RESONOCO

Sergio Araya Alvarado
A lo largo de varios años, la agenda política costarricense ha sido atravesada por el tema del Tratado de Libre Comercio suscrito con el resto de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Más allá del proceso que condujo a su ratificación en la primera consulta popular celebrada en la historia del país o de lo que hoy sigue alimentando la cobertura de los medios y que se conoce como “la agenda de implementación” del citado acuerdo comercial, se hace necesaria una reflexión sobre lo que hay detrás de esta temática y que, sin lugar a dudas, marcará el rumbo de Costa Rica en las próximas décadas.

El Tratado de Libre Comercio representa un eslabón más en el proceso de transformación del modelo de desarrollo nacional, cuya génesis se remonta a la década de los 80 cuando, tras la crisis económica enfrentada por el país, se optó por encarar sus efectos con un nuevo enfoque económico y social.

Esta nueva concepción de desarrollo situó el comercio internacional como su eje articulador y al sector financiero como a su actor político más relevante.

Enmarcado en el cambio político global, donde la dimensión económico financiero comercial adquirió hegemonía en relación a las variables político ideológica y militar, dominantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la adopción de esta estrategia tuvo el suficiente asidero para convertirse en la visión oficial y única alrededor de la cual se alinearon las distintas fuerzas políticas, sociales e intelectuales existentes. Unas apoyándola y potenciándola y otras oponiéndose, pero sin disponer de una efectiva propuesta alternativa.

Dentro de los actores favorables a la nueva concepción de desarrollo figuraron los sectores económicos más poderosos, cuya riqueza acumulada al amparo del modelo anterior les daba la suficiente capacidad de maniobra para adaptarse a los nuevos desafíos y requerimientos del modelo en ciernes. Se señalan acá a los grandes exportadores agrícolas, industriales y al sector importador. A ellos se suma el sector financiero antes aludido, el cual vio consolidar su fuerza tras las reformas al sistema bancario y monetario, producidas en forma coincidente y como premisa básica, con la puesta en marcha de la nueva visión de desarrollo económico.

Este bloque se vio alimentado con una nueva clase social, conformada en su mayoría por los hijos de la tradicional clase media que, formada en el periodo de la crisis, no observó en el Estado, como sí lo hicieron sus padres, el vehículo ideal para alcanzar una movilidad social efectiva. Este nuevo grupo social está conformado por jóvenes profesionales, muchos de ellos
graduados en universidades privadas y caracterizados por su plena identificación y adherencia a los principios rectores del
nuevo esquema de desarrollo: preeminencia de lo individual sobre lo colectivo, competitividad, eficiencia, versatilidad, rapidez de respuesta, acervo de conocimientos
tecnológicos e informáticos, supremacía de la técnica y la tecnología sobre la política, búsqueda del bienestar inmediato y flexibilización de ciertos valores y principios
reguladores históricos.

Esta nueva clase media tiene como referente y objetivo por alcanzar ascender en la pirámide social a partir de su inserción en la dinámica económica actual, la cual dan por válida y única, centrando en la educación o en la capacitación las herramientas requeridas para insertarse en ella. Es esta nueva generación de costarricenses que, con su práctica cotidiana, sostiene y legitima al modelo, actúa sin saberlo como aliada del bloque social directamente beneficiado con aquel.

Las fuerzas opositoras al modelo activado 20 años atrás están integradas especialmente por representantes de la clase que adquirió fuerza y simbolismo político a la luz del Estado: burócratas, intelectuales formados en las universidades públicas y sectores productivos, pequeños y medianos, especialmente.

Más allá del debate, se sitúa un amplio sector de la sociedad, proveniente de los estratos más bajos de la población, que mantienen un nivel de pobreza y de vulnerabilidad social similar en ambos modelos.

Esto último difiere del tópico de la desigualdad social, elemento en que el país, como el resto de América Latina, sí ha experimentado durante estas dos décadas y media un aumento de la brecha entre los que más capacidad de acceso a la riqueza tienen y los que no.

En este contexto, se avecina el nuevo proceso político electoral en que ambos bloques sociales podrán reeditar, a través de los partidos políticos, un nuevo escenario de contienda de visiones de mundo.

No obstante, si por la víspera se saca el día, la lucha será un tanto desigual, por cuanto alrededor de la visión dominante se ubican más fuerzas políticas con vocación real de poder, que en torno a la posición opuesta.

Salvo el Partido Acción Ciudadana, principal estandarte de esa clase media tradicional surgida al amparo del modelo de Estado de Bienestar durante las décadas de los 50, 60 y parte de los 70 y que por muchos años fue la base electoral del Partido Liberación Nacional, no se avizora otro partido político situado en ese cuadrante del escenario político, con capacidad real de acceder a la conducción del Poder Ejecutivo. Ni el Frente Amplio, aglutinador de los sectores de izquierda existentes ni grupos con visión sectorial específica, como el PASE, poseen los recursos de poder necesarios para convertirse en alternativa real de cara a los comicios generales de 2010.

En síntesis: puede concluirse que lo que hay detrás de lo acaecido en los últimos años en el país es la ratificación de hegemonía de un nuevo modelo de desarrollo que ha logrado alcanzar sostenibilidad a partir de un elemento fundamental, pero difícilmente observable: la captación de nuevos actores/aliados, cuya aceptación plena del sistema da a este la reserva de legitimidad social necesaria para que continúe profundizándose e institucionalizándose en los siguientes años, quizás décadas.
periódico La Prensa Libre 1 marzo 2008