RESONOCO

Johnny Meoño Segura

Aquí no se está haciendo nada para confrontar, en sus raíces, vicios recurrentes
Politólogo y administrador público

Los muchos incumplimientos legales y la infinidad de notorias prácticas improvisadas en que incurren jerarcas políticos e inclusive buenos funcionarios en San José y en las regiones, en especial en el ámbito de municipalidades, han llevado a una viciada gestión institucional con logros a medias y a modalidades atroces de corrupción que en conjunto impiden al país saltar al tan ansiado “Primer Mundo”.

Ha sido así hasta ahora y lo seguirá siendo hasta el fin de los siglos, pues aquí no se está haciendo nada para confrontar, en sus raíces, esos vicios recurrentes. Nada. A las pruebas me remito.

Notas negras.

1. El actual Gobierno incurrió en el 2006 en el insensato error de desmantelar los “consejos regionales de desarrollo” –luego restituyeron dos, pero no como estrategia de planificación– y las oficinas regionales de Mideplan. El risible argumento: ahorrar 400 pinches millones anuales. No importó que el multimillonario gasto restante siguiera ejecutándose en cada región al tarantantán, sin solucionar ninguno de los problemas que han justificado la existencia del Estado.

2. Renuncia Zumbado y el Presidente recarga la “rectoría del sector social” a la ministra de Salud cuando, por competencia legal y vocación –o sea, sin amiguismos–, tal rectoría le corresponde al ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ni siquiera el presidente Arias tiene derecho a tanta arbitrariedad; peor, si copia lo malo hecho por el presidente anterior. Sin embargo, nadie cercano parece asesorarlo o confrontarlo con conocimiento y valor. Tales bagatelas, por otro lado, no son aún de interés mediático ni de analistas.

Sostengo con profunda convicción que la Contraloría de la República, solita, puede hacer mucho más en estos campos. En el 2005 llené el extenso cuestionario de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa cuando fui candidato a contralor de la República, y, entre muchas cosas, propuse desconcentrar la Contraloría en cada región con miras a asumir un tipo de fiscalización de nuevo cuño para monitorear con oportunidad y mucho mejor conocimiento, in situ, el impacto real del gasto público sobre las poblaciones así como indagar las súbitas riquezas patrimoniales y comportamientos anómalos de funcionarios regionales y municipales.

Regionalizar instituciones. Lo anterior, sin embargo, fue una razonable recuperación de otra iniciativa desde la entonces Ofiplan en 1976, cuando el actual presidente era ministro de Planificación, y seriamente pensé que creía en eso: regionalizar el país y las instituciones para acometer los procesos de cambio socioeconómico con mayor integralidad, agresividad, proximidad y participación social. La Contraloría debió haberse desconcentrado también para acrecentar su labor fiscalizadora y ayudar a focalizar mucho mejor el esfuerzo gubernativo, pero no lo hizo.

Sostengo con convicción y mucho fundamento que dicha Contraloría puede todavía contribuir más a confrontar la desidia, chambonería y falta de real transparencia que bloquean el desarrollo del país desde los más altos niveles gubernativos hasta las ventanillas de atención al usuario, y las diversas modalidades de corrupción que ello estimula, si solo acabara de entender y aplicar el rico marco conceptual y metodológico nacional –ausente en textos foráneos– sobre dirección, planificación, control y evaluación por sectores y regiones, incluido su propio liderazgo sobre las auditorias internas en redes sectoriales y regionales.

Ello mejoraría geométricamente su eficacia fiscalizadora sobre la entrega cara a cara al habitante de los muy diversos servicios y regulaciones por parte de ese rompecabezas de instituciones nacionales y municipales.

Tenemos el genuino derecho de esperar que todos –aunque sea por mera obligación legal– hagan lo correcto para mejorar este enredo de país producto del enredo de institucionalidad provocado desvergonzadamente por nosotros mismos. Es de rigor hacerlo constar a mitad de una Administración que prometió sentar las bases para una Costa Rica desarrollada dentro de veinte años… igual que lo prometió hace veinte años.

Este asunto desvela a muchos costarricenses, y por ello insisto en que, mientras perdure nuestro sistema político centralista, al toro –jineteado hoy por un premio Nobel– hay que agarrarlo por los cuernos. Ni oposición legislativa ni medios de comunicación –excelentes algunos en indagaciones sobre errores “micro”– ni grupos ni Sala IV han mostrado o “querido poder”. Ni la Defensoría de los Habitantes pues ha mostrado total desprecio por estos fenómenos. La Contraloría es el único y último bastión que puede hincar a los “Gobiernos” para que gobiernen como deben. ¿Qué pensarán allí?
periódico La Nación 10 setiembre 2008.