RESONOCO

JAVIER CÓRDOBA MORALES
redactor

La forma en que el ICE subsidia a usuarios de la telefonía, tendría que cambiar con el TLC.

Gerardo Fumero y Jorge Cornick debatieron sobre la conveniencia de la apertura en telecomunicaciones que establece el TLC.

Los riesgos y ventajas de la apertura en telecomunicaciones que establece el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos fueron el tema de discusión en el noveno Foro Fides.
Como defensor de la apertura y del Tratado se presentó el economista Jorge Cornick, miembro de la junta directiva de la Autoridad Reguladora del los Servicios Públicos (ARESEP), mientras que por el "No" debatió Gerardo Fumero, ingeniero en telecomunicaciones.
Cada lunes a las 11 a.m. desde el 4 de junio y durante 14 semanas, esta emisora (93.1 FM) y la Arquidiócesis de San José someten a debate temas relacionados con el TLC, de cara al referendo programado para el 7 de octubre.

SOLIDARIDAD EN PELIGRO

Gerardo Fumero argumentó que la apertura que se establece con el TLC atenta contra el sistema solidario que ha permitido al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) brindar el servicio telefónico a bajo costo a la mayoría de la población .
"El ICE no puede por ley cobrar más allá de los gastos y la inversión del servicio; todo además bajo principios de solidaridad, cosa que jamás podrían hacer las empresas privadas porque eso no les compete", expresó Fumero.
El ingeniero explicó que el ICE gasta en el servicio telefónico residencial un promedio de $10,35 (¢5400), mientras que la tarifa básica que paga el usuario es a penas de $ 3,5 (¢1800), de tal forma que el sistema le subsidia al usuario en casi $7 dólares (¢3600) por mes
"De esa forma se garantiza el servicio universal, el cual es el más desarrollado en América Latina, ya que la más alta densidad (cantidad de teléfonos por habitante) la tenemos en Costa Rica. El 16% de los usuarios solo paga esa tarifa básica, o sea estos clientes son de escasos recursos y tienen servicio porque el sistema como tal les subsidia", agregó Fumero.
Además, existe un 68% de usuarios que pagan mensualmente montos entre los ¢1800 de la tarifa básica y los cerca de ¢6000 que le cuesta al ICE dar el servicio, por lo que se puede afirmar que más del 80% de personas reciben algún grado de subsidio.
De acuerdo con Fumero, esto es posible gracias a que servicios como el celular son más rentables, la ganancia que dejan a la institución permite subsidiar la telefonía fija; y aún en esta coyuntura, las tarifas de celular en Costa Rica son las más bajas de América Latina.
Este sistema, insistió Fumero, permite que Costa Rica tenga los índices de cobertura y densidad del servicios más altos de la región, además de aventajar a países como Chile y Argentina en indicadores de calidad; entre ellos la "completación de llamadas" medida por la empresa AT&T, además de ventajosas tarifas.
"Nuestras tarifas son las más bajas de América Central y las más baratas de América Latina, e incluso más baratas que en muchas partes del mundo. Si uno compara las básicas en la parte fija como en la parte celular, las diferencias son como de cuatro veces más en promedio. Los costos por minuto adicional también son extremadamente bajos en nuestro país", comentó Fumero.
El especialista afirmó que con el TLC este sistema no puede seguir operando, pues tanto en el tratado como en la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 60, se define como prácticas monopólicas el establecimiento de subsidios cruzados.

