RESONOCO

Jorge Vargas Cullel | jovargas@nacion.co.cr.

Politólogo

Desde hace varios años, la política en Costa Rica es cada vez más un asunto de abogados. El mejor golpe político no es ganar una elección, sino un caso judicial. Lo primero que discutimos es si tal o cual cosa viola un derecho, si un procedimiento ha sido trasgredido (en cuyo caso hay que desandar lo andado) o si mi derecho vale más que el derecho ajeno. Cuando las cosas son así, lo que uno necesita son abogados capaces de plantear un caso o de atacarlo y jueces que fallen sobre la materia. Salen sobrando cosas que antes eran esenciales como políticos, partidos y organizaciones sociales.

Varios de los asuntos más importantes han sido discutidos (y decididos) por medio de la interpretación de la ley. La reelección presidencial se resolvió en una corte. Buena parte de la discusión del TLC fue la polémica sobre su constitucionalidad. Cualquiera se trae abajo una ley o política pública con una resolución judicial favorable. Hace rato que los diputados no van ni al baño sin antes pedir permiso a la Sala IV. En este contexto, vale más un buen abogado que un millón de votos: aunque cobre caro, sale más barato y fácil pagar sus honorarios que sudar la chaqueta en una campaña electoral o armando mayorías parlamentarias.

Los derechos son indispensables en una democracia. Constituyen la garantía de nuestras libertades y las armas para influir sobre Gobiernos y políticas. Hoy, la Constitución Política tiene una materialidad que antes no tenía, gracias al acceso ciudadano a la Sala IV. Las instituciones del Estado de derecho hacen posible que las autoridades deban respetar la ley, aunque nos les guste. ¡Fantástico!

La política, sin embargo, es mucho más que una discusión de derechos y procedimientos. Cobija dimensiones éticas, ideológicas y económicas que solo pobremente quedan expresadas en una discusión legal. En la política hay que transar intereses y buscar equilibrios; a veces hay que aceptar un mal arreglo y no un buen pleito. Pero, cuando todo queda reducido a una discusión legal, las personas no negocian nada. Yo no tengo un medio derecho al sufragio, un caso lo gano o lo pierdo.

La judicialización de la política puede empobrecer la deliberación democrática y distorsionar el principio de representación popular. El peligro es que coloca a los tribunales de justicia en una función imposible, para la que no fueron creados: decidir hacia dónde va el país. En este tinglado, los políticos quedan como los tinterillos de antes, preparando casos para los abogados. El riesgo es que un día se les endose a los jueces la culpa de los males del país y, entonces, se genere un peligroso escenario inverso: la política sin límites legales.
periódico La Nación 7 agosto 2008.