RESONOCO

Enrique Gomáriz Moraga | enriquegomariz@yahoo.com

Concertar algunos temas esenciales y dejar el resto al libre juego democrático

Analista político

Con oportunidad de las acciones públicas en materia de seguridad ciudadana, se está poniendo énfasis en la idea de desarrollar al respecto una política de Estado. Sin embargo, no está claro si todos entendemos lo mismo cuando se utiliza este concepto. Regularmente, se entiende como política de Estado aquella que se proyecta en el tiempo más allá del ciclo de las políticas gubernamentales, algo que desde luego es decisivo en términos estratégicos. Pero esta no es la única característica importante.

La densidad de una política de Estado también depende de si convergen en torno a ella el conjunto de los poderes del Estado o la mayoría de ellos. En materia de seguridad, siempre que se plantea esto, surge la objeción de que uno de los principales poderes públicos, el judicial, debe mantener su independencia. Esta objeción confunde la independencia con la idea de formar un espacio estanco en la estructura del Estado. Precisamente, desde una posición autónoma, el Poder Judicial puede, cuando lo estime oportuno, ir al encuentro con los otros poderes públicos. Lo que no debe permitir es cualquier intento de subordinación por parte de los otros poderes y sobre todo del Ejecutivo.

Declaración conjunta. En esta perspectiva, hay que otorgar el verdadero valor que tiene la declaración conjunta que realizaron el pasado mes de de abril los representantes de los tres poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. Se trata de un acto ejemplar en el contexto regional y particularmente en el centroamericano, donde los Poderes Ejecutivos han lanzado unilateralmente políticas de “mano dura” y luego han tratado de arrastrar al resto de los poderes públicos hacia ella. Ciertamente, la declaración de principios presentada en Heredia, requiere de acciones sustantivas consecuentes y a eso responde el proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana que se encuentra ya en la corriente legislativa.

El otro elemento que determina una política de Estado se refiere al pilar de la concertación sociopolítica. El acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición es fundamental para hacer sustentable este tipo de políticas. Constituye una quimera o un engaño hablar de cuestiones de Estado sin negociar seriamente con la oposición (algo que parece haber aprendido a la fuerza el español Rodríguez Zapatero). Desde luego, los asuntos que deben transformarse en políticas de Estado deben ser muy bien escogidos, dejando el resto como parte del compromiso electoral y el juego democrático.

En el caso de Costa Rica, además del tema de la seguridad ciudadana, un observador atento señalaría, al menos, un par de asuntos más que merecen constituirse en políticas de Estado.

En primer lugar, merece serlo algún tipo de pacto fiscal para que este país abandone su tradicional contraste: tener un gasto social por habitante como el que tiene Francia y una presión fiscal como Guatemala.

Ya se ha dicho que este Gobierno tiene una cartera de lujo en materia hacendaria. Cuando comento fuera que aquí hay un ministro de Hacienda muy riguroso con el fisco y con una alta sensibilidad social, muchos preguntan: ¿Pero existe tal bicho raro?

Pues, si existe, se llama Guillermo Zúñiga y deberían clonarlo para mayor uso en la región. Su actual política debería proyectarse en términos de pacto nacional de largo plazo.

Lucha contra la pobreza. El otro tema que debería ser política de Estado es la lucha contra la pobreza. Después de decenios de pruebas y parches, por fin una administración decidió ponerle el cascabel al gato en este ámbito: además de programas focales, se plantea acabar con el desorden heredado y establecer un modelo de gestión integrado de las políticas sociales selectivas, coordinado por una autoridad social con verdaderas competencias. Si además de programas de impacto, como los referidos a las pensiones no contributivas o como Avancemos, el Gobierno logra dejar encaminado el ordenamiento del sector, eso debería proyectarse en el futuro, para seguir rompiendo esa lámina de acero que, por décadas, situaba por debajo de la línea de pobreza al 20% de la población.

Pero establecer políticas de Estado exige amplitud de miras, precisamente cuando unos y otros comienzan a sufrir ya de nerviosismo electoral. Es difícil impulsar políticas de Estado desde actitudes soberbias o hipercríticas. Y hay que decirlo claramente: dado el espectro político en Costa Rica, una política de Estado que no se apoye en un acuerdo entre PLN y PAC nacería con un déficit de solidez y predictibilidad.

Insisto, la idea es concertar solo muy pocos temas y dejar el resto para el libre juego democrático, logrando así alcanzar estrategias nacionales de largo plazo, al mismo tiempo que se evita la percepción de que todos los políticos son lo mismo.
periódico La Nación 1 junio 2008.