RESONOCO

Erick Ulate Quesada*
Los costarricenses hemos sido azotados por un alza sin precedentes en el costo de la vida. Los servicios de la gasolina, el gas, los buses, taxis y electricidad se han unido a los aumentos en la leche y los frijoles, así como el anuncio del incremento en los huevos y el arroz.

El contexto actual no podría ser más sombrío para la población consumidora, incluso sin entrar a regir el último aumento en los combustibles, ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos comunicó una nueva petición de incremento de tarifas solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Ante esta ola de alzas en bienes y servicios, el Gobierno de la República debe tomar medidas urgentes que permitan a la población salir a flote en cuanto a su economía familiar se refiere y evitar que más costarricenses caigan en el abismo de la pobreza, con el impacto que ello supone para la economía del país.

En este sentido, el principal disparador del costo de la vida ha sido el alza incontrolable del precio de los combustibles.

Luego de la aprobación del nuevo modelo tarifario en materia de combustibles, llevada a cabo por la Aresep el año anterior, el precio del diésel dejó de ser subsidiado por las gasolinas, iniciando una tendencia alcista en su tarifa, que ha disparado el costo de las actividades que utilizan este combustible como fuente principal de energía, tal el caso de los productores agrícolas, el servicio de autobuses y la energía eléctrica, que quema diésel para impulsar las plantas generadoras.

Tal situación demuestra que las advertencias hechas por Consumidores de Costa Rica a la Aresep en el momento de discutir el nuevo modelo tarifario eran acertadas y que hoy los costarricenses sufrimos las consecuencias de las ocurrencias de los técnicos de La Sabana.

A pesar de lo anterior, no se puede achacar toda la responsabilidad de esta situación al ente regulador. Previendo el impacto que tiene el precio de los combustibles en el costo de la vida, Consumidores de Costa Rica presentó hace más de tres años el proyecto de Modificación al artículo 1º de la ley 8.114, de Simplificación y Eficiencia Tributarias, que se tramitó bajo el expediente 16.050, cuyo objetivo fue eliminar el impuesto a los combustibles, mediante un sencillo procedimiento al servicio público de buses y ferries, de tal forma que las tarifas se vieran menos afectadas por el cambio en el precio del petróleo. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos rechazaron el proyecto argumentando la caída de beneficios económicos para el Estado por encima del interés de la población.

Ahora, la eliminación del impuesto a los combustibles, para todos los sectores, se hace una necesidad imperiosa, ya que el peso de esta carga afecta seriamente la producción de alimentos y electricidad, el transporte público y privado, y lo que es más importante, su impacto se siente con mayor fuerza en los sectores económicamente más débiles de la población, que ven muy limitadas sus posibilidades de consumo.

*Presidente Consumidores de Costa Rica

periódico La Prensa Libre 6 mayo 2008.