese equilibrio que determina el punto en que la acción subsidiaria del Estado es necesaria en la economía, para garantizar el bienestar de la mayoría; sabiendo que esa decisión es contingente, no inmutable ni universal.

4. La propiedad privada y pública, así como los diversos mecanismos del sistema económico, deben estar predispuestas para garantizar una economía al servicio del hombre (No. 283), de manera que contribuyan a poner en práctica el principio del destino universal de los bienes. En esta perspectiva adquiere gran importancia la cuestión relativa a la propiedad y al uso de las nuevas tecnologías y conocimientos que constituyen, en nuestro tiempo, una forma particular de propiedad, no menos importante que la propiedad de la tierra y del capital. Estos recursos, como todos los demás bienes, tienen un destino universal; por lo tanto, deben también insertarse en un contexto de normas jurídicas y de reglas sociales que garanticen su uso inspirado en criterios de justicia, equidad y respeto de los derechos del hombre.

5. Las nuevas realidades, que se manifiestan con fuerza en el proceso productivo, como la globalización de las finanzas, de la economía, del comercio y del trabajo, jamás deben violar la dignidad y la centralidad de la persona humana, ni la libertad y la democracia de los pueblos. (No. 321). En el centro de todo orden económico, social y política se encuentra el ser humano, no las empresas o los indicadores económicos; por lo que el discernimiento que debemos hacer los costarricenses debe convencernos de que el TLC es mayoritariamente conforme con un modelo de desarrollo que preserva la centralidad de la persona, de la libertad y de la democracia. La globalización no es intrínsecamente contraria al bienestar y desarrollo de los pueblos, es una oportunidad a la cual debemos acercarnos conscientes de nuestra identidad y con la determinación de mejorar los éxitos alcanzados, no de desecharlos por puro esnobismo.

6. El comercio representa un componente fundamental de las relaciones económicas internacionales, contribuyendo de manera determinante a la especialización productiva y al crecimiento económico de los diversos países (No. 364). Hoy, más que nunca, el comercio internacional, si se orienta oportunamente, promueve el desarrollo y es capaz de crear nuevas fuentes de trabajo y suministrar recursos útiles. La doctrina social muchas veces ha denunciado las distorsiones del sistema de comercio internacional que, a menudo, a causa de las políticas proteccionistas, discrimina los productos procedentes de los países pobres y obstaculiza el crecimiento de actividades industriales y la transferencia de tecnología hacia estos países.

7. Los empresarios y los responsables de los entes públicos que se ocupan de la investigación, la producción y el comercio de los productos derivados de las nuevas biotecnologías deben tener en cuenta no sólo el legítimo beneficio, sino también el bien común (No. 478). Este principio, que vale para toda actividad económica, resulta particularmente importante cuando se trata de actividades relacionadas con la alimentación, la medicina, la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud. En esas áreas es evidente que el criterio de producción y comercialización no puede ser exclusivamente el lucro, porque entran en juego valores de más elevados como la vida misma.

8. Teniendo en cuenta las dimensiones planetarias que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo, se debe promover una colaboración internacional eficaz entre los Estados (No. 292), mediante tratados, acuerdos y planes de acción comunes que salvaguarden el derecho al trabajo, incluso en las fases más críticas del ciclo económico, a nivel nacional e internacional. La dignidad del trabajo humano debe ser el fundamento de todo orden económico, no es un simple factor del proceso productivo; por lo que no toda actividad aún remunerada puede llamarse adecuadamente trabajo si va en contra de la trascendencia y dignidad de las personas.

Estos son solo algunos de los principios que, expuestos por la Doctrina Social de la Iglesia, pueden orientarnos para el discernimiento que todos debemos hacer en este especial momento de la historia patria; solo una participación consciente que de testimonio de compromiso con la construcción de una sociedad cada vez más justa y plena de oportunidades será propicia para fortalecer nuestra democracia.El referéndum es también un instrumento de participación política (413), un medio para adoptar directamente decisiones políticas, la voluntad de la mayoría al final nos compromete a todos.

erióodico La Nación 5 de agosto de 2007.