NADA CAMBIA

Jorge Cornick aseguró que el TLC y la Ley General de Telecomunicaciones no pretenden acabar con los logros solidarios del ICE, sino adaptarlos a los nuevos esquemas de mercado, en los que el servicio al costo se garantizaría por medio de la fijación de tarifas que hará la ARESEP.
Para Cornick la apertura se ha convertido en una necesidad desde el punto de vista tecnológico, pues hoy existen muchas formas para transmitir información además del cable telefónico, como el cable coaxial, las redes inalámbricas e inclusive el mismo cable eléctrico.
"Ante esa apertura, se puede gastar los recursos del país tratando de impedir que la población aproveche las oportunidades que le da la tecnología, o adecuar su legislación para canalizar de manera socialmente productiva ese cambio tecnológico", argumentó Cornick.
El economista puso como ejemplos de apertura a la competencia los casos de la banca, la educación y los servicios de salud; sobre los cuales aseguró que en ninguno se ha puesto en riesgo el servicio que brinda el Estado por medio de sus instituciones.
Agregó que los esquemas de solidaridad ya no funcionan con la misma eficiencia que antes por las variables tecnológicas, por lo que es necesario un cambio.
"No se renuncia a la solidaridad. Los modelos con los que hemos finaciado la solidaridad han dejado de ser viables o cada vez lo son menos. La internet nos impide hacer lo que hacíamos antes, que es tener tarifas de telefonía internacional mucho más altas para subsidiar las locales", expresó Cornik.
Agregó que para mantener el esquema solidario se ha previsto en el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa la creación de FONATEL (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) el cual se alimentaría del cobro de un porcentaje de sus ingresos a todos los operadores. Hay operadores de servicios privados que están opuestos a esta iniciativa. Sobre el alza en las tarifas el ICE no tendría el público que temer, pues por su bajo costo debería conservar la mayoría de sus clientes.
"Si el operador público tiene tarifas significativamente más bajas, evidentemente va a conservar un porcentaje muy importante del mercado; debo aclarar que en el modelo que se está proponiendo, las tarifas serán fijadas por la ARESEP, a menos de que se estime que hay tal intensidad en la competencia, que el mercado es un mecanismo más eficiente", expresó el representante del Sí.

ICE AMARRADO

Para la fase de preguntas, Fumero fue consultado sobre las condiciones que requiere el ICE para competir en un mercado abierto, a lo que respondió que es necesario quitarle muchas de las "amarras" que tiene hoy para ejecutar proyectos.
"El ICE tiene que pedir una serie de autorizaciones, regulaciones a la autoridad presupuestaria, y Contraloría. Los proyectos del ICE se atrasan dos o tres años, cuando la empresa privada los puede tener en 6 meses o antes", dijo Fumero.
El representante del No aclaró que no se puede dejar tampoco al ICE sin control alguno; pero que es imposible que una empresa estatal tenga la flexibilidad de una privada, por lo que de darse la apertura, podría repetirse en Costa Rica lo ocurrido en Uruguay.
"Hubo una apertura hace unos 12 años , y hoy la empresa estatal ya perdió el 60% del mercado porque sencillamente sigue siendo estatal por más autonomía que tenga. Eso es lo que se espera aquí, que se reduzca el ICE en términos de cinco años, una tercera parte como se dio en Uruguay", advirtió Fumero
Por su parte Cornick aseguró que las aperturas y privatizaciones en América Latina son "malos ejemplos"; y que en Costa Rica eso no sucederá.
"Mucha de la experiencia de América Latina es de privatización, que aquí no va a ocurrir, y una experiencia de apertura sin regulación que es una pésima idea. Estamos haciendo una cosa distinta para proteger los logros históricos de nuestro país y a partir de ahí lograr más, no para retroceder", aseguró el economista.
Para Cornick un ejemplo de apertura en la que se hizo "algo bien y algo mal" fue la realizada en los Estados Unidos, la cual abrió a la competencia la telefonía internacional, pero repartió la telefonía local en las empresas llamadas "pequeñas bell", lo que significó una baja en las tarifas internacionales, pero no así en las locales, pues no había competencia.
"Es un error asociar el servicio universal a la telefonía fija, eso es la tecnología de ayer. El instrumento preferencial de los más pobres es el celular prepago, el lcual en muchos países las compañías prácticamente lo regalan o lo regalan, y es el instrumento de más uso, porque no hay susto. Con el prepago la familia pobre controla su gasto", agregó Cornick.
Por su parte Fumero rechazó que la creación de un fondo sea garantía de que el servicio solidario se va a mantener, pues el artículo 42 de la Ley de telecomunicaciones señala que este fondo se establecerá en un mínimo del 2% y un máximo del 4% de las ganancias de los operadores.
"En Estados Unidos también el gobierno ha tenido que intervenir para brindar el servicio universal y también tienen un porcentaje con el que carga a las empresas operadoras para garantizar este subsidio a esta gente. Ese fondo está en un 11.7%, en Costa Rica el ICE invierte un 9% de sus ganancias en subsidios; mientras que la Ley citada permitiría solo un 2%, lo cual implica que desmejoraría el servicio", refutó Fumero.

Semanario Universidad 9 de agosto de 2007