RESONOCO

Francisco Barahona R.
El juzgamiento de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (genocidio), se han convertido en el máximo logro histórico de la doctrina de los Derechos Humanos que parió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana: ellos fueron conquistas necesarias de la hecatombe que significó la segunda guerra mundial y todos sus excesos, incluyendo el Holocausto del pueblo judío y la convicción para todos, realistas o utópicos que para evitar una tercera y última guerra planetaria, era esencial crear una nueva conciencia y cultura mundial sobre la dignidad de las personas, la defensa de sus vidas y la promoción de otros derechos fundamentales como el de la igualdad, la libertad, la solidaridad , la justicia y la paz.

Al crearse la Corte Penal Internacional (CPI) en la conferencia de Roma en 1992 y entrar en vigencia en el 2002, se alcanza el objetivo de millones de personas que ansiaban desde hacía mucho tiempo, el establecimiento de una instancia internacional donde fueran a parar los grandes criminales, responsables de numerosas atrocidades que hasta ese momento no podían ser juzgados, salvo los casos muy notables de militares y o políticos alemanes y japoneses vencidos, responsables de crímenes sucedidos en la segunda guerra mundial, o las atrocidades cometidas en la guerra de la ex Yugoslavia o en África.

Todo esto viene a cuento precisamente por que no todos los países miembros de las Naciones Unidas, ratificaron el estatuto que creó la CPI y hoy, no solo las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, no la han ratificado, por evidentes razones de egoísmo, impunidad y mantenimiento de sus políticas de intervención militar y dominio regional o mundial, sino otros pequeños países como es el caso en Centroamérica como Nicaragua, Guatemala y El Salvador, cada uno por razones propias, pero también, dos de ellos por mantener lazos muy estrechos y dudosos con la potencia hegemónica del norte.

Costa Rica sí lo ha hecho siendo uno de los impulsores iniciales en el establecimiento de la CPI, en acuerdo con su política histórica de fortalecer el Derecho Internacional y la promoción de los derechos humanos. Pues bien, hoy frente a las negociaciones con la Unión Europea para suscribir un acuerdo de libre comercio, sus autoridades consideran como una condición política esencial, el que Centroamérica como un todo, se adhiera plenamente a la CPI y en eso están las discusiones planteadas en este momento, con la reticencia de esos tres países a dar el paso al frente, cumpliendo, en mi criterio, con una obligación ética
planetaria.
periódico LA Prensa Libre 29 enero 2009.