RESONOCO

Indignados por las manifestaciones realizadas por un ex presidente de la República, procesado ante los tribunales penales, en contra de algunos de los principales juristas del país, las personas abajo firmantes nos vemos en la obligación de elevar nuestra voz, no solo en defensa de los magistrados Arroyo, Cruz y del Fiscal General de la República, sino de la independencia del Poder Judicial, como garantía indispensable de un sistema democrático, y de la función republicana de los jueces cuando imparten justicia.

Bajo el título “Fe en el Poder Judicial”, el ex presidente Rafael Ángel Calderón lanza una serie de cuestionamientos infundados, ante las responsabilidades por el inminente juicio que le obligará a comparecer ante las autoridades jurisdiccionales.

Establece una diferencia entre lo que llama jueces y juezas probos, que entiende como aquellos que han “ratificado mi inocencia”, y otros que le preocupan y que son quienes “casualmente” han sido hostigados con comunicaciones anónimas y difamatorias, que el ex presidente no censura, como ocurre con el caso del magistrado José Manuel Arroyo, Presidente de la Sala Penal, quien además ha tenido que aceptar una custodia. O reclama que el magistrado Fernando Cruz, un intelectual intachable, haya sido honrado con el premio que otorga el Consejo Fiscal, en reconocimiento de su trayectoria histórica en esta función.

Al ex presidente Calderón le preocupa también el Fiscal General Francisco Dall´Anese, quien es el director de la institución a cargo de la acusación. Es normal, los hechos denunciados son muy graves. Todos estamos preocupados. Pero a diferencia del ex presidente, nosotros sabemos que a pesar del hecho de que no todo es perfecto en el Poder Judicial, y que entre fiscales y jueces (que en Costa Rica trabajan bajo el mismo techo) existan vínculos de amistad y de respeto académico, lo anterior no significa que estos y estas costarricenses se callen o actúen bajo el miedo. Y estamos seguros que le garantizarán un juicio justo.

En la difícil situación que vive Costa Rica, exigimos responsabilidad de quienes han ocupado lo más altos cargos públicos, que los políticos hablen con humildad y estén dispuestos –cuando corresponda- también a pedir perdón.

En la compleja coyuntura que vive nuestro país, no podemos permanecer indiferentes. No es posible seguir tolerando dos acciones y tendencias de nuestra clase política, las cuales peligrosamente emergen en los últimos tiempos. La primera consiste en influir en nuestros tribunales de justicia y nuestras más altas magistraturas para jusitificar y legalizar las ambiciones de los grupos de interés que tienen secuestrados a los partidos políticos. La segunda, intentar amedrentar o socavar el prestigio de los jueces o magistrados independientes que se oponen a sus intereses, con el objeto de tratar de exonerar la responsabilidad política, civil o penal por los errores que hayan cometido.

Ciudadanos y ciudadanas por la Justicia: Carmen Eugenia Aguilar Mora, Irma Arguedas Negrini, Laura I. Chacón Echeverría, M. Gabriela D´Arsié Tonon, Gonzalo Elizondo Breedy, Jaime Ordóñez, Rosario Fernández Vindas, José M. Gutiérrez Gutiérrez, Rodolfo Montero Pacheco.
Suplemento Página Abierta. Diario Extra 2 setiembre 2008