RESONOCO

Erick Ulate Quesada*
concori@racsa.co.cr
Costa Rica se ha embarcado en una nueva negociación comercial que involucra, en esta ocasión, uno de los mercados más codiciados por cualquier país: la Unión Europea.

Esta negociación se emprende con la esperanza de los consumidores de que nuestros
países aprovechen la rica experiencia en defensa de la población consumidora europea que nuestros contrapartes han construido a lo largo de más de 100 años.

Esta inquietud tiene su fundamento en la pobre visión que ha desarrollado el Ministerio de Comercio Exterior en materia de negociación de acuerdos comerciales, donde el respeto de los derechos de la población consumidora ha sido constantemente marginado para dar lugar al respaldo de posiciones comerciales, en la gran mayoría de los casos fundamentada únicamente en la defensa de poderosos intereses económicos, muy alejados de las expectativas de la población en general.

Con la nueva negociación, los consumidores necesitamos que la estrategia comercial de Costa Rica no solo se limite a establecer estrategias de penetración de nuestros productos y servicios en el mercado europeo, sino que también nos permita abrir nuestro mercado, de forma que podamos acceder a la calidad de los bienes y servicios que produce esa pujante unión de países. Además, la negociación comercial debe tener como primera tarea la identificación de las principales asimetrías de los países europeos, respecto de Costa Rica en materia de protección al consumidor, ya que la legislación sobre la materia, en nuestro país, se queda muy rezagada respecto de la protección legal que tienen los consumidores europeos, donde el régimen de tutela de sus derechos sí es en verdad efectiva.

En este sentido, uno de los puntos más importantes por considerar es el urgente apoyo que necesitan las instituciones que tutelan nuestros derechos, ya que es sencillamente preocupante que, a pesar de los denodados esfuerzos de sus funcionarios y el profesionalismo de su trabajo un caso ante la Comisión Nacional del Consumidor en materia de defensa de intereses generales dure, en su procedimiento ordinario, más de tres años, para resolver en primera instancia y un plazo mucho mayor, si la empresa condenada apela la sentencia de la Comisión, todo debido a la falta crónica de recursos de esta institución tan importante para la efectiva protección de nuestros derechos.

Por último, es necesario que tanto el Ministerio de Comercio Exterior como el de Economía, Industria y Comercio realicen una labor de medición del impacto real de los acuerdos comerciales en el mercado interno, y su influencia en los consumidores, ya que el actual proceso de medición basado únicamente en la cantidad de productos y servicios costarricenses que logran ingresar a otros mercados es parcial y adecuado para reflejar lo que en realidad es el comercio exterior del país.

Esperamos que ahora sí se tomen en cuenta los intereses de los consumidores.

* Presidente
Asociación Consumidores de Costa Rica
periódico La Prensa Libre 10 abril 2008.