RESONOCO

Francisco Barahona R.
Las noticias de los últimos días dan cuenta una vez más que en el ámbito de la Asamblea Legislativa, en especial al interior de la Comisión de Reformas Electorales, no hay voluntad política para cambiar la legislación electoral, adoptando nueva normativa que, entre otros muchos temas, incluya nuevos elementos sobre la financiación estatal a las campañas presidenciales, sobre la formas de elegir más directamente a los diputados y diputadas y a un sinnúmero de disposiciones que desde hace ya varios años, el Tribunal Supremo de Elecciones les planteó con ánimo conservador, pero procurando un avance en esta materia que nos tiene, pese a ser la nuestra una democracia madura, con un conjunto de disposiciones electorales tímidas, regresivas y no representativas, ni participativas de parte del electorado, sujeto principal y titular único de nuestra soberanía.

La prensa nacional nos cuenta por enésima vez que “no hay ambiente”, entiéndase voluntad política, para adoptar estas nuevas propuestas y el razonamiento de algunos de los señores y señoras diputadas es que, ¡no hay dinero!, y mejor seguir con las disposiciones actuales, pues un cambio orientado a lograr que los ciudadanos puedan escoger al diputado de su preferencia, independientemente del puesto que ocupe en la lista que presentan los partidos políticos, podría dar lugar a que se introduzcan intereses sospechosos o bastardos como los del narcotráfico; como si ahora, el sistema no lo permitiera y como si hubiera una vacuna contra esas influencias negativas que dé por sí actúan en el presente.

Esta historia se viene repitiendo desde hace décadas, el no reformar nada; la decisión de los políticos es mantener el status quo que los beneficia, aunque ello signifique un veto a cambios a favor de la democracia participativa a los que el TSE dio cabida con base en su experiencia desde hace años y conste que, cuando adoptaron la decisión de solicitar cambios a la ley electoral hace bastantes años, fueron muy conservadores y eliminaron del proyecto de reformas aquellas más profundas y quizás por ello más polémicas. Pero lo que más nos llama la atención es que los magistrados electorales en lugar de llevar a cabo una campaña pública en esta dirección, se han limitado a tener representantes en la comisión respectiva y a dar unas cuantas declaraciones a favor del cambio, pero sin recurrir a una campaña de información y urgencia de los cambios propuestos y como no encontraron ambiente a su favor en el parlamento, pues sencillamente como por cuarta vez, aceptan que se patee la bola de nuevo en forma irresponsable y sin novedad en el frente. Como ciudadano protesto, pues iremos a escoger a nuestros representantes sin saber por quien votamos y los nuevos diputados(das) tampoco sabrán quién los eligió, o mejor dicho, seguirán debiéndole su nombramiento al candidato presidencial de su partido y no al pueblo soberano que tampoco podrá pedir cuentas, pues no se sabe por quién voto y esto atenta contra los principios más elementales de cualquier democracia.
periódico La Prensa Libre 17 enero 2008