RESONOCO

Gerardo Castillo Martínez *
Los altos precios de los granos han puesto en la picota de la discusión mundial el fracaso de la teoría de las ventajas comparativas, promovida por la escuela clásica y neoclásica de la economía. Según esta postura, si un país X es más eficiente en la producción de determinado bien, los otros países que también lo producen, pero a un costo mayor, deben comprarle a X todos los suministros que necesitan para abastecer el mercado interno, con el fin de beneficiar a los consumidores dados los menores precios con que serán adquiridos, a la vez que desincentivan la provisión local de ese bien.

También, esa teoría cree ciegamente en el libre comercio, en la igualdad de cada uno de los actores que concurren al mercado y la no intervención del Estado en la economía. Lo que se les “olvidó” decir a esta teoría y a sus defensores es que no se hacían responsables por el desempleo y por la pérdida del poder de compra de los productores “ineficientes” en las naciones que adhirieron a ese postulado y que quedarían al desamparo (no tomaron en cuenta que éstos se alimentan y que necesitan del trabajo que se les quitó para poder hacerlo), y “omitió” mencionar que los precios internacionales no se mantendrían siempre bajos en comparación con el costo local de producirlos.

Este fue el marco ideológico y político que primó en Costa Rica de principios y mediados de la década de los 80’s para justificar el desestímulo a la producción de granos básicos y el fin de los subsidios a los consumidores, consecuencia de los convenios de ajuste estructural y de estabilización económica con el BM, el FMI y la AID, a través de los cuales, y secundados por las instituciones que dieron el “ejecútese” a lo acordado en ellos (los ministerios de Economía, Agricultura, Hacienda, además del CNP y los bancos públicos), se bajaron los aranceles a la importación de granos, se disminuyó el crédito y se endureció su acceso a los pequeños y medianos agricultores, se eliminaron los precios de sustentación, no se comercializó más la producción granelera, la asistencia técnica (semillas, fertilizantes, capacitación) decayó, el apoyo al CNP se restringió y los expendios (los famosos “estancos”) cerraron.

Esas instituciones financieras y los gobiernos de turno (Administraciones Monge, Arias y los que siguieron) dijeron que esos acuerdos eran imprescindibles para procurarle ahorro al país (no tener que invertir en el área de granos básicos por lo caro de producirlos y comprar barato en el exterior); reasumir el pago de la deuda externa (mediante la exportación de productos agrícolas novedosos bajo el Programa de “Agricultura de Cambio”); la nueva especialización internacional del país (en la que los granos básicos no tendrían cabida), incluyendo el cambio de rumbo del CNP.

Pero los resultados fueron muy distintos a esa retórica: los precios de importación subieron, el mercado interno fue inundado con granos de Estados Unidos, los consumidores y la industria no se vieron beneficiados con los alimentos e insumos baratos prometidos y la sobreoferta de los nuevos productos agrícolas de exportación en el mundo se trajeron abajo las expectativas de buenos precios con cuyos ingresos el país le haría frente al pago de la deuda externa.

Efecto de esta apuesta en la magia del mercado es que al día de hoy el arroz, los frijoles y el maíz blanco solamente representan el 48%, el 25% y otro 25% más de la demanda nacional, respectivamente. Hoy el Gobierno habla de llevar el consumo del arroz al 80% en dos años y el de los otros granos al 70% en tres años, y para ello ha pensado en desarrollar líneas de crédito, pólizas de cosechas, mejoramiento de caminos, tecnologías, nuevas variedades, semillas mejoradas, e integración de campesinos de los asentamientos del IDA. No forman parte de esas medidas la reorientación del CNP a su papel de fomentador de la producción y estabilizador de los precios -¡El mercado es el que debe asignar los recursos y no el Estado!, dicen los economistas clásicos criollos-, ni el diseño de una política pública de autosuficiencia alimentaria, como la practicada en los 50’s, 60’s y 70’s, con miras a que el país tenga soberanía en la materia y no se preste al chantaje de los proveedores externos.

Sin admitirlo explícitamente, hoy día el FMI y el BM reconocen el error -doctrinario también, diría yo- de haber provocado el desabastecimiento granelero interno en cuantos países promovieron la liberalización de la importación de alimentos y el debilitamiento de la producción local. El primero afirma: “los Gobiernos deben intervenir en forma ‘urgente’ para evitar que la crisis hunda aún más en la pobreza a 100 millones de personas”, y el segundo asevera: “Si los precios de los alimentos siguen el camino que llevan hoy, las consecuencias serán terribles... Un mea culpa humilde y oportuno, que los discípulos locales deberían emular. ¡Es hora de volver los ojos al CNP! ¡Hay que revivirlo!

* Politólogo y Administrador
periódico La Prensa Libre 20 mayo 2008.