RESONOCO

Un abuso y una violación a derechos básicos de mucha gente

Rodrigo Alberto Carazo
carazoba@ice.co.cr
Abogado

Un día de estos estaba tranquilo, trabajando, cuando sonó el teléfono: “Le hablamos de la emisora de su tarjeta de crédito. En vista de su buen historial con la tarjeta deseamos darle gratuitamente otra distinta. Y para quien usted designe, también. Se la llevamos donde nos diga, en 48 horas”. Acepté. Las condiciones eran atractivas y soy de quienes utilizan esa forma de pago.

Efectivamente, llegaron a los dos días, muy amables y muy profesionales. “Aquí están sus dos tarjetas, firme este contrato, por favor”. Leído y firmado. Gracias, les dije. “Ah, pero necesito que también me firme esto”: una autorización a Sugef para que entregue información de mi crédito, a plazo indefinido, a cualquier entidad financiera que lo solicite, “de conformidad con el art. 133 de la Ley del Banco Central”, dice la fórmula.

Chantaje. Ante mi negativa de firmarla, me explicaron que Sugef lo exige y que, de no hacerlo, tendría que devolverles las tarjetas. Llamaron a la jefa para explicarle “que el señor no quería firmar la autorización” y me vi hablando con la jefa. “Es que, si no firma, además de que nos tiene que devolver la tarjeta, tenemos que reportarlo, y eso quedaría apuntado en la otra tarjeta, y le afectaría en el momento de su renovación”. Así de fácil. Un chantaje. De los que duelen. Sin quererlo, me pondrían una mancha en mi historial de crédito y, luego, como en el caso de todos, lo diseminarían.

Guardaba en mi escritorio una fórmula que resultó idéntica, que le habían pedido a una allegada mía que firmara, un día que fue a otro Banco en donde tiene su cuenta, a hacer otra gestión. Ella también se negó a firmar y, las dos veces siguientes que llegó al Banco, se la pidieron de nuevo. La tenían “fichada”. “Es que, si no nos firma la autorización, el Banco se mete en problemas con la Sugef”.

A nadie. En la Sugef, dice una y otra fórmula, hay un Centro de Información Crediticia, pero resulta que a mí, ni a nadie, le dan la información que tienen de uno, si no es a través de una entidad financiera que la pida y luego se la enseñe a uno, y los bancos solo la piden si uno solicita un crédito.

De verdad que todo esto es desagradable. Sensible como soy después de ejercer el cargo de defensor de los Habitantes, hace ya bastante tiempo, me parece que es un abuso y una violación a derechos básicos de mucha gente. En mi tiempo, si sabíamos de algo así, abríamos un “caso general”, para determinar la forma cómo hacer respetar los derechos de la gente. Quizás ahora doña Lizbeth quiera hacerlo.

Incongruencia. Porque resulta, además, que hay una gran incongruencia, o alguien nos está engañando, “desde una posición de poder”. El mentado artículo 133 no faculta a Sugef a pedir esa información, lo que hace precisamente es permitir a Sugef que la proporcione si el Banco la solicita y tiene la autorización de la persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Actúan los bancos “en banda”, apoyándose unos a otros? ¿O es Sugef la que, al estilo orweliano, quiere saber todo de todas las personas y se pone a cazar mariposas con estas fórmulas, segura de que, si aprieta por donde duele, la va a conseguir?

También hay incongruencia cuando esos bancos tan celosos (está bien que lo sean si lo fueran con todos) abren 50 o más cuentas a un desconocido y se quedan impávidos cuando ven que mueve millones públicamente. Se pregunta uno si Sugef tenía del comprador de futbolistas tanta información como quiere tener de mí y de usted. Y en el caso famoso, si la tenía, ¿de qué le sirvió?

periódico LA Nación 22 de agosto de 2007.