RESONOCO

MSc. Juan Carlos Chavarría Herrera*
El pasado 7 de octubre el país realizó el primer referendo de su historia, donde la responsabilidad de la ratificación del TLC fue asumida directamente por la ciudadanía.

Este trascendental evento político-social se vio resaltado por el gran porcentaje de participación de las ciudadanas y los ciudadanos que responsablemente se acercaron a las urnas a expresar en un ambiente de respeto y tolerancia su voto.

Como resultado de la afluencia del electorado, aunque por un estrecho margen de tan solo un poco más de un 3% el Sí al TLC se impuso como la tesis ganadora, y por consiguiente debe ser la aceptada respetuosamente por todos los actores políticos involucrados como la opción que el país eligió soberanamente.

El proceso electoral transcurrió en calma y transparencia, con la presencia de observadores internacionales que dieron fe ante el mundo de la pureza de los resultados. Es antipatriótico intentar enlodar la grandeza de este acto democrático con acusaciones infundadas de un seudo fraude por parte de algunos de los perdedores, esta conducta deshonrosa no deslegitima el resultado, sino por el contrario los únicos que pierden credibilidad ante la ciudadanía son quienes las esgrimen irresponsablemente.

Es derecho de todo ciudadano exigir al Tribunal Supremo de Elecciones cuentas claras sobre sus acciones y acuerdos, así por el bien de la democracia nacional se pueden y se deben pedir todas las explicaciones que se consideren necesarias, pero no es ético intentar deslegitimar sin prueba alguna una intuición fundamental para la democracia costarricense, solo porque el resultado no nos favoreció, dado que con o sin TLC nuestras instituciones democráticas, deben ser defendidas y fortalecidas.

Por otra parte, lo estrecho del resultado electoral, obliga a los ganadores a abrir espacios de diálogo sobre los proyectos de la denominada agenda de implementación, sin que esto implique que la oposición a esta caiga en filibusterismos y en exigencias irracionales con la intención que no pueda estar aprobada antes de la fecha límite del 27 de febrero.

Las fracciones políticas que integran la Asamblea Legislativa, se ven obligadas moralmente a dar un trámite oportuno –dentro del tiempo establecido en el tratado– a los proyectos de Ley de la Agenda de Implementación. Actuar de forma contraria sería una acción antidemocrática e irresponsable con quienes se hicieron presentaron a dar su voto en el pasado referendo.

El pueblo de Costa Rica en las urnas dio una sentencia, nos guste o no, esta debe ser respetada principalmente por quienes no son más que simples depositarios transitorios de la soberanía popular, en este caso los diputados de la Asamblea Legislativa y en consecuencia no pueden desconocer la voluntad electoral obstaculizando la tramitación de la agenda de implementación del TLC.

La voz del pueblo es la voz de Dios y por consiguiente quienes realmente amamos la democracia debemos aceptarla y hacerla cumplir.

*Politólogo y Economista Ex presidente Ejecutivo del Sinart S.A.

Diario Extra 16 octubre 2007