RESONOCO

Johnny Meoño Segura

Politólogo y administrador público

El asunto de las consultorías del Gobierno con el BCIE, destapado por La Nación , ha desatado múltiples reacciones, muchas de las cuales no parecen reconocer el particular o bizarro contexto público y político criollo en que ello ocurre.

Preguntas. Hay preguntas esenciales que no se han hecho todavía, y que han de interesar, al menos, a la Contraloría de la República: las consultorías específicas para la asesoría superior en toma de decisiones, gobernabilidad y reforma del Estado ¿se estarán dando por tantos consultores –muchos sin experiencia o formación sobre el fenómeno público nacional– bajo un mismo marco conceptual como para que sus análisis se agreguen hacia una comprensión integral y unitaria de dichos temas?

Visión integral. Que no pase como en Ambiente, donde una ley de biodiversidad, más otra forestal, otra de agua, otra de suelos, otra de áreas de conservación, etc., nunca producirán, aplicadas unilateral y parcialmente como ha sido, una visión integral ambiental como sí la da la excelente Ley Orgánica del Ambiente, ejecutada tan desdeñosamente por los Gobiernos desde su promulgación en 1995.

O en pobreza, donde lo que hace el IMAS, más lo que hace el PANI, más lo que hacen el Ministerio de Salud, MEP, INA, Fodesaf, Inamu, etc., de ninguna manera permiten per se una lucha efectiva contra la pobreza como la configurada con absoluta claridad y contundencia –sí, señores– en el Código de Niñez y Adolescencia, olvidado e incumplido por el órgano rector político del sector, o sea, Presidente y Ministro de Lucha contra la Pobreza (aquí, más bien, se ha delegado en una Viceministra un liderazgo político que es exclusivo de aquellos).

¿Otro ejemplo? Lo que hacen individualmente el MAG, más el CNP, más el IDA, más Senara, más el INTA, etc., jamás producirá una acción integrada en desarrollo agropecuario como la que sustenta y permite desde 1987 la también, y para variar, incumplida Ley Fodea.

Leyes superiores. Todo lo hacemos a contrapelo de diversas normas y leyes superiores que sí permiten hacerlo todo bien. Los expertos contratados con esos fondos del BCIE y Taiwán ¿conocerán a fondo estos factores normativos e institucionales para asesorar y movilizar al Gobierno para ganar esas “luchas”, tal como Mideplan, solito, debía hacerlo, pero obviamente no lo hace, y por ello se recurre a tantas inteligencias externas?

Ni siquiera la esencial Ley No. 8220 de simplificación de trámites del 2002 ha suscitado el mínimo interés de Mideplan –o de la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y los partidos de oposición para exigirla–, a sabiendas de cómo se dinamizaría con ello la gestión pública, pues se corregirían tantas regulaciones y malas prácticas que generan tantas quejas de los ciudadanos y tanto dispendio del multimillonario gasto público.

Una intensa pero simple reforma, hoy, de actitudes y prácticas políticas y administrativas produciría mañana procesos más transparentes y eficaces del Estado.

Debe entenderse por qué dos más dos nunca serán cuatro en un contexto institucional en el que, si bien impera el oscurantismo de muchas malas leyes y reglamentos, existe una normatividad superior que sí permite por sobre aquellas el pleno desarrollo del país, si solo se la ejercitara con conocimiento y responsabilidad.

Sin entender esta particular aritmética político-administrativa costarricense, nunca estaremos en condiciones de enmendar los vicios políticos que nos han impedido dar ese salto mayor al mundo desarrollado de naciones, desde 1949 con la Constitución, desde 1974 con la Ley de Planificación Nacional, desde 1978 con el régimen de dirección interorgánica en la Ley General de la Administración Pública y desde el 2001 con la Ley No. 8131 de presupuestos públicos (pero todas ellas articulada o conexivamente entendidas y administradas).

La Contraloría General de la República debería indagar, entre otras cosas, si esta pléyade de asesores ha contribuido a aclarar este panorama normativo-funcional, de cara al decreto de sectores No. 33151-MP del 8/5/06 recién ajustado, el cual comprometió una “mejor Administración Pública” que, francamente, no parece estarse logrando.

¿Importará este asuntito en Cuesta de Moras? Tantos legisladores, por desgracia, dan la impresión de ser víctimas del extraño pero epidémico síndrome 2+2 son 4, el cual impide ejercitar un efectivo y contundente “control político” sobre el Gobierno.
periódico La Nación 7 agosto 2008.