RESONOCO

UNIVERSIDAD bajo presión

VINICIO CHACON & LORNA CHACON
redactores

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El Director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Baudrit, considera que si una persona le habla a un periodista es porque está dispuesta a asumir las consecuencias (Foto: Archivo).

El hecho de que el diputado Fernando Sánchez desautorice a UNIVERSIDAD a publicar sus declaraciones y lo haga mediante una carta con copia a la rectora, Yamileth González, y al presidente del Colegio de Periodistas, Heriberto Valverde, causó preocupación entre abogados y periodistas, quienes defienden el derecho a la información de los ciudadanos.
Según la directora de este medio de comunicación, Laura Martínez, "esto es un amedrentamiento contra el Semanario UNIVERSIDAD, contra la prensa, un intento para que no revelemos información".
"Es un intento de censura previa con claros tintes de coerción", aseguró Martínez, quien destacó que "le enviaron copia a la señora rectora y al presidente del Colegio de Periodistas y, por cierto, me alegro mucho de que se entere de las formas cómo funcionarios de alto nivel tratan de intimidar a medios de comunicación alternativos".
Según Martínez, el hecho es "lamentable" porque viene "de un diputado que fue elegido por el pueblo".
"El panorama se pondrá más difícil y polarizado de cara al referendo y esperamos que no se repita este tercer intento contra el Semanario UNIVERSIDAD por divulgar información pertinente, que sólo en este medio de comunicación haría , en cumplimiento real del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas costarricenses de conocer sobre el TLC", puntualizó la directora.

INFORMACIÓN COMO DERECHO

Guiselle Boza, abogada, periodista y miembro del Observatorio para la Libertad de Expresión, dijo que "no cabe desde ningún punto de vista, y sobre todo por parte de un funcionario público, una acción que evidentemente tiende a la censura previa de la información".
Consultada sobre la actitud del diputado Fernando Sánchez, quien desautorizó la publicación de sus declaraciones, Boza dijo que "se trata de un funcionario público del partido oficial del gobierno, quien busca que información legítimamente obtenida, no pueda ser conocida por los ciudadanos".
"Con legítimamente obtenida me refiero a que él accedió, dio su consentimiento para brindar declaraciones a un medio de comunicación, el cual recoge en un reportaje las opiniones o reacciones frente a este hecho noticioso", aseguró la también Directora de las emisoras culturales de la UCR.
De acuerdo con Boza, "si el funcionario público considera que ha sido lesionado o agraviado o que la información resulta ser inexacta, tuvo el derecho de referirse a esto en el momento en que el periodista investigó. El periodista hizo lo que corresponde hacer a un medio de comunicación".
La jurista explicó que "el medio sí está obligado a que, si el funcionario alega que la consignación de los hechos o bien de sus opiniones es inexacta, en esa medida tiene derecho a reclamar un derecho de rectificación o respuesta, aunque de manera posterior a la publicación. Se trata de responsabilidades ulteriores, pero nunca previas, el periodista no puede ser censurado por publicar lo que ya tiene investigado".
"No existe ningún motivo de carácter legal ni legítimo por parte del diputado Sánchez para demandar que no publiquen las declaraciones que de manera espontánea le dio a un medio de comunicación", agregó.
Boza dijo que "en aras del criterio de veracidad, los medios de comunicación están obligados a contrastar los hechos y opiniones que llegan a la sala de redacción. Éste es un deber de diligencia que tiene el periodista" y eso fue lo que hizo UNIVERSIDAD, explicó.
Según Boza, "el ciudadano tiene todo el derecho a conocer toda la información, aún la que lesiona la imagen y la intimidad de los funcionarios públicos, si existe un interés público prevalente".
La especialista destacó la importancia de "defender el concepto de la libertad de información", pero "lo que pasa es que en este país se considera que la libertad de información es sólo de algunos, no de todos".
"¿Qué es información adecuada en este momento? ¿Lo será la correspondencia privada de don Kevin Casas y don Fernando Sánchez que no incida en la vida pública? La adecuación se refiere a que lo adecuado es lo que incide de alguna manera en la formación de una opinión pública. En este caso, están todos los elementos presentes para que el tema sea de interés público", puntualizó.

ASUMIR LAS CONSECUENCIAS

Luis Baudrit, Director de la Oficina Jurídica de la UCR, aseguró que si el entrevistado acepta que el documento emanó de él, aunque no tenga su firma ni membrete, eso es suficiente para atribuirle responsabilidad".
"El hecho de que posteriormente esta persona piense que sus declaraciones podrían tener implicaciones graves o serias, y que trate de rectificar lo que ya expresó, me parece que no puede desmentirse. Si se hubiera equivocado, debe reconocer el error y explicar en qué se equivocó, pero lo que hace es no autorizar la publicación de declaraciones ya dadas", añadió.
En la carta, Fernando Sánchez "no dice que lo que dijo en la entrevista sea falso, o que se haya equivocado, sólo que no autoriza la publicación después de haber sido entrevistado".
"Si yo considero que no es prudente que hable de un tema, le pido (al periodista) que venga mañana o me abstengo de declarar. Si hablo es porque estoy dispuesto a asumir las consecuencias, no tiene sentido que después desautorice", agregó Baudrit.
El abogado destacó que esta situación se da "máxime tratándose de un diputado" quien "accede, como debe acceder, a que se le entreviste públicamente para que se le hagan preguntas con toda transparencia y claridad sobre cualquier tema".
"Cuando se prohíbe o intenta impedir una publicación porque se han medido los alcances que en contra puede tener, me parece que es una medida de manipulación, no veo que sea censura, porque ésta la impone quien tiene autoridad", puntualizó.

semanario Universidad 6 de setiembre de 2007