RESONOCO

Arturo Reig Tapia

El pasado no se desentierra, pero a los muertos hay que darles cristiana sepultura…

Embajador de España en Costa Rica

En defensa del buen nombre de mis compatriotas y de nuestro presidente del Gobierno, me refiero a los artículos “Los mártires de España”, de D. Guillermo Malavassi V. y “El sofisma de Zapatero”, de D. Jaime Gutiérrez Góngora.

“Contra hechos no valen razones”, como bien dice el señor Malavassi y, por ello, hay que tener presente que, por desgracia, no solo “ellos”, sino también “los otros”, asesinaron, torturaron, violaron, robaron, destrozaron, saquearon… La represión franquista no se limitó a perseguir a los asesinos, ladrones y salteadores de tumbas. Eso habría sido justicia, no represión. Pero no fue así. Tampoco hubo amnistía alguna, sino indultos, que no es lo mismo. Es cierto, por ejemplo, que en Paracuellos del Jarama fueron asesinadas algo más de 2000 personas, absolutamente inocentes, en lo que constituye la página más negra de la II República española. Pero otros tantos inocentes fueron asesinados tras la toma de Badajoz. Aquellas fueron exhumadas, honradas y enterradas dignamente al fin de la Guerra Civil, pero para estas no ha habido medallas ni santificaciones.

Menospreciar a un hombre como Azaña calificándolo de “nefasto” llama la atención. Azaña lloró al enterarse de las matanzas de la cárcel Modelo. Franco firmaba el “enterado” de las penas de muerte mientras desayunaba. Uno abolió la pena de muerte, el otro se apresuró a reintroducirla en el código penal y eso marca toda la distancia entre humanidad y barbarie. Azaña trató de gobernar “con razones y votos”, buscó siempre el acuerdo y el compromiso político, amnistió al general Sanjurjo que se sublevó contra la República en 1932, declaró no estar dispuesto “a fusilar a troche y moche” y buscó lúcidamente el armisticio para parar la masacre desde el primer momento, frente a la obcecada negativa de Franco, quien declaraba estar dispuesto, para salvar a España, a fusilar a la mitad de sus compatriotas.

Las cifras hablan. Cerca de 7000 sacerdotes pagaron con su vida la salvaje explosión de anticlericalismo desencadenada en la zona republicana como consecuencia de la sublevación militar. Bien dice el señor Malavassi: “el desorden crea impunidad”. La cuestión es ¿quién provocó el desorden en la zona republicana?, ¿quién quebró el orden constitucional? El caos y crímenes masivos en la zona republicana se produjeron fundamentalmente en el primer semestre de la guerra y a medida que la República pudo recomponer sus aparatos de Estado, disminuyeron progresivamente, aunque nunca cesaron por completo. Sin embargo, hubo otras muchas víctimas inocentes, aparte de las mencionadas, que apenas lo fueron por el horrible delito de ser republicanos, masones, librepensadores, sindicalistas o, simplemente, de izquierdas, con las manos tan absolutamente blancas como esos sacerdotes, religiosos y religiosas, católicos, empresarios, conservadores o, sencillamente, de derechas que fueron vilmente ejecutados.

Hoy, los historiadores tienen documentadas unas 50.000 víctimas del terror en la retaguardia republicana y 90.000, cifra al alza, en la franquista (1936-1939). No haré el menor comentario sobre la desproporción numérica del terror ejercido por unos y por otros. Las cifras hablan por sí mismas. Pero ¿qué decir de los más de 50.000 ajusticiados durante la inacabable posguerra, ya sin el dolor y exacerbación diarios de todo conflicto civil, responsabilidad directa e inexcusable de ese general Franco que solía decir que a él sólo lo juzgarían Dios y la Historia?

Un proceso irreal. En cuanto “al sofisma de Zapatero”, el Sr. Gutiérrez Góngora alude, al parecer, no a un sofisma, argumento aparente con el que se quiere defender algo falso, sino a la pura falsedad del presidente del Gobierno de España, convertido en un falsario químicamente puro. ¡Y tantos millones de españoles sin enterarnos! También alude el Sr. Gutiérrez Góngora al “creciente proceso de atomización política que padece España”. Lo que sucede es que tal proceso dista de ser real, al menos en la percepción de los propios españoles en cuantas consultas les hacen los institutos de opinión.

La reconciliación no se hizo en la década de 1960-1970. La selló la Constitución actual, aprobada en 1978, para lo que tuvo que morirse Franco pues con él jamás habría sido posible. La Ley de Memoria Histórica no “pretende desenterrar el pasado (la Guerra Civil)”, sino justamente lo contrario: enterrarlo como Dios manda, si es posible, de una bendita vez. “Es una idiotez”, dice el señor Gutiérrez Góngora. No, es sencillamente falso. Nadie busca culpables, ni penal ni políticamente, pero la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.

La Ley de Memoria Histórica no entra en absoluto en un juego maniqueo y los datos sobre Franco que maneja el Sr. Gutiérrez Góngora son inexactos. Veinticinco años después de su muerte, es decir, en el 2000, el Centro de Investigaciones Sociológicas –el más prestigioso instituto de opinión pública de España– halló que todos los ítemes a propósito de su inteligencia, patriotismo, sentido de la justicia, honradez, etc., eran abrumadoramente negativos, es una línea descendente que no ha cesado desde entonces. Esa es la realidad sociológica del país. La opinión de los historiadores profesionales es aún más unánime. El mencionado apoyo a Su Majestad el Rey es rigurosamente cierto, pero justo por lo contrario que hizo Franco. Hoy España es una República coronada y no una Monarquía franquista, como soñó el dictador en su fútil deseo de reinar después de morir.

Investigación y rehabilitación. La alusión al Valle de los Caídos, donde reposan los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista Falange Española, y del general Franco, tampoco es afortunada. Afirmar que ha sido “aceptado como un lugar de reposo eterno para todas las víctimas de la Guerra Civil”, es algo que habrá hecho estremecerse en sus tumbas a los cadáveres de los republicanos allí trasladados forzosamente sin la aprobación de sus familiares y sepultados por los batallones de trabajadores forzados, penados excombatientes republicanos.

Finalmente, no comentaré por razones obvias la retahíla sobre los designios ocultos del presidente del Gobierno español, dispuesto a “promover la ruptura con los elementos más fundamentales de su sociedad” lo que nos situaría, si fuera cierto, al borde de una nueva guerra civil. Habría pues que “desenmascarar” a Zapatero para impedir “la gran mentira” de que “para enterrar el pasado haya que desenterrarlo”. Pues bien, según una encuesta del Instituto Opina (2006), el 64% de los españoles (una mayoría considerablemente superior a la parlamentaria de que goza el actual Gobierno) quiere que se investigue la guerra civil y se rehabilite a las víctimas. Respecto a la Ley de Memoria Histórica, un 55% la consideraba conveniente, un 27% la rechazaba y un 18% no se pronunciaba. El pasado no se desentierra, pero a los muertos, según mandato evangélico, hay que darles cristiana sepultura. Y los humillados y ofendidos en un país democrático merecen una justa reparación. De eso se trata y de nada más.
periódico La Nación 24 febrero 2008