Columna Enfoque
Jorge Vargas Cullell | jovargas@nacion.co.cr.
Politólogo
A como Varguitas lo ve, esta es la situación: (a) el Gobierno presenta el Plan Escudo contra la crisis; (b) diversos sectores celebran que finalmente haga algo; (c) aunque nadie rebate las medidas de mitigación social para los pobres, todo el mundo encuentra insuficiente el plan, o hasta peligroso, por muy variadas y opuestas razones; (d) cada sector tiene dos listas: la de las medidas necesarias que no están en el Plan, y la de los vetos a cosas que sí están; (e) aunque todos hablen de unidad nacional, ningún presidenciable tiene incentivos para aceptar un pacto que limite su margen de acción si llega al Gobierno.
¿Cuál es el resultado más probable de esta situación? Hasta el soplas de Vargas, quien no tiene los poderes del profesor Khayam (que todo lo ve y todo lo cura), entiende que la versión 1.0 del Plan Escudo ya no voló: por sus propios defectos, por el método político seguido y por el contexto en que fue parido. Si no se hace algo, en vez de que el Plan convoque a un diálogo y acuerdos sobre la prevención y mitigación de la crisis, pronto tendremos el consabido pleito de las acusaciones sobre motivos y culpas.
Ese bolero ya lo conozco. La última vez que, frente a una severa crisis, el sistema político dejó pasar un tiempo precioso fue hace treinta años, entre 1979 y 1981. Entonces se juntaron el hambre con las ganas de comer: un Ejecutivo sin apoyo legislativo, un Gobierno errático y una oposición que jugó a agudizar las contradicciones por cálculo electoral. Y así nos fue: la estabilización vino cuando ya se había pagado un alto precio económico y social.
Es más importante asegurarnos una versión 2.0 del Plan Escudo, a más tardar a mediados de año y con una amplia legitimidad política, que regodearnos con las insuficiencias de la versión 1.0. Peor que ese plan es tener las manos vacías. El Gobierno hará lo que le dé la gana, pero, solito, no llega a ninguna parte y le heredará un tanate al que sigue. ¿Qué hacer?: (a) aplicar inmediatamente las medidas de mitigación no controversiales, pero no el resto del Plan (muestra de buena voluntad); (b) diseñar un método express de consulta social y política para que la versión 2.0 exprese un amplio acuerdo social sobre los objetivos concretos del Plan; (c) nombrar una comisión técnica plural, aceptable para las partes, encargada de proponer medidas específicas; (d) crear un mecanismo de revisión periódica para conocer efectos y hacer ajustes.
Debemos entender que, más que un texto con un paquete de medidas, el plan anti-crisis es un proceso político en el cual la distribución propuesta de beneficios y sacrificios esté clara y tenga un amplio respaldo social. Mejor, prevenir que lamentar.
periódico La Nación 5 febrero 2009.

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