RESONOCO

Óscar Arias Sánchez

Tenemos que fallar al mismo tiempoa favor de la libertad y de la seguridad

Presidente de la República

El pasado viernes 28 de marzo, en la inauguración del Año Judicial, quise aprovechar la experiencia de nuestros jueces en la resolución de conflictos, para plantearles la disyuntiva que implica la lucha contra la delincuencia en nuestro país. En esa disyuntiva, estos son los hechos:

kHecho. Entre 1990 y el 2006, la tasa de robo creció en un 748%, la de hurto en un 54% y la de robo de vehículos en un 37%.

kHecho. Tal como lo publicó recientemente este medio de comunicación, el 20% de la población considera que el crimen y la violencia son el principal problema del país.

kHecho. En cuatro de cada diez familias en Costa Rica, algún miembro ha sido víctima de un delito.

kHecho. Cada hogar costarricense gasta en promedio alrededor de ¢28.600 al año en seguridad.

Conflicto. Al igual que en un proceso judicial, donde figuran el demandante y el demandado, hoy tenemos que tomar estos hechos para resolver un conflicto. Por un lado tenemos al demandante, el clamor ciudadano que exige medidas urgentes e inmediatas en contra de la delincuencia. Por otro lado tenemos al demandado, un Estado con una larga tradición democrática y de respeto a los derechos humanos, una tradición que forma parte, junto con la búsqueda de la seguridad, de nuestro pacto social.

Si fallamos a favor del demandante, corremos el riesgo de edificar en Costa Rica un Estado Policía, en donde los individuos prefieran renunciar a sus libertades a cambio de seguridad.

Queda claro, entonces, que debemos fallar a favor de nuestra tradición democrática y garantista, pero ese fallo puede no ser suficiente. Si nuestros ciudadanos no perciben de parte del Estado una respuesta rápida y eficaz frente al problema de la inseguridad ciudadana, entonces su adhesión a ese Estado democrático será cada vez menor, y corremos el riesgo de que nuestra ciudadanía pierda la confianza en el Poder Judicial y acabe por tomar medidas extremas: armarse para solucionar sus conflictos, crear estructuras paraestatales de combate al crimen o, en última instancia, iniciar campañas de limpieza social. No estamos exentos de que esto suceda en Costa Rica, e incluso vemos ya algunos indicios.

Conservar nuestro Estado garantista y democrático no puede implicar la continuación de la escalada de violencia. Si no encontramos una manera de ser, a la vez, garantistas y eficientes, nuestro país terminará por alcanzar el fondo de una espiral en la que está inmerso desde hace ya varios años. Si no encontramos una manera de fallar, al mismo tiempo, a favor del demandante y del demandado, mucho me temo que este juicio acabará mal para todas las partes. En palabras del filósofo inglés Karl Popper: “Debemos prepararnos para la libertad, y no solo para la seguridad, aunque sea por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura a la seguridad ”.

Desafíos. El desafío que he planteado no es sencillo, estoy consciente de ello. Es, probablemente, la piedra filosofal del Derecho Penal y de las políticas criminales del Estado. Pero no tenemos opción. El Gobierno ha empezado a brindar sus productos en medio de esta búsqueda. Hemos creado una comisión de alto nivel integrada por autoridades políticas y judiciales, que han impulsado varias acciones en la materia.

También hemos presentado varios proyectos de ley ligados al problema de la inseguridad, entre los que figuran una reforma a la Ley de Armas y Explosivos, la Ley de Migración y Extranjería, la Ley contra la Delincuencia Organizada, y una reforma a la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Todas estas acciones van acompañadas de un Plan Nacional de Prevención de la Violencia, de un Plan Nacional sobre Drogas, de un aumento del 35% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad, y de un presupuesto extraordinario de más de ¢14.000 millones para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. La mayor iniciativa legal, sin embargo, la presentó la vicepresidenta Laura Chinchilla el pasado 11 de marzo ante la Asamblea Legislativa, y consiste en un ambicioso proyecto de ley denominado Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana.

Para nuestro país es un alivio, y un gran orgullo, que nuestros diputados y diputadas hayan alcanzado un acuerdo para conocer pronto estos proyectos de ley. Guardo la esperanza de que sean aprobados y que en su tramitación sean mejorados por las sugerencias que los costarricenses puedan realizar.

Martin Luther King dijo alguna vez: “La mayor medida de un hombre no es qué postura adopta en tiempos de conveniencia y comodidad, sino qué postura adopta en tiempos de controversia y adversidad ”.

Nuestro país debe hacer un cambio, pero tenemos que elegir con sabiduría la forma de ese cambio. Tenemos los hechos frente a los ojos, y los valores en el corazón, es hora de tomar decisiones. Es la hora de la sentencia y, como jueces, deberemos fallar al mismo tiempo a favor de la libertad y a favor de la seguridad.
periódico La Nación 2 abril 2008