RESONOCO

Claudio Alpízar Otoya *
Los intentos de sectorialización de las funciones superiores del Gobierno en nuestro país, se han caracterizado por dos aspectos pocas veces entendidos por los que desarrollan o ejecutan programas y planes de desarrollo nacional: 1) la sectorialización es un concepto de naturaleza eminentemente política, lo que a su vez define: 2) que los sectores se gobiernan y las instituciones se administran.

Desde esta perspectiva cada uno de los ministros sectoriales -a los que el presidente les encarga por su conocimiento y liderazgo determinado sector- tienen la responsabilidad, “ad intra”, de coordinar las directrices políticas de su cartera, negociarlas con los jerarcas de las instituciones descentralizadas funcionalmente y que estén en su ámbito político, no administrativo. Y por supuesto, este liderazgo del ministro sectorial tiene que hacer participes también, “ad extra”, a la iniciativa privada, puesto que a ella corresponde buena parte de la ejecución de esas políticas públicas, bien sean centralizadas o descentralizadas.

El logro mayor será evitar que las instituciones autónomas o semiautonomas actúen como un archipiélago, buscando que los objetivos políticos se caractericen por su coordinación, con la idea de que se desarrolle un enfoque sistémico por el cual el todo sea mayor que la simple suma de las partes, lo que se ha dado en llamar holismo incremental. En lectura más sencilla, trabajar por sectores (sectorialización) es facilitar en alto grado la coherencia en las decisiones y en las acciones políticas de gobierno.

La política sectorial facilita la adaptación de cambios políticos, económicos y sociales al sistema estatal desde la cúpula en que se encuentra el Presidente de la República, hasta los últimos niveles del mismo. La existencia de un amplio ámbito de decisión y acción, como lo es el sector público, requiere un ordenamiento interno, que lo haga eficaz y eficiente, debido al conglomerado de organismos gubernamentales que lo forman, además de la guía que debe ser para el sector privado. Mediante la política sectorial se busca que todos los entes involucrados interactúen en el sector público nacional por medio de directrices unitarias y vinculantes; mediante reacciones colectivas se da la intercesión del poder y de la autoridad institucional.

Aquí es donde los ministros, en la medida de lo posible, deben evitar esa dicotomía político-administrativa que los hace confundir su función de gobernantes con la función administrativa que es secundaria en sus responsabilidades, además para eso por ley están los viceministros. El ministro es quien en forma conjunta con el Presidente de la República define la política a seguir en su ámbito, de acuerdo a nuestra constitución son “sus colaboradores obligados”.

Para lograr que instituciones independientes administrativamente trabajen políticamente en un mismo ámbito de acción, se requiere no solamente liderazgo en los ministros sectoriales sino una verdadera voluntad de quienes detenta el poder, para cumplir con las disposiciones constitucionales y legales. El número de sectores de una sociedad lo determina sus propias necesidades y su integración las posibilidades de combinación entre los sectores que el Gobierno establezca para la ejecución de sus políticas.

Ahora bien, existen sectores e instituciones intersectoriales, que obliga a que el gobierno determine una política que las involucre conjuntamente, ya que el diseño de rasgos comunes entre instituciones y sectores es esencial para la reorganización de las funciones superiores del Gobierno y de su administración pública, misma que exigen un ordenamiento pragmático y flexible. La sectorialización es un instrumento apto para la comunicación política al permitir la participación privada y pública, los sectores no son ningún “invento revolucionario” de la organización; es simplemente un orden que cae por su propio peso, al que la misma naturaleza institucional obliga y exige. No se requiere filosofar mucho para darse cuenta de la necesidad natural y racional de coordinar y obtener la colaboración que exigen las instituciones que trabajan bajo un ámbito político común y con fines similares.

Es la clave que se comprenda con claridad que en cada sector, los entes descentralizados administrativamente -instituciones autónomas- se deben subordinar políticamente al ministro respectivo, quien es el responsable último en ese ámbito determinativo de los resultados, así como de la comunicación ineludible que se tenga con otros sectores afines. Sectorializar es aplicar un mecanismo participativo, es permitir la coherencia de fines entre gobernantes e instituciones gobernadas.

El producto de los sectores es público; busca satisfacer necesidades de conjunto, no individuales y de aquí su abstracción e indivisibilidad cuando al dictar y controlar normas y políticas, crea incentivos o desalienta ciertas actividades. La experiencia nacional y de otros países ha demostrado, que si bien los sectores generan un producto netamente político, requieren del apoyo de los sistemas administrativos, que aparte de representar un insumo del proceso, son parte de la interrelación que deben mantener los sectores.

Y quiero llamar la atención al respecto por declaraciones que dio en días pasados a LA PRENSA LIBRE, el actual Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Lic. Roberto Gallardo, quien definió como “áreas grises” y ambigüedades contraproducentes la intervención de entidades en varios sectores, lo que definía como una situación que “truncaba la coordinación y eficiencia para el cumplimiento de objetivos”.

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 plantea una Organización Sectorial que tiene un pecado original, pues obvio lo que al respecto escribe el especialista español Dr. Juan Ignacio Jiménez Nieto: “El producto institucional, cuando constituye un fin último, se sectorializar; cuando representa un medio para la obtención de otros fines, la institución no es sectorializable, sino afiliada a algunos de los sistemas administrativos”. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede trabajar por sector, ya que los órganos que lo componen buscan mediante su operación un producto final como lo es el mejorar la salud del pueblo, así como proveer a este de las demandas que en el campo se reclama, lo que justifica su existencia. No así, el Ministerio de Seguridad Pública, que debe brindar seguridad y respeto a la ciudadanía manteniendo la estabilidad, para que otras entidades puedan funcionar sin problemas mayores y ajenos a su actividad.

Por lo tanto, su actividad no es sectorializable, sino que es una función de línea, necesaria parta todos los sectores y es parte de un sistema, no de un sector. Los sistemas se administran, los sectores se gobiernan.

De igual forma es correcto y no ambiguo, que existan instituciones que pueden incidir en varios sectores y ámbitos de actividad, por lo que no pueden ser encasilladas en un sector único, lo que es un error muy común cuando no se entienden el fondo y fin último del proceso de sectorialización; a estas instituciones, que interactúan en diversos sectores se les define como multisectoriales. Por otra parte, se puede decir que en la medida que se especializa un sector, el mismo se vuelve más puro. Por ejemplo, el sector público es un sector mixto, pues posee muchos sectores como partes integrantes y en cambio, el subsector salud o pobreza, al ser más limitado, es más puro, más concreto en sus funciones, y así sucesivamente. Las “áreas grises” entre instituciones y sectores son las intersecciones correctas y oportunas que se deben dar en el conjunto que representa el gobierno.

Definitivamente ningún sector funcionará si el Ministro Rector no tiene liderazgo y si no cuenta con el respaldo total del presidente, quien finalmente es quien otorga el respaldo necesario para que las demás instituciones públicas y privadas respeten las directrices y los mecanismos que de cada sector emanen, la macro política.

* Politólogo

La Prensa Libre 29 enero 2008