RESONOCO

Impugnaciones son viables todavía

Nathalia Rojas Zúñiga
redactora

Jorge Enrique Romero y Luis Baudrit señalan que a pesar de la ratificación del TLC y el dictamen de la Sala Constitucional, aún puede haber roces con la Constitución Política. Al centro el moderador de la actividad, Manuel Murillo. (Foto: Katya Alvarado)

La posibilidad de denunciar roces del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) con la Constitución Política, es posible todavía a pesar de que el acuerdo comercial esté a punto de convertirse en ley.
Este es el eje de discusión de dos libros recientemente publicados por los expertos Jorge Enrique Romero y Luis Baudrit, respecto al pronunciamiento de la Sala Constitucional ante la consulta que hicieron la Defensoría de los Habitantes y 19 diputados sobre la presencia de roces del TLC con la Carta Magna.
Romero, especialista en derecho económico internacional, recoge su estudio en "Sala Constitucional, voto 94-69-07 TLC-USA. Análisis y comentarios". Asimismo, Baudrit, director de la Oficina Jurídica de la UCR, analiza su ponencia en "Inconstitucionalidades en el TLC, a pesar del dictamen de la Sala IV".
Ambos funcionarios de la UCR presentaron sus libros el pasado 30 de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Romero basa su publicación, en que los cinco votos a favor de los magistrados de la Sala Constitucional es una simple respuesta a la consulta de la Defensoría y los legisladores; por ende, carece de carácter vinculante y no es un pronunciamiento definitivo.
El docente universitario recalca que el tratado se encuentra por encima de la Constitución y el Estado se encuentra en riesgo de tener que someterse a dictámenes internacionales, que serían contraproducentes para el país.
Por su parte, Baudrit concuerda con Romero en que este pronunciamiento no es una sentencia, ya que no define de forma definitiva la presencia o ausencia de roces. Asevera que en la resolución "no se afirma que se excluya de modo total cualquier inconstitucionalidad que contuviera el proyecto del TLC".
Critica que el procedimiento, las potestades de la Comisión de Libre Comercio y la obligación de acudir a arbitrajes internacionales, son procedimientos que poseen vicios y que no se determinaron como tales.
Aunque el 7 de octubre en el referendo se haya declarado oficialmente el triunfo del "Sí" al TLC, el proceso no fue exacto, aseguró. Manifestó que la Sala Constitucional debió haber revisado incluso el proceso ordinario de aprobación del proyecto de ley, no los parlamentarios.
Igualmente, la ciudadanía pudo haberse confundido, pues este proyecto y el referendo se mezclaron, a pesar de que eran procesos independientes, con el beneplácito del Tribunal Supremo de Elecciones, comentó el autor.
De la misma forma, reprobó la manera en que se convocó a la consulta popular y la falta de comunicación y difusión de los textos que se manejaban paralelamente, como la misma Ley de Referendo o la agenda complementaria.
Ejemplificó la situación con la apertura de telecomunicaciones, donde muchos costarricenses desconocen que el Instituto Costarricense de Electricidad será "desbaratado"; o con los arbitrajes internacionales, cuya vinculación será obligatoria aunque haya posibilidades de negociación.
Los analistas coincidieron en que la posible denuncia de roces constitucionales, actualmente es un factor vital, debido a la discusión de las leyes paralelas del TLC en el plenario legislativo.
Semanario Universidad 6 diciembre 2007