Agenda después del referendo
Queda mucho por hacer para que Costa Rica sea un país desarrollado
Mariano Jiménez Zeledón e Ingrid Rojas Saborío, abogados y politólogos
El referendo ha constituido un hito en la historia de Costa Rica; en él, la voluntad de la mayoría se tradujo en la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La discusión del TLC, en el fondo, se transformó en una discusión sobre la visión país, básicamente de dos centros ideológicos opuestos y sus variaciones, los cuales se expresan confusamente en los diferentes partidos políticos vigentes; esto ha generado crisis e insuficiencia en las instituciones políticas, en los partidos.
El proceso electoral se llevó cabo en un ambiente de libertad y democracia, por lo que, en primer término, se debe hacer un llamado a respetar ese resultado y la institucionalidad del país.
Modelo sin cambio. El tratado es un instrumento comercial que no cambia el modelo de desarrollo, pero obviamente lo profundiza; por eso, con TLC o sin él, queda pendiente mucho trabajo para impulsar a Costa Rica hacia convertirse en un país desarrollado.
Desde hace 20 años se ha impulsado el modelo de desarrollo aperturista, sin las reformas internas necesarias para generar condiciones para fortalecer el Estado social de derecho y reducir la inequidad social.
El presidente Óscar Arias, en su discurso del 7 de octubre, lo señaló en forma oportuna: lo que ha generado división en Costa Rica no es el TLC en sí, sino en la escogencia del camino para resolver el tema de la pobreza y crear una sociedad en la que exista una adecuada distribución de la riqueza, para lo que consideramos esencial fortalecer el mercado interno.
Mercado interno. El bienestar no es una consecuencia del crecimiento económico; se requiere una acción estatal que fortalezca el mercado interno, para que este sea una plataforma de las empresas exportadoras.
Es congruente abogar por el proyecto de banca de desarrollo, impulsar la reforma tributaria, continuar con los programas de apoyo a las pymes e impulsar una nueva ley de concesión de obra pública que permita la creación de infraestructura vial, y la concesión de los puertos de Moín y Limón.
La voluntad mayoritaria se expresó en las urnas; ahora corresponde a la sociedad y sus dirigentes actuar responsablemente para crear las condiciones que permitan a los costarricenses aprovechar las ventajas del libre comercio en un ambiente de equidad interna y justicia social.
periódico La Nación 22 octubre 2007

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