RESONOCO

Alex Solís
El ejercicio del poder es más que un asunto de carisma o liderazgo. El poder tiene que producir cosas nuevas, por tanto, tiene que estar orientado por una visión. Si un líder –entiéndase también un gobierno– carece de una meta, o teniéndola, no tiene la voluntad para llevarla a cabo, será un líder o un gobierno sin rumbo, estéril como un cuerpo sin alma.

Planteo lo anterior, a propósito de lo expuesto por Hannia Vega, la viceministra de Planificación, el pasado 22 de mayo en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Por primera vez, escucho que alguien proveniente de la Administración Pública tenga claridad tanto respecto de la importancia de planificar como de la necesidad de una firme voluntad política para convertir la planificación y la evaluación en herramientas de gobierno.

En dicha exposición, se reconoce que en una democracia constitucional como la costarricense, los ciudadanos, los funcionarios y los jerarcas requieren conocer a cada instante que se hace con el poder y el patrimonio público que el pueblo les confía. Asimismo que no se gobierna para cualquier fin, ni de cualquier forma.

En efecto, en una democracia todas las políticas públicas tienen que estar encauzadas hacia el bienestar general. Cualquier acto que se ejecute en sentido contrario transgrede ese compromiso ético con la voluntad soberana. Lo mismo ocurre con el dinero de los contribuyentes: se debe invertir eficientemente. Pues bien, para ello se requiere planificar. Esto significa, definir qué se quiere, con qué recursos se cuenta, las acciones que hay que llevar a cabo, en qué tiempo, los responsables y un sistema de evaluación permanente, que permita determinar los avances, así como introducir las medidas correctivas, cuando sea necesario.

Por cierto, esto último, es difícil de lograr. Culturalmente, somos muy reacios a aceptar que las cosas no marchan bien y que se debe rectificar. De ahí que, el control interno es una práctica normalmente relegada a un segundo plano por los jerarcas de las instituciones públicas. Hay que comprender que la planificación lejos de constituir un fin en sí mismo, que interfiera con el accionar de las organizaciones, es más bien un medio eficaz para el logro de los objetivos propuestos y la protección del patrimonio público.

Esta concepción convierte a los administradores en los principales controladores del funcionamiento del sistema, en la medida en que los obliga a fiscalizar el cumplimiento de las metas propuestas, a qué costo y si es necesario ajustar las decisiones y los procesos de ejecución. Significa invertir la lógica con la que se ha venido actuando en el país: evaluar y controlar al final, cuando ya no se puede hacer nada o muy poco para revertir los procesos.

La planificación, además, permite rendir cuentas a los ciudadanos de manera responsable. Solo donde se ha definido qué se quiere, es posible producir información oportuna y adecuada para que los ciudadanos se enteren de: cuáles son los objetivos del gobierno; los recursos con qué se cuenta, los beneficiarios de las políticas públicas; las metas a mediano y largo plazo; los funcionarios responsables de su ejecución y los instrumentos de control y evaluación. Para rendir cuentas en serio se requiere de un parámetro de comparación, el cual, solo puede suministrar la planificación.

De conformidad con lo anterior, la planificación, la evaluación y la rendición de cuentas deberían constituir los retos más importantes de todo gobierno que aspire a ser bueno. Si la ilusión de ejercer el poder es para alcanzar una meta, necesariamente hay que definir una estrategia para lograrlo, es decir hay que controlar que los administradores ejecuten lo planificado.
Diario Extra 11 junio 2008.