RESONOCO

Es importante toda acción para mejorar las condiciones de las personas “de carne y hueso”

Saúl Weisleder
Exdiputado

El progreso de una sociedad se mide por la calidad y nivel de vida que puede ofrecer a la mayoría de sus miembros. El progreso tecnológico es solo un medio importante para alcanzar el bienestar social. Si bien las manifestaciones de malestar individual y social, aun en los sectores de altos ingresos, no se explican tan solo por confundir uno y otro, no hay duda de que incide seriamente. Por eso resulta importante toda acción encaminada a mejorar las condiciones de vida de las personas “de carne y hueso”.

En este sentido, la aprobación, a principios de la década de 1980, de la primera reforma al artículo 95 del Código de Trabajo, gracias al esfuerzo de las diputadas de entonces, Matilde Marín (q. e. p. d.) y María Lydia Sánchez, vino a consolidar un derecho para todas las trabajadoras, que hasta entonces solo habían conseguido algunos sindicatos en convenciones colectivas en las universidades públicas e instituciones autónomas del Estado. En esencia, que en lugar de 2 meses por maternidad, como había sido hasta entonces, esta licencia fuese de 4 meses, pero se mantenía como “licencia por incapacidad”.

En 1993, siendo candidato a diputado por San José y pensando en posibles proyectos para el trabajo legislativo, leí enLa República un artículo de una de sus periodistas, dedicado a su hija recién nacida, María José. El artículo era una expresión de sorpresa y reclamo pues, al cobrar su aguinaldo, se había percatado de que los 4 meses de licencia por maternidad que había disfrutado le habían sido rebajados proporcionalmente y, se enteraba, también lo serían para efecto de vacaciones, jubilación y cualquier otro beneficio dependiente del salario.

Tomé el caso para resolverlo legislativamente, con el afán de enmendar esta injusticia y como decisión expresa de promover legislación a partir de las demandas ciudadanas. Fue así como trabajé con mis compañeros asesores y diputados para que de ello surgiera la Ley 7621. Dejo por ahora otros detalles del proceso y de la propia Ley. La reforma restituía a las trabajadoras embarazadas todos los derechos derivados del salario que antes se les suspendía durante esa “licencia de maternidad”.

No penalizar a la mujer. La lógica de la ley es que la sociedad debe hacerse cargo del proceso reproductivo propio, y que no debe penalizarse a una mujer porque, como trabajadora, cumple con una función social esencial que la naturaleza le otorgó a ella exclusivamente. Como consecuencia, los patronos asumirían este costo que dejaría de ser un “subsidio” por incapacidad para convertirse en un derecho ligado a su salario.

Surgieron voces (antes y después) arguyendo que ello perjudicaría a las mujeres pues se reduciría la demanda de sus servicios. He respondido que, mientras la economía crezca “sanamente”, esto no se produciría. Y la realidad así lo ha mostrado.

Surgen ahora dos nuevas propuestas de reforma a esta visión. Una, de la CCSS, correctamente avanza en la dirección de trasladar ese costo ya no a la empresa individual, sino al conjunto de contribuyentes de la Caja. Con ello, se avanza más en la lógica de que toda la sociedad asuma el costo económico de la reproducción. La otra, del diputado Quirós Lara, elimina estos derechos restituidos en la Ley 7621, revierte ese período de licencia a la figura de “incapacidad” y exime a los patronos de toda contribución sobre este derecho durante los 4 meses de licencia y le traslada a la Caja los costos de ese “subsidio”.

En esta lógica, la reproducción de la sociedad vuelve a ser una responsabilidad personal de la mujer (y su compañero, si lo tuviere) y no de la sociedad como tal, porque ellas deberán asumir (junto a su familia) la pérdida de esos derechos.

Dos visiones de mundo. En una, conforme a la ley redactada por las diputadas Marín y Sánchez en la década de 1980, y más en la 7621, promovida por mí a mitad de la década de 1990, y la que la CCSS propone ahora, se reconoce a las mujeres trabajadoras derechos por la reproducción de la sociedad que solo ellas pueden realizar, evitándoles el castigo de la reducción de su aguinaldo y vacaciones y retrasando su pensión cuando llegue.

Me parece que el proyecto de la CCSS es más coincidente con los valores de progreso social, que defiende a la familia y contribuye, como las reformas anteriores, a crear mejores condiciones de vida para las obreras, las empleadas y sus familias.

Los estudios más serios sobre globalización y apertura al comercio, como los de Rodick, muestran sólidamente que los países que mejor aprovechan estos fenómenos son los que poseen una mejor “infraestructura social”. Al respecto, el TLC con EE. UU. será más beneficioso en el tanto progresemos, racionalmente, en los derechos sociales. Esto es más cierto en momentos en que tanto la economía nacional como la internacional pasan por un buen momento.

periódico La Nación 13 de setiembre de 2007.