RESONOCO

Rodolfo Cerdas

politólogo

El proyecto de seguridad del Gobierno comete errores similares a los del abelismo con la Reforma Fiscal. Buscando una integralidad que no logra, propone reformas que mutilan derechos fundamentales. Una mezcla de temas tan variados y la pretensión de desarmar a la ciudadanía en favor de los criminales, levanta una justa oposición de miles de personas que se niegan a privarse de su derecho a tener armas para defenderse de una delincuencia que rebasa al Estado y la policía.

El proyecto olvida también el contexto político-electoral. Crear una Comisión de Seguridad no es darle al Ejecutivo un sello de hule para la aprobación de sus iniciativas. El control político es legítimo y necesario, aunque aquellos incapaces de lidiar con el disenso, vean en ello boicot y obstruccionismo. La iniciativa intenta responder a la creciente criminalidad. Pero su precipitación muestra que ni en campaña, ni en estos dos años de Gobier-no, el tema ha sido prioritario. Solamente ahora, el Ejecutivo se ocupa de él, pero con un proyecto improvisado que mutila derechos fundamentales.

Pese a la buena fe de los proponentes, es imposible no percibir una movida electoral cuando se trasladan a la Asamblea expectativas populares que no pueden satisfacerse de cualquier modo. Una propuesta así comporta agudas controversias, que retrasarán su aprobación y harán inevitable la acusación de “obstruccionismo”. Dos partidos, el Libertario y el PAC, serían las más probables víctimas de la maniobra: el Libertario porque, aunque defiende una línea dura, combatirá tenazmente aquellas normas que violen derechos ciudada-nos básicos; el PAC porque la mezcla atropellada de temas no es el enfoque integral, democrático y armónico requerido para combatir la delincuencia.

Se traslada así al Legislativo la responsabilidad de aprobar un improvisado proyecto que brinde mejores normas contra el delito. El Ejecutivo se lava las manos por sus fallas, primero otorgando una buena suma presupuestaria –asignación útil y correcta–; segundo, exigiendo a los diputados la aprobación rápida y sin cambios de la ley.

La oposición, a su vez, tendrá que combatir las falencias del proyecto aunque por ello se la acuse de boicotearlo y de agravar la inseguridad, lo cual muestra, de rebote, que el Ejecutivo repudia el control legislativo y desea una Asamblea dócil que le apruebe sus proyectos rápido y sin chistar. Por eso, más grave que la maniobra electorera es el desprestigio institucional de la Asamblea, que descubre una fuerte corriente que empuja al régimen político actual, so pretexto de eficiencia, a un bonapartismo vergonzante.
periódico La Nación 16 marzo 2